Sancionado exsecretario de educación del Departamento

La Contraloría General profirió un fallo con responsabilidad fiscal por más de $723 millones en contra del secretario de educación del departamento de Arauca al inicio del presente periodo de gobierno, William Arévalo, por sobrecostos en las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Arauca en medio de la pandemia.

Y es que la Secretaría fijó desde la etapa precontractual valores que excedieron los precios reales del mercado, dentro del proceso de contratación del programa para la alimentación de los niños.

“En el proceso de contratación la estimación de precios se realizó sin los debidos soportes objetivos, lo que condujo a que la Gobernación de Arauca pagara durante su ejecución, un valor contractual superior al precio real en el mercado; monto que incluye todas las variables que inciden en la determinación de los costos de los bienes”, señala el ente de control.

En el fallo también vinculan de manera solidaria a los miembros de la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, que, advierte la Contraloría, en su calidad de contratista, omitieron los deberes de planeación, buena fe y transparencia, al suscribir un contrato con la gobernación, sin prever una debida estructuración de costos de los productos alimenticios a suministrar.

El contrato 469 de 2019, fue por $580.150.638, pero traído a valor presente por ajuste por inflación corresponde a la suma de $723.239.825. De esa última cifra es el detrimento patrimonial, publicó la W Radio en su página web.

Por este mismo contrato el gobernador electo para el presente periodo, José Facundo Castillo Cisneros, tiene una medida con detención domiciliaria acusado de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por parte de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Recordemos que Castillo Cisneros está recluido en la cárcel la Picota de Bogotá desde octubre del año 2.021 por otra medida de aseguramiento esa con detención carcelaria acusado de graves delitos como concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.