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✍️ Redacción La Prensa Araucana

El exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, fue condenado a 12 años, 2 meses y un día de prisión por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en el primero de los cuatro procesos penales que enfrenta ante ese alto tribunal.

📌 La condena obedece a irregularidades cometidas durante su primer periodo como gobernador (2012-2015), relacionadas con el direccionamiento ilegal de contratos para dotación escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico en instituciones educativas del departamento.

🔍 Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Castillo permitió que avanzaran dos procesos contractuales —uno en diciembre de 2012 y otro en octubre de 2013— con estudios previos incompletos y precios de mercado sustentados en documentación falsa, todo con el propósito de dar apariencia de legalidad y favorecer a contratistas previamente seleccionados.

📄 Además, los contratos se adjudicaron mediante el mecanismo de subasta inversa presencial, pero los pliegos de condiciones incluyeron requisitos habilitantes desproporcionados, lo cual restringió la participación de otros oferentes y violó el principio de libre concurrencia.

⚖️ Por estos hechos, la Corte lo declaró responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Fue absuelto del cargo de peculado por apropiación agravado, pero deberá:

• Cumplir su condena en establecimiento carcelario 🏛️
• Pagar una multa de 336 salarios mínimos legales mensuales vigentes 💰
• Asumir una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 154 meses ⛔
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📢 La Fiscalía apeló la decisión, al considerar que existen suficientes pruebas periciales para sustentar los sobrecostos en los contratos, por un total de 2.072 millones de pesos (619 millones en el primero y 1.453 millones en el segundo). En consecuencia, busca que también se le declare culpable por apropiación de recursos públicos en favor de terceros.

⏳ Este es solo el primero de los cuatro procesos judiciales que enfrenta el exmandatario. La justicia avanza lentamente, pero empieza a dejar huella.

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Por La Prensa Araucana 🗞️

Durante siete años el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Arauca estuvo inactivo. Siete años sin hoja de ruta para el campo. Siete años de promesas postergadas para las comunidades rurales 🌾.

Ese largo paréntesis terminó con la reactivación oficial del consejo, amparada en el Decreto 061 de 2014, por iniciativa de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible de la Administración Municipal. El acto fue presidido por el alcalde Juan Qüenza y la secretaria del ramo, Nancy Peña, con la participación de delegados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), líderes rurales, representantes veredales y concejales del municipio 👥.

📌 En esta primera sesión se nombraron los nuevos miembros del consejo, quienes tendrán la responsabilidad de liderar gestiones ante el orden nacional para traer recursos de cofinanciación destinados al desarrollo rural 💸.

Según Nancy Peña:

“Nombramos a las personas que hacen parte de este consejo para que lideren y coordinen acciones que busquen gestiones de desarrollo al municipio a través de recursos de cofinanciación del orden nacional”.

🗓️ También se pactó la realización de la Gran Asamblea Campesina, prevista para los próximos meses, donde se espera la participación activa de entes territoriales y municipales. Un evento que busca reunir a los actores del campo en un solo escenario de propuestas y exigencias legítimas 🧑‍🌾👩‍🌾.

🧭 La misión del consejo es clara: promover políticas, programas y proyectos del sector agropecuario con enfoque municipal. Una herramienta de planificación que había sido relegada y que ahora promete articular esfuerzos en beneficio de las zonas rurales.

🎯 El reto no era solo reactivarlo. Es demostrar que el Consejo puede dejar de ser letra muerta para convertirse en motor real del campo araucano.

📍 Escándalo en el PAE de Arauca: seis sancionados por sobrecostos y raciones insuficientes para niños ⚖️🍽️

La Procuraduría General de la Nación destapó un nuevo capítulo de negligencia y posible corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Arauca. Seis personas —entre exfuncionarios, contratistas e interventores— fueron sancionadas en primera instancia por su participación en irregularidades del Contrato 469 de 2019, adjudicado por más de $14 mil millones a la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019.

📌 Estos son los sancionados:

1. 👨‍🏫 William Arévalo Quintero, exsecretario de Educación: destitución e inhabilidad por 9 años y 6 meses.
2. 🧑‍💼 Uriel Niño López, exgerente (E) de Contratación: destitución e inhabilidad por 9 años y 6 meses.
3. 👩‍🏫 Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación y actual diputada: destitución e inhabilidad por 9 años.
4. 🧑‍⚖️ José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca: suspensión de 12 meses (convertida en salarios).
5. 🧾 Diana Susi Mahecha Herrera, representante legal de Invida SAS (interventora): multa de 20 salarios mínimos e inhabilidad por 10 años.
6. 📋 Holman Jeffrey Ruiz Puerta, supervisor del contrato de interventoría: suspensión de 3 meses (convertida en salarios).

La sanción más severa recayó sobre William Arévalo Quintero y Uriel Niño López, por sus acciones y omisiones en la modificación del contrato inicial, que incrementó el costo del PAE en $3.793 millones, sin contar con estudios previos ni justificaciones económicas serias. La falta de rigor técnico habría permitido sobrecostos por $898 millones, en raciones que ni siquiera alcanzaban para cubrir 20 almuerzos por estudiante. 📉🍛

👩‍🏫 Maricel Ortiz Ramírez, hoy diputada del departamento, fue hallada responsable de firmar un segundo adicional por $4.242 millones durante la pandemia, también sin contar con estudios previos suficientes. La Procuraduría concluyó que la exsecretaria no cumplió con los lineamientos establecidos por la Unidad de Alimentación Escolar.

🏛️ Facundo Castillo Cisneros, en su rol de gobernador, autorizó un modificatorio por $14.078 millones sin estudios de mercado previos, lo cual derivó en una sanción por la responsabilidad que le cabe como ordenador del gasto. ⚠️

🔍 La vigilancia del contrato tampoco cumplió su función.

Diana Mahecha, representante de Invida SAS, fue sancionada por no ejercer la supervisión del contrato, mientras que el funcionario Holman Ruiz Puerta, quien debía garantizar el control de la interventoría, fue suspendido por no cumplir sus funciones básicas. Ambos permitieron, según el ente de control, que el contratista definiera unilateralmente el tipo de ración escolar, minimizando la cantidad de insumos entregados. 📦➡️🍽️

📣 «No he cometido ningún delito», responde Ortiz

La diputada Maricel Ortiz se pronunció tras el fallo en primera instancia:

“Desde el momento en que fui notificada, junto a mi equipo jurídico emprendimos con convicción el proceso de apelación, confiados en que la verdad y la justicia prevalecerán”.

Ortiz asegura que continuará su labor legislativa desde la Asamblea Departamental mientras avanza el proceso de apelación, que deberá resolver la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.

🎓 La conclusión de la Procuraduría es contundente: las fallas en la planeación, ejecución y control del contrato afectaron directamente los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en Arauca, al entregar raciones incompletas y generar un perjuicio al patrimonio público durante la emergencia sanitaria por COVID-19.