El alcalde Juan Qüenza, junto a autoridades municipales y policiales, se reunieron con propietarios de establecimientos comerciales nocturnos en la zona rosa para buscar soluciones al problema del ruido excesivo que afecta a los residentes del sector.

Esta medida se toma en respuesta a un fallo judicial del 2017 que establece una serie de requisitos para el funcionamiento de estos establecimientos. La magistrada Gladys Teresa Herrera, del Tribunal Contencioso Administrativo, ha solicitado un informe sobre el cumplimiento de este fallo, lo que a su vez generó una reunión urgente entre las autoridades y los comerciantes.

El secretario de Gobierno Municipal, César Valderrama, destacó la importancia de esta reunión y señaló que se han propuesto varias alternativas para reducir el ruido y garantizar la convivencia pacífica entre los establecimientos y los vecinos. Valderrama enfatizó que la permanencia de la zona rosa depende del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los comerciantes.

«El alcalde ha sido muy claro en que si no hay un cumplimiento efectivo de las normas, se podría ordenar el cierre definitivo de la zona rosa», advirtió Valderrama.

En dicha reunión se determinaron los próximos pasos a seguir, entre los que está la audiencia que se llevará a cabo este 12 de septiembre, con la presencia de las autoridades competentes, para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los comerciantes.

La Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Policía, realizará un seguimiento constante para verificar que se cumplan las normas establecidas.

Los comerciantes, por su parte, se comprometieron a trabajar en conjunto con las autoridades para encontrar soluciones y garantizar la tranquilidad de los residentes en este sector neurálgico de la capital araucana.

El Senador José Vicente Carreño Castro pidió a la Ministra de Agricultura Martha Viviana Carvajalino Villegas, buscar una alternativa con el Instituto Nacional Agropecuario (ICA) –incluso parcial y gradual- para el levantamiento de la franja sanitaria en los departamento de Norte de Santander, Arauca y Casanare, que permita la producción y comercialización externa de cerdo o porcino.

Carreño aseguró que es urgente el levantamiento de esta franja sanitaria, porque por ejemplo en Arauca y Casanare, se tienen oportunidades inmejorables para la comercialización regional, nacional y a otros países, teniendo en cuenta que el porcino en estos Departamentos, tiene una excepcional calidad y multiplicidad de razas, con 129 mil cerdos en pie de Casanare (1200 productores) –con 4843 predios- y 75 mil cerdos en pie de Arauca –con 2444 predios- de acuerdo con un informe estadístico de Porkcolombia (2023).

El legislador del Centro Democrático advirtió que ese levantamiento se debe coordinar entre el Gobierno Nacional y el Departamento de Arauca, para una efectiva restricción al ingreso del porcino venezolano –que no tiene manejo fitosanitario- y a la vez mejorar y optimizar las condiciones del sacrificio, incluso adelantar estudios y diseños para un frigorífico en cada Departamento, o dado caso uno equidistante a las zonas de producción en Casanare y Arauca.

Finalmente, reveló que se han adelantado por los menos tres (3) procesos de apertura de la zona –levantamiento de la franja sanitaria- que de acuerdo con muchos productores de Arauca y Casanare, no se habrían adelantado de manera rigurosa, con el agravante que en el Norte de Casanare –con once (11) municipios- los muestreos del ICA durante los últimos doce (12) años para la Peste Porcina Clásica (PPC) han resultados negativos, contando con un comportamiento casi similar en el Departamento de Arauca, por lo que Carreño anunció un próximo debate de control político en la Plenaria del Senado.

Bogotá, D. C., 27 de agosto de 2024 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros (2020 – 2021), así como a otras cinco personas, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar – PAE – durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del covid-19, que habrían generado un sobrecosto global de 1.783 millones de pesos.

Los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Educación del departamento, William Arévalo Quintero (2020 – 2021) y Maricel Ortiz Ramírez (2021); el exgerente de Contratación (e), Uriel Niño López (2020 – 2022); el supervisor del contrato, Holman Jefrey Ruiz Puerta, y la representante legal de Invida SAS, encargada de la interventoría, Diana Susi Mahecha Herrera.

Al parecer, el contrato para el suministro de los alimentos se habría firmado sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos, serios y completos que justificaran el valor de las raciones, lo que ocasionó el sobreprecio que se habría pagado durante la ejecución de los trabajos.

Solo en el valor de las raciones para preparar en casa entregadas por el contratista entre los meses de abril de 2020 y 2021, el órgano de control encontró un posible sobrecosto de 898 millones de pesos.

Adicionalmente se habrían presentado otras posibles irregularidades en la publicidad dada al contrato, así como en el trámite y ejecución de las modificaciones y adiciones de valor incluidas.

Para el órgano de control, la existencia de los presuntos sobreprecios pone de presente que en la firma del contrato no se “privilegió la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.

Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que con su aparente conducta los investigados habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal, y profirió dos cargos disciplinarios contra el entonces gobernador Castillo Cisneros y los exsecretarios de despacho Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez, los cuales fueron calificados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima.

En contra de Uriel Niño López se profirieron cargos por dos faltas gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, la primera, y grave, la segunda. A la interventora Diana Susi Mahecha Herrera le profirió dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas a título dolo.

Finalmente, en contra del supervisor, Holman Jefrey Ruiz Puerta, se dictaron tres cargos, dos de ellos calificados como faltas gravísimas con culpa grave, y el tercero falta grave con culpa grave.