Once menores reclutados para la guerra en Arauca durante el 2024: una tragedia que sigue ocurriendo en silencio

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Por: La Prensa Araucana

En Colombia, la infancia aún no es territorio de paz. La Defensoría del Pueblo confirmó que entre enero y diciembre del año pasado 11 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales en el departamento de Arauca. El dato es tan escueto como escalofriante, y forma parte de una estadística nacional que registró 531 casos de reclutamiento forzado en todo el país en lo corrido de 2024.

📍 Arauca, que ocupa el octavo lugar a nivel nacional, sigue siendo escenario de una guerra no declarada, donde los más vulnerables —los menores— son utilizados como carne de cañón. En contraste, departamentos como el Valle del Cauca encabezan esta dolorosa lista con 360 casos confirmados, lo que habla de una expansión del fenómeno en zonas urbanas y rurales por igual.

🔴 El informe de la Defensoría no solo documenta cifras. También advierte que los números revelados no reflejan la magnitud real del fenómeno. La mayoría de los casos no se denuncia: por miedo, por desconfianza en las instituciones, por amenazas, por la imposibilidad de desplazarse o simplemente porque, en muchas regiones del país, la guerra manda más que el Estado.

📣 La entidad insiste en que el reclutamiento no puede analizarse únicamente con una mirada estadística. Cada niño reclutado es un proyecto de vida roto, una familia desarraigada, una comunidad sometida. Se trata de una violación grave al Derecho Internacional Humanitario, y de una deuda moral que el país sigue acumulando.

⚖️ El reclutamiento forzado es un crimen de guerra. Pero en Colombia, su persecución penal sigue siendo excepcional, no la regla. De hecho, muy pocos casos llegan a la justicia, y aún menos terminan con sanciones efectivas para los responsables.

“Entre enero y abril, nuestro monitoreo institucional ha identificado 21 casos de reclutamiento forzado. Sin embargo, es fundamental advertir que esta cifra no refleja la verdadera dimensión del fenómeno, ya que existe un alto subregistro por razones estructurales: miedo a represalias, falta de garantías para la denuncia, estigmatización, barreras territoriales y debilidades institucionales en zonas de alta conflictividad” destacó la Defensoría.