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El exgobernador de Arauca que no podrá ingresar a la JEP

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El exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta condenado a seis años y seis meses por irregularidades en contratación pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como agente del Estado no miembro de la fuerza pública debido a que consideró que los procesos seguidos en su contra guardaban relación con el conflicto armado. La solicitud la hizo ante la Corte Suprema de Justicia y esta negó sus pretensiones. El exfuncionario ya había solicitado al tribunal de paz ser tenido en cuenta para un posible sometimiento pero allí también recibió una respuesta negativa.

Acosta se encuentra ante los estrados judiciales por cuenta de un contrato celebrado, en abril de 2006, por un valor que superó los 3.890 millones de pesos. El convenio adelantado con el consorcio Eco-Park2006 tenía como objeto construir la primera etapa del parque histórico y ecoturístico “Los Libertadores” en el municipio de Tame. En la ejecución de obra hubo incumplimiento de las obligaciones del contratista y mal manejo del anticipo, por lo que se le reprochó al exfuncionario que no hizo nada para asegurar la entrega de las obras ni dar por terminado el contrato. Contrario a ello lo que hizo fue suspender el mismo, suscribir prórrogas y fomentar adiciones de recursos.

Por estos hechos, Acosta fue condenado en única instancia a purgar cárcel, fue inhabilitado por seis años y debía cancelar multa de hasta 884 millones de pesos. Como la decisión en su contra se había emitido mientras los aforados no tenían la posibilidad de que su condena fuera revisada en segunda instancia, el abogado del exmandatario solicitó una impugnación especial en la que no dudaron en pedir que su expediente pasara a manos de la justicia transicional. Lo anterior porque consideraron que sobre su nombre reposaba el delito de concierto para delinquir debido a que el dinero obtenido del proyecto ecológico sirvió para financiar grupos al margen de la ley.

La intención de hacer parte del tribunal de paz no solamente fue elevada ante la Corte Suprema de Justicia. Durante diciembre de 2017 y octubre de 2018, Acosta junto con su abogado manifestaron la voluntad de someterse a la JEP por lo que en febrero de 2019 presentaron el compromiso a la verdad plena debido a que consideraron que la justicia transicional debía conocer la forma en la que los dineros, producto de irregularidades en la contratación del proyecto ecoturístico, terminaron en las arcas del Bloque Vencedores de Arauca. En esa ocasión, la iniciativa no prosperó.

El tribunal de paz consideró que el compromiso de sometimiento al que Acosta se refirió en sus documentos era “insipiente” en términos de verdad. “En relación con los hechos por los que el señor Julio Enrique Acosta Bernal pretende someterse, solamente se cuenta con la mera enunciación de un radicado, en algunos el delito y la autoridad respectiva, realizada a través de un listado que resulta deficiente y bastante abstracto, lejos de erigirse en un programa de aportes serio y fundamentado que supere un análisis de aptitud preliminar en cuanto al esclarecimiento de verdad”, le dijo la justicia transicional en su momento.

La JEP en su primer rechazo le recomendó a Acosta que presentara un compromiso concreto, programado y claro para que pudiera avanzar con su proceso. Eso sería el génesis de su pedido, pues interiormente, la entidad también debe superar unos trámites que ameritan un pronunciamiento de fondo sobre el estudio de las más de 20 actuaciones judiciales que reposan en su contra y que serían objeto de investigación para una posterior judicialización.

Todo lo anterior fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia para el análisis de la decisión. Recordó que a Acosta se le señaló como responsable de delitos que confirman irregularidades en contratos en los que fomentó adiciones para construir la “Plaza de Armas” sin tramitar y celebrar un contrato adicional. Igualmente fue condenado por el abuso de las atribuciones oficiales que le permitió al contratista al apropiarse de parte de los dineros del anticipo.

“Luego, de la información que aporta el asunto no se desprende que el conflicto interno armado haya sido la causa directa o indirecta de la comisión de las conductas punibles, que hubiera determinado al acusado en su realización o que haya sido un factor sustancial en la decisión de cometerlas”, dijo el alto tribunal en su providencia y añadió que se descartan la existencia de delitos investigados con ocasión al conflicto.

Si bien, Acosta dijo que entregaría información sobre la forma en la que algunos dineros, producto de las contrataciones ilegales fueron destinados a grupos al margen de la ley, para la Corte Suprema esa información no es suficiente para que el proceso se remita al tribunal de paz. Del mismo modo consideró que, aunque al exgobernador se le reconoció el fuero Constitucional para ser investigado y juzgado por el homicidio de Juan Alejandro Plazas Lomónaco y se advirtió la existencia de múltiples referencias que dan cuenta de los nexos del exfuncionario con miembros del Bloque Vencedores del Arauca de las Autodefensas, en el análisis de las pruebas nada se dijo frente a la contratación que celebró con Eco-Parck 2006 proceso por el cual es que está pidiendo sometimiento y sobre el que pesa la condena.

El proyecto ecológico no es lo único que lo tiene rindiendo cuentas. En su momento, la Fiscalía dijo que Acosta fue financiado por las AUC para acceder a la gobernación de Arauca y que su relación con dicha organización criminal, ya estando en el cargo de gobernador, se derivó en reuniones para “coordinar asuntos relacionados con la financiación y entrega de insumos, el suministro de información a las autodefensas sobre presuntos integrantes de la guerrilla y también de personas señaladas de ser cuatreros, con el fin de declararlos objetivo militar, y, de igual modo, para la coordinación de acciones destinadas a impedir que la fuerza pública actuara en contra de estas”.

Con lo anterior, aunque sobre Acosta pesan investigaciones por nexos con paramilitarismo e inclusive un homicidio, la Corte, en el caso del proyecto ecológico consideró que el expediente no debe ser remitido al tribunal de paz porque no tiene relación directa e indirecta con el conflicto armado.

 Tomado: El Espectador.com 

 

 

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Hombres armados se llevaron a los recién liberados

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Una grave infracción a la misión humanitaria fue perpetrada la tarde de este lunes 25 de septiembre cuando sujetos fuertemente armados salieron a la vía nacional denominada Ruta de los Libertadores para raptar a los recién liberados de manos de las disidencias de las FARC; ocho jóvenes quienes estaban en poder de ese grupo al margen de la ley en condición de prisioneros de guerra, integrantes del ELN.

Los recién liberados eran trasladados por una misión humanitaria integrada por el CICR, la iglesia católica, la Defensoría del Pueblo, la misión de verificación MAPP OEA, entre otros, quienes los recibieron de manos de las disidencias de las Farc con un rumbo aún sin especificar cuando fueron sorprendidos por los sujetos anteriormente mencionados.

Este hecho sería una grave violación a los protocolos humanitarios que se manejan en medio del conflicto armado en el país y puntualmente en el territorio; se ven involucrados actores internacionales quienes normalmente actúan bajo un grado de confianza muy alto por parte de los diferentes actores involucrados en la guerra, se espera en las próximas horas un pronunciamiento por parte de los entes humanitarios afectados por este hecho.

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Liberan ocho presuntos integrantes del ELN de manos de las disidencias de las Farc

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En un escenario adecuado para la ocasión en un paraje rural del departamento de Arauca acondicionado de múltiples pendones con fotografías de cabecillas de las extintas Farc, las denominadas disidencias del proceso de paz al mando de alias “Antonio Medina” entregaron a una misión humanitaria ocho presuntos integrantes del ELN que mantenían cautivos como consecuencia de las confrontaciones que se libraron en zona rural de Tame el pasado tres de septiembre.

Delegados de la Defensoría del Pueblo, La iglesia católica y la Cruz Roja fueron los encargados de recibir a estas personas. Alias “Corea” cabecilla de la estructura leyó un comunicado en el que dio a conocer la situación de los prisioneros de guerra.

Confirmó que en un operativo del Ejército murieron dos de sus combatientes, aunque la fuerza pública solo reportó uno, señaló que se les escapó un prisionero del que no tienen información, se reafirmaron en el cese de acciones ofensivas contra la fuerza pública y entregaron a estos jóvenes pertenecientes al ELN.

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Arauca se blinda contra la encefalitis equina venezolana

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Siete municipios de Arauca vacunaron sus équidos contra la encefalitis equina venezolana (EEV), con el fin de proteger la salud de sus animales de esta enfermedad de control oficial.



El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) adelantó las jornadas de inmunización en Arauca, Tame, Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena, Arauquita y Fortul.


En Colombia la vacunación contra la encefalitis equina venezolana (EEV) es obligatoria para los caballares, mulares y asnales en las áreas ubicadas por debajo o igual a 1.500 m.s.n.m, así como para todos los équidos que participen en eventos de concentración de animales, con el fin de mantener el estatus sanitario del país.


“El ICA atiende las solicitudes por parte de los equinocultores para realizar la vacunación contra la EEV en los predios, allí los funcionarios vacunan equinos, mulares y asnales de diferentes categorías etarias, manteniendo los animales protegidos de las enfermedades de control oficial y promoviendo el bienestar animal de los equinos”, indicó Narda Martínez Peroza, gerente seccional del ICA en Arauca.



El departamento de Arauca, por ser frontera con la República Bolivariana de Venezuela, presenta un alto riesgo de presentar encefalitis equina venezolana (EEV). Además, para solicitar una Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) y/o Libreta sanitaria Equina, es requisito tener la vacunación contra la enfermedad.


El cumplimiento de la vacunación de équidos permite garantizar el estatus del país y que los equinocultores puedan movilizar sus équidos desde, hacia y entre cualquier parte geográfica del país, con destino a predio, planta de beneficio o concentración de animales, eventos deportivos como el coleo y competencias ecuestres, sin ninguna restricción.



“El ICA, seccional Arauca, en el marco de sus actividades, ha venido adelantando la inmunización de équidos, con el fin de evitar que se presente un brote de EEV, generando pérdidas económicas a nuestros productores de esta región del país”, señaló la funcionaria.



Como resultado de las últimas jornadas de vacunación en el departamento de Arauca, se ha logrado realizar la inmunización cerca de 500 équidos en diferentes predios de esta zona del país.

 
Datos de interés:

  • En Arauca 1.791 équidos han sido vacunados en 2023.
  • En el departamento hay aproximadamente cerca de 50 mil équidos.
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