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Un coronel y 13 soldados condenados por falsos positivos en el Vichada

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a un coronel y a 13 soldados del Batallón de Infantería N°43 General Efraín Rojas Acevedo, a entre 48 a 52 años de prisión, por el homicidio de seis personas indefensas a quienes presentaron como bajas en combate, o  mal llamados “falsos positivos”. 

El hecho se registró el 21 de diciembre de 2006, en Cumaribo (Vichada) cuando, en el cumplimiento de una misión, el coronel Isnardo Polanía Delgadillo, comandante del Batallón No. 43, realizó una “misión táctica y control militar de área”, por cuyos resultados los uniformados recibieron beneficios, según reveló la Corte.  

La Corporación resolvió un recurso de casación que, en 2019, absolvió a los 14 uniformados del delito de homicidio en persona protegida y al coronel de un segundo delito por fraude procesal. Sin embargo, la Sala de Casación, al reabrir el caso, evidenció que el coronel Polanía Delgadillo y los 13 soldados profesionales era responsables de los hechos.  

Los soldados profesionales condenados son: Gabriel Eduardo Rojas, Leonardo Cuervo Bohórquez, Donaldo Santos Jiménez Villadiego, Miguel Canchón Pérez, Mauricio Duarte Palomino, José Elver Lozano Tapiero, Heriberto de Jesús Múnera Palacio, Rigoberto Ramírez Martínez, Rodolfo Reina Ríos, Jader Luis Restrepo Ricardo, Diver de Jesús Salazar Galeano, Enrique Quintero López y Javier Alfonso Torres Mesa. 

Por los asesinatos de Roseldo Roldán Lozano, Edilberto Villareal Guzmán, Carlos Iván Gelvez Vergara, una mujer y las otras dos personas no identificadas, «presentadas como ocurridas en combate y por las cuales se les concedió beneficios y permisos a los uniformados que participaron de esta misión», la Corte resolvió «no declarar delito de lesa humanidad los homicidios en persona protegida investigados en este asunto, conforme con las consideraciones de esta sentencia». 

Y declaró «nula parcialmente la sentencia del 27 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Superior de Sincelejo», para condenar al coronel Polanía Delgadillo, como «coautor de seis homicidios en persona protegida y autor punible por fraude procesal. Por lo que deberá pagar una pena en prisión de 52 años y cinco meses y una multa de 16.599 salarios mínimos mensuales vigentes para la época». 

También, condenó al soldado Enrique Quintero López, como «coautor de cinco homicidios y deberá pagar una pena de 48 años y cinco meses, más una multa de 12.499 salarios mínimos legales vigentes para la época. Entre tanto, los otros 12 uniformados fueron condenados al pago de 600 salarios mínimos vigentes para la época, como indemnización por el daño moral causado a los cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas de este caso». 

Todos los uniformados condenados están inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

Fuente

Sistema Integrado de Información

 

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Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño

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Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño que obliga a las entidades a contar con servicio de Intérprete para personas sordas.

Desde hace un poco más de dos años, el Senador, José Vicente Carreño Castro viene trabajando en la modificación del artículo 8 de la ley 982 del 2005 que señala que: «Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas.»

En la modificación el autor del proyecto, busca darle obligatoriedad a las entidades públicas, para garantizar que sus funcionarios sordos o sordociegos estén acompañados de un guía intérprete. El proyecto está dirigido a todas aquellas instituciones públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, además que el servicio se ejecute, tanto de forma presencial, como virtual.

Proyecto que fue aprobado en el Senado de la República pasando a sanción presidencial, Proyecto de ley para que “DE MANERA PAULATINA Y A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025”, las entidades públicas implementen el servicio de intérprete y guía intérprete para personas sordas y sordo-ciegas.

La iniciativa legislativa establece también un trabajo conjunto “con el Instituto Nacional para Sordos INSOR del Ministerio de Igualdad y Equidad y con el acompañamiento de las federaciones y las asociaciones legalmente constituidas de personas sordas y/o de intérpretes del LSC del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local”, y cuando se requiera, dentro de su competencia, el acompañamiento técnico del Ministerio de las TIC, concluye la conciliación.

Hoy las personas con limitaciones auditivas y visuales, contarán con una verdadera Inclusión social.

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Cae banda dadicada a robar camionetas de alta gama

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En una operación que duró cerca de 3 meses en seguimientos en las localidades de Engativa, Suba, Kennedy y Puente Aranda, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 6 integrantes del grupo delincuencial Los Toyoteros dedicados al hurto de vehículos de gama alta. Se les atribuye haber participado en el robo de por lo menos 22 camionetas. En las operaciones se incautaron 3 celulares, un arma de fuego y un taxi con el que hacían los perfilamientos de los vehículos en la ciudad.

Las labores de investigación determinaron que el taxi era clave, ya que pasaba desapercibido en las zonas residenciales. Aprovechaban en muchos casos cuando los vehículos parqueaban sus vehículos en garajes para realizar la acción delictiva.

Los integrantes de esta red fueron enviados a la cárcel luego de que un juez de control de garantías decidiera imponer la medida intramural. En las próximas horas serán enviados a un centro penitenciario.

Asimismo, se conoció que de las 22 camionetas marca Toyota, se recuperaron 12 que ya fueron entregadas a sus respectivos dueños.

El director de la Mebog, general José Daniel Gualdrón Moreno aseguró que entre los delitos que se imputó a los implicados estuvo el de secuestro, pues se logró confirmar que en un caso que robaron un vehículo, se llevaron un menor de edad que se encontraba al interior al momento de la acción; posteriormente fue abandonado en una calle de la ciudad.

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Arauca

“Empresas como Luker y Nestlé pretender robarse la denominación de origen del cacao araucano” Senador de la República

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#LaPrensaAraucana. En la plenaria del Senador, el congresista Jairo Alberto Castellanos realizo una férrea defensa del departamento de Arauca, al denunciar que las empresas Luker y Nestle pretenden robarse la denominación de origen del Cacao araucano, uno de los mejores del mundo.

Recordemos que en su momento el primer defensor de la denominación de origen del Cacao araucano fue el propio Gobernador, Renson Martínez Prada quien le indicó a la Federación de Cacaoteros que no permitirá que imponga una denominación regional, Orinoquia, solo para favorecer a las multinacionales y afectar a miles de familias araucanas que producen cacao de alta calidad y que encuentran el sustento de sus hogares con el cultivo y transformación de este alimento.

Los conocedores del tema han señalado que a través de la Federación las multinacionales buscan tener una denominación de origen regional para producir grandes cantidades de hectáreas de Cacao en el departamento del Meta, favoreciéndose de la alta calidad del de Arauca para meterlos en el mismo paquete, imponer sus precios y hasta bajar la calidad del grano, situación que será supremamente dañina para los campesinos araucanos.

El congresista señaló “desde el Senado, hago un llamado urgente para defender a Arauca. No sólo enfrentamos violencia y abandono estatal, sino también una amenaza contra nuestra economía: la lucha por la denominación de origen del cacao araucano. Empresas como Luker y Nestlé pretenden apropiarse de lo que es nuestro. ¡No podemos permitirlo!”.

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