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Que no liquiden la EPS Saludvida pide La Procuraduría

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La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud suspender los procedimientos administrativos, actos y contratos del proceso de liquidación que se adelanta contra la EPS Saludvida.

De acuerdo con la entidad, la solicitud la adelantó la procuradora delegada Gloria Yaneth Quintero en aras de salvaguardar el ordenamiento jurídico.

Con esta acción se pone en riesgo el traslado de los más de un millón 141 mil afiliados de la EPS Saludvida, quienes ya estaban siendo reubicados a otras entidades por parte del Ministerio de Salud, desde el primero de diciembre.

La Procuraduría establece que el superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, debe dar cumplimiento a las acciones judiciales que se han registrado en este proceso.

“El Superintendente Nacional de Salud tiene el deber funcional de cumplir con la orden impartida por el juez de tutela el 22 de octubre de 2019, radicada en el fallo de primera instancia emitido el 14 de noviembre de la misma anualidad, siendo menester recordar que todo servidor público está en la obligación de cumplir las decisiones judiciales”, subraya uno de los apartes del documento de la Procuraduría.

El texto también señala que “se allegaron elementos probatorios según los cuales con posterioridad a la adopción de la medida provisional dentro de la acción de tutela se tomaron acciones que no estaban definidas».

En ese mismo sentido, la Procuraduría señaló que “Dario Laguado ha suscrito documentos en calidad de liquidador de Saludvida S.A. en liquidación, ejemplo las resoluciones de despido sin justa causa y oficios de terminación de contrato de trabajo sin justa causa, no obstante que los efectos de de la resolución del proceso de liquidación se encuentran suspendidos”, señala el documento.

Acciones judiciales

Tras resolver una acción de tutela, el juzgado primero civil de Valledupar ordenó congelar la liquidación de la EPS Saludvida.

En la decisión judicial se manifiesta que se debe proteger la integridad de los usuarios de esa EPS mientras se define un plan claro para realizar su respectivo traslado.

El despacho tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los casi 1,1 millones usuarios, indicando que es necesario garantizar la prestación del servicio mientras se realizan los trámites necesarios.

En el fallo se advierte que es «de vital importancia» que se siga prestando el servicio para proteger los derechos tutelados «que requieren de manera urgente y permanente sin la negativa por parte de las IPS y EPS donde es atendido cada uno de los pacientes». 

El pasado 15 de octubre, la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de esta EPS por las constantes y graves fallas en la prestación del servicio, así como los balances que reflejaban una insostenibilidad financiera.  

El fallo judicial tuvo en cuenta los antecedentes y las situaciones que se han presentado con los usuarios de otras EPS que han sido liquidadas en los últimos años en Colombia.

En esa decisión se ordenó la ocupación de bienes y haberes y la intervención forzosa para liquidar a la Entidad Promotora de Salud Saludvida S.A.

En su momento, el superintendencia de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, señaló que esta intervención se realizó después de comprobar que nunca se mejoró la prestación del servicio.

“Luego del seguimiento realizado al plan de mejoramiento, plazos otorgados y otras actuaciones administrativas desplegadas por parte del ente de control para que la EPS subsanara las causales que originaron la medida preventiva de vigilancia especial, Salud Vida no mejoró. Por el contrario, ha incrementado su deterioro poniendo en riesgo la salud y la vida de la población afiliada, y los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, indicó Aristizábal.

 

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Peligroso criminal que asesinó a mujer embarazada en Tame fue recapturado en Bogotá

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LaPrensaAraucana. En la ciudad de Bogotá fue recapturado el peligroso delincuente venezolano Jesús Enrique Arias Ayala quien se había escapado de la estación de Policía del municipio de Tame el pasado mes de marzo.

Este homicida había sido capturado por la propia comunidad luego de haber asesinado en una finca de la vereda El Jobal del municipio de Tame a la señora Lina Pinto quien se encontraba en estado de embarazo de un niño, ya contaba con seis meses de gestación al momento de su asesinato.

El criminal también secuestró a una niña de ocho años e intentó asesinar al señor Oswaldo Parada esposo de la víctima a quien le propinó un disparo en la columna y lo arrastró con un tractor para desaparecer los cuerpos de la mujer y de su marido creyéndolos muertos.

La menor se le escapó y aviso a los vecinos quienes iniciaron la búsqueda hasta lograr atraparlo, aunque algunos pidieron que lo ajusticiaran las personas decidieron entregarlo a las autoridades quienes lo mantuvieron recluido en la estación de Policía, pero el delincuente se les escapó.

Está acusado de Homicidio Agravado en concurso homogéneo con grado de tentativa y concurso heterogéneo con aborto sin consentimiento, porte y tenencias de armas de fuego accesorios y municiones.

Fue en la ciudad e Bogotá donde la Policía Metropolitana logró recapturarlo el pasado cuatro de agosto según se conoció en algunas imágenes emitidas en redes sociales, hasta el momento las autoridades en el departamento de Arauca no se han pronunciado sobre este hecho.

La familia de las víctimas han insistido en que no permitan que este terrible hecho quede en la impunidad.

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Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño

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Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño que obliga a las entidades a contar con servicio de Intérprete para personas sordas.

Desde hace un poco más de dos años, el Senador, José Vicente Carreño Castro viene trabajando en la modificación del artículo 8 de la ley 982 del 2005 que señala que: «Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas.»

En la modificación el autor del proyecto, busca darle obligatoriedad a las entidades públicas, para garantizar que sus funcionarios sordos o sordociegos estén acompañados de un guía intérprete. El proyecto está dirigido a todas aquellas instituciones públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, además que el servicio se ejecute, tanto de forma presencial, como virtual.

Proyecto que fue aprobado en el Senado de la República pasando a sanción presidencial, Proyecto de ley para que “DE MANERA PAULATINA Y A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025”, las entidades públicas implementen el servicio de intérprete y guía intérprete para personas sordas y sordo-ciegas.

La iniciativa legislativa establece también un trabajo conjunto “con el Instituto Nacional para Sordos INSOR del Ministerio de Igualdad y Equidad y con el acompañamiento de las federaciones y las asociaciones legalmente constituidas de personas sordas y/o de intérpretes del LSC del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local”, y cuando se requiera, dentro de su competencia, el acompañamiento técnico del Ministerio de las TIC, concluye la conciliación.

Hoy las personas con limitaciones auditivas y visuales, contarán con una verdadera Inclusión social.

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Cae banda dadicada a robar camionetas de alta gama

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En una operación que duró cerca de 3 meses en seguimientos en las localidades de Engativa, Suba, Kennedy y Puente Aranda, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 6 integrantes del grupo delincuencial Los Toyoteros dedicados al hurto de vehículos de gama alta. Se les atribuye haber participado en el robo de por lo menos 22 camionetas. En las operaciones se incautaron 3 celulares, un arma de fuego y un taxi con el que hacían los perfilamientos de los vehículos en la ciudad.

Las labores de investigación determinaron que el taxi era clave, ya que pasaba desapercibido en las zonas residenciales. Aprovechaban en muchos casos cuando los vehículos parqueaban sus vehículos en garajes para realizar la acción delictiva.

Los integrantes de esta red fueron enviados a la cárcel luego de que un juez de control de garantías decidiera imponer la medida intramural. En las próximas horas serán enviados a un centro penitenciario.

Asimismo, se conoció que de las 22 camionetas marca Toyota, se recuperaron 12 que ya fueron entregadas a sus respectivos dueños.

El director de la Mebog, general José Daniel Gualdrón Moreno aseguró que entre los delitos que se imputó a los implicados estuvo el de secuestro, pues se logró confirmar que en un caso que robaron un vehículo, se llevaron un menor de edad que se encontraba al interior al momento de la acción; posteriormente fue abandonado en una calle de la ciudad.

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