Fiscalía imputará cargos y solicitará medidas de aseguramiento contra al menos 4 funcionarios de la Gobernación de Arauca

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, esto por estar presuntamente implicados en hechos de corrupción en contratos relacionados con la atención de la emergencia derivada por la propagación del Coronavirus COVID – 19.

Estos mandatarios serán judicializados por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.

«No es un proceso de linchamiento a funcionarios. Es un proceso de moralización de la acción pública», enfatizó el Fiscal General, Francisco Barbosa. 

 Los diez alcaldes afectados con esta decisión son: 

 1. Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.

 2. Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.

 3. Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.

 4. Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.

 5. Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.

 6. San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.

 7. San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.

 8. Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.

 9. Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.

 10. Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

 El anuncio lo realizó el fiscal General Francisco Barbosa, quien reportó que los alcaldes de Guaduas y Palocabildo, fueron capturados ante la contundencia de las pruebas.

El Fiscal Barbosa indicó que en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema existen indagaciones contra 14 gobernadores, ellos son:
Arauca, Magdalena, Cesar, San Andrés, Guaviare, Vichada, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés. 

El fiscal Barbosa indicó que en desarrollo de estas investigaciones los peritos verificaron más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social.

Asimismo, los investigadores realizaron 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de Policía Judicial en los 32 departamentos del país. 

En la actualidad hay 68 indagaciones abiertas y se formularon 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Otros interrogatorios

De manera simultánea, la Fiscalía citó a rendir interrogatorio a otros tres alcaldes en calidad de indiciados como son los mandatarios de Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo; Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa y Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez.

También serán llamados a rendir a interrogatorio el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Sincelejo, Kattiuska Margarita Fernández Castillo; el Supervisor de Contratos en Sincelejo, Leonardo Beltrán Pinto; el Director Técnico de Gestión Contractual de Sincelejo, Andrés Gutiérrez Ahumada; el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de Sincelejo, Gustavo Pérez Mier. 

Igualmente, deberán rendir explicaciones en diligencia de interrogatorio el representante legal de Biel People Publicidad, Hugo José Tabares Sierra; la representante legal de Abastos y Fruver El Paraíso, María Eugenia Mercado Pertuz; la ex secretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil; el Jefe de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga y el Contratista de Acacías (Meta), César Alonso Daza.

Otras imputaciones 

El Fiscal General advirtió que por todo este escándalo también se formularán  imputaciones y se solicitará medida de aseguramiento contra otros  23 funcionarios funcionarios públicos, contratistas e intermediarios.

Estas imputaciones y medidas de aseguramiento afectan a:

 1. Concejal de Tuluá (Valle del Cauca), Carlos Arturo Londoño, quien fue capturado.

 2. Directora Administrativa de la Alcaldía de Armenia (Quindío), Gabriela Valencia Vásquez.

 3. Secretaria Privada de la Alcaldía de Pereira (Risaralda), Mónica Patricia Botero Montoya.

 4. Director de Gestión del Riesgo de Pereira (Risaralda), Alexander López.

 5. Secretario de Educación departamental de Arauca, William Arévalo.

 6. Asesor de Cultura y Turismo de Arauca, Omar Alberto Cisneros.

 7. Gerente de Contratación de Arauca, Heivind Palomino Gutiérrez.

 8. Secretario General y de Gobierno de Palocabildo (Tolima), José Manuel Troncoso.

 9. Secretario Administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaria.

 10. Secretario General y de Gobierno de San Antonio (Tolima), Luis Enrique Polo Álvarez.

 11. Representante legal de la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva) de Malambo (Atlántico), Marla María Macías Beleño.

 12. Supervisora contrato Malambo (Atlántico), Doris Monsalve Parra.

 13. Representante legal empresa contratista Armenia, Hernando Pérez Bedoya.

 14. Contratista de Pereira (Risaralda), Julio César Bustos Villegas.

 15. Contratista de Pereira (Risaralda), Jhon Jairo Segura Varela.

 16. Gerente de supermercado en Pereira (Risaralda), Efraín Rodríguez Prieto.

 17. Contratista en Arauca, Jhon Elver Garrido.

 18. Contratista en Cereté (Córdoba), Luz Fanny Suárez Montoya.

 19. Contratista en Guaduas (Cundinamarca), Marco Héctor Arias Bobadilla.

 20. Intermediario de contratos en Guaduas (Cundinamarca), Yasmín Campos. 

 21. Intermediario de contratos en Guaduas (Cundinamarca), Luis Hernández.

 22. Contratista en San Antonio (Tolima), Carlos Fernando Tovar Perea.

 23. Contratista en San Antonio (Tolima), Edward Fernando Hernández Oliveros.

 Otros gobernadores en la mira

 De igual forma, los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citaron a interrogatorio en calidad de indiciados los gobernadores de San Andrés Islas, Everth Hawkins; Arauca, José Facundo Castillo y Guaviare, Heydeer Palacio.

Esta misma unidad adelanta indagaciones contra 14 gobernadores de los departamentos de  Arauca, Magdalena, Cesar, San Andrés, Guaviare,  Vichada, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés.

El fiscal Barbosa enfatizó que próximamente se tomarán decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento contra varios mandatarios departamentales y municipales, por conductas penales relacionadas con actos de corrupción.