La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, uno de los políticos más influyente del país, dentro del proceso que le sigue por manipulación de testigos contra un opositor.

La nueva Sala de Instrucción dijo en un comunicado que el exmandatario «cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso».

Sin embargo, lo que pocos conocen es quién conforma este grupo de investigadores, que fue creado en enero de 2018, con el Acto Legislativo que le dio vida a la segunda instancia para aforados. Aunque la sala comenzó a operar nueve meses después de la norma, con un llamado a indagatoria del mismo Álvaro Uribe Vélez.

Se trata de César Reyes (ponente), Francisco Javier Farfán, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda, quienes por unanimidad ordenaron la detención de Uribe.

Aunque el proceso judicial se basó en una investigación liderada por el magistrado José Luis Barceló y lleva la firma de otros dos magistrados de la Sala Penal: Luis Hernández y Fernando Castro.

Cabe recordar que el proceso penal de Uribe estuvo en manos de la magistrada Cristina Lombana, sin embargo, ella fue apartada luego de que sus compañeros consideraran que era incompatible con su fuero de militar activa.

Posteriormente el caso pasó a manos del magistrado César Augusto Reyes Medina, ordenó la práctica de pruebas, incluyendo varios testigos que había solicitado la defensa del senador del Centro Democrático.

Así las cosas, el magistrado Reyes entregó sus hallazgos en una ponencia de más de 1.700 páginas. 

Reyes Medina es abogado de la Universidad la Gran Colombia, y especialista en derechos humanos de la Universidad Santo Tomás. Durante 17 años se desempeñó como defensor público y fue conjuez en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante tres años. 

Reyes también trabajó como consultor del Comité de Impulso a la Administración de Justicia en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y fue miembro del Comité Interinstitucional para la implementación de la oralidad. 

El magistrado también adelanta las investigaciones contra el senador Gustavo Petro, por supuesta financiación ilegal de campañas de la firma extranjera Monómeros y lo relacionado al video en el que Petro recibe fajos de billetes de parte de Juan Carlos Montes, una persona vinculada a la financiación de su campaña.

Otro de los magistrados es Hector Alarcón Granobles,  egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal y Magíster en Educación de la misma institución. Comenzó su vida laboral siendo Oficial Mayor en la Rama Judicial. Ha sido Abogado Asesor en la Procuraduría General de la Nación, Abogado Asistente y Magistrado Auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. También fue abogado litigante en materia penal. Es profesor universitario de las cátedras de Procedimiento Penal y Penal Especial. Entre sus textos publicados se encuentran, Garantías Constitucionales y la prueba ilícita, y, Garantismo penal en el proceso penal acusatorio colombiano.

Por dos años consecutivos, Alarcón ha sido el presidente y vocero de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y actualmente lleva las investigaciones contra varios de los implicados en el caso Odebrecht.

El tercer magistrado es Francisco Javier Farfán, abogado egresado de la Universidad de Los Andes, especializado en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, y en Derechos Fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid.

Su larga carrera laboral la ha ejercido, de manera mayoritaria, en el sector público, en el ejercicio independiente y en la academia como Profesor de derecho penal de varias universidades. Fue director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, director nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, entre otros cargos.  También ha publicado 12 libros y 20 artículos en revistas especializadas, sobre temas de derechos fundamentales, derecho procesal penal y actos de investigación.

Actualmente, Farfán está a cargo de la investigación contra el presidente del Congreso, Arturo Char por el caso de Aida Merlano y adelanta una investigación previa contra el senador Armando Benedetti por su supuesta responsabilidad en el desfalco al fondo de pensiones del magisterio de Córdoba.  

Misael Rodríguez fue el último magistrado de la Sala de Instrucción en salir elegido. Es un abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, con una experiencia de más de 26 años en la Rama Judicial y el Ministerio Público.

De carrera profesional desarrollada en la Rama Judicial, esencialmente en la Fiscalía General de la Nación a partir de 1993. Fue agente del Ministerio Público en el cargo de Procurador 11 Judicial II Penal por concurso de méritos.

Luego de un breve paso como oficial mayor del Juzgado 44 Penal Municipal de Bogotá, inició su trayectoria en la Fiscalía General de la Nación como Investigador Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ocupando paulatinamente en orden ascendente los cargos de profesional universitario y Fiscal delegado ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos, fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia y fiscal ante Tribunal Superior de Distrito Judicial.

También ejerció los cargos de fiscal adscrito a los despachos del Vicefiscal y Fiscal General de la Nación, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y director de Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Rodríguez adelanta la investigación contra Santrich por narcotráfico y es el encargado de investigar la supuesta financiación de la campaña de Iván Duque a la Presidencia por parte del asesinado “Ñeñe” Hernández. 

El grupo lo cierra el magistrado Marco Antonio Rueda, egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Cuenta con cuatro especializaciones realizadas en las universidades Autónoma de Colombia, el Bosque, Externado de Colombia y La Gran Colombia, en Derecho Público, Bioética, Derecho Penal y Casación Penal, respectivamente.

Es un juez de carrera, que inició su vida laboral como juez promiscuo municipal y luego ha sido juez de Instrucción Criminal, juez de Orden Público, juez Regional, magistrado del desaparecido Tribunal Nacional, abogado auxiliar y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación, y magistrado por concurso de méritos de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Rueda adelanta la investigación contra el congresista Eduardo Enrique Pulgar, quien fue denunciado por el periodista Daniel Coronell como el supuesto responsable de un millonario soborno a un juez de la costa.

Lo cierto es que a este proceso judicial sobre manipulación de testigos aún le faltan muchos capítulos, pues a Uribe no lo han condenado, no lo han acusado y puede apelar la decisión de detención domiciliaria para adelantar su defensa en libertad.

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La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, uno de los políticos más influyente del país, dentro del proceso que le sigue por manipulación de testigos contra un opositor.

La nueva Sala de Instrucción dijo en un comunicado que el exmandatario «cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso».

Sin embargo, lo que pocos conocen es quién conforma este grupo de investigadores, que fue creado en enero de 2018, con el Acto Legislativo que le dio vida a la segunda instancia para aforados. Aunque la sala comenzó a operar nueve meses después de la norma, con un llamado a indagatoria del mismo Álvaro Uribe Vélez.

Se trata de César Reyes (ponente), Francisco Javier Farfán, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda, quienes por unanimidad ordenaron la detención de Uribe.

Aunque el proceso judicial se basó en una investigación liderada por el magistrado José Luis Barceló y lleva la firma de otros dos magistrados de la Sala Penal: Luis Hernández y Fernando Castro.

Cabe recordar que el proceso penal de Uribe estuvo en manos de la magistrada Cristina Lombana, sin embargo, ella fue apartada luego de que sus compañeros consideraran que era incompatible con su fuero de militar activa.

Posteriormente el caso pasó a manos del magistrado César Augusto Reyes Medina, ordenó la práctica de pruebas, incluyendo varios testigos que había solicitado la defensa del senador del Centro Democrático.

Así las cosas, el magistrado Reyes entregó sus hallazgos en una ponencia de más de 1.700 páginas. 

Reyes Medina es abogado de la Universidad la Gran Colombia, y especialista en derechos humanos de la Universidad Santo Tomás. Durante 17 años se desempeñó como defensor público y fue conjuez en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante tres años. 

Reyes también trabajó como consultor del Comité de Impulso a la Administración de Justicia en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y fue miembro del Comité Interinstitucional para la implementación de la oralidad. 

El magistrado también adelanta las investigaciones contra el senador Gustavo Petro, por supuesta financiación ilegal de campañas de la firma extranjera Monómeros y lo relacionado al video en el que Petro recibe fajos de billetes de parte de Juan Carlos Montes, una persona vinculada a la financiación de su campaña.

Otro de los magistrados es Hector Alarcón Granobles,  egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal y Magíster en Educación de la misma institución. Comenzó su vida laboral siendo Oficial Mayor en la Rama Judicial. Ha sido Abogado Asesor en la Procuraduría General de la Nación, Abogado Asistente y Magistrado Auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. También fue abogado litigante en materia penal. Es profesor universitario de las cátedras de Procedimiento Penal y Penal Especial. Entre sus textos publicados se encuentran, Garantías Constitucionales y la prueba ilícita, y, Garantismo penal en el proceso penal acusatorio colombiano.

Por dos años consecutivos, Alarcón ha sido el presidente y vocero de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y actualmente lleva las investigaciones contra varios de los implicados en el caso Odebrecht.

El tercer magistrado es Francisco Javier Farfán, abogado egresado de la Universidad de Los Andes, especializado en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, y en Derechos Fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid.

Su larga carrera laboral la ha ejercido, de manera mayoritaria, en el sector público, en el ejercicio independiente y en la academia como Profesor de derecho penal de varias universidades. Fue director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, director nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, entre otros cargos.  También ha publicado 12 libros y 20 artículos en revistas especializadas, sobre temas de derechos fundamentales, derecho procesal penal y actos de investigación.

Actualmente, Farfán está a cargo de la investigación contra el presidente del Congreso, Arturo Char por el caso de Aida Merlano y adelanta una investigación previa contra el senador Armando Benedetti por su supuesta responsabilidad en el desfalco al fondo de pensiones del magisterio de Córdoba.  

Misael Rodríguez fue el último magistrado de la Sala de Instrucción en salir elegido. Es un abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, con una experiencia de más de 26 años en la Rama Judicial y el Ministerio Público.

De carrera profesional desarrollada en la Rama Judicial, esencialmente en la Fiscalía General de la Nación a partir de 1993. Fue agente del Ministerio Público en el cargo de Procurador 11 Judicial II Penal por concurso de méritos.

Luego de un breve paso como oficial mayor del Juzgado 44 Penal Municipal de Bogotá, inició su trayectoria en la Fiscalía General de la Nación como Investigador Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ocupando paulatinamente en orden ascendente los cargos de profesional universitario y Fiscal delegado ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos, fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia y fiscal ante Tribunal Superior de Distrito Judicial.

También ejerció los cargos de fiscal adscrito a los despachos del Vicefiscal y Fiscal General de la Nación, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y director de Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Rodríguez adelanta la investigación contra Santrich por narcotráfico y es el encargado de investigar la supuesta financiación de la campaña de Iván Duque a la Presidencia por parte del asesinado “Ñeñe” Hernández. 

El grupo lo cierra el magistrado Marco Antonio Rueda, egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Cuenta con cuatro especializaciones realizadas en las universidades Autónoma de Colombia, el Bosque, Externado de Colombia y La Gran Colombia, en Derecho Público, Bioética, Derecho Penal y Casación Penal, respectivamente.

Es un juez de carrera, que inició su vida laboral como juez promiscuo municipal y luego ha sido juez de Instrucción Criminal, juez de Orden Público, juez Regional, magistrado del desaparecido Tribunal Nacional, abogado auxiliar y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación, y magistrado por concurso de méritos de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Rueda adelanta la investigación contra el congresista Eduardo Enrique Pulgar, quien fue denunciado por el periodista Daniel Coronell como el supuesto responsable de un millonario soborno a un juez de la costa.

Lo cierto es que a este proceso judicial sobre manipulación de testigos aún le faltan muchos capítulos, pues a Uribe no lo han condenado, no lo han acusado y puede apelar la decisión de detención domiciliaria para adelantar su defensa en libertad.

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