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Con escoltas y carros blindados andaban señalados de hacer parte de las disidencias de las Farc en Arauca

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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

 

Abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, dieron cuenta de que habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.

 

“No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia. Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, señaló el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

 

Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.

 

Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. En los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

 

Entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

 

“No hay derecho a que estos delincuentes le quiten la posibilidad a tantas víctimas de este país a una verdadera protección, inventándose amenazas y, al mismo tiempo, utilizando la misma protección que les da el Estado para continuar y realizar actividades criminales”, enfatizó el Fiscal Barbosa Delgado.

 

También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

 

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

 

Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisión son:

 

·         Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.

·         Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.

·         Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.

·         Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

·         Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

·         Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.

·         Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.

·         Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

·         Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

·         Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.

·         Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.

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“Empresas como Luker y Nestlé pretender robarse la denominación de origen del cacao araucano” Senador de la República

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#LaPrensaAraucana. En la plenaria del Senador, el congresista Jairo Alberto Castellanos realizo una férrea defensa del departamento de Arauca, al denunciar que las empresas Luker y Nestle pretenden robarse la denominación de origen del Cacao araucano, uno de los mejores del mundo.

Recordemos que en su momento el primer defensor de la denominación de origen del Cacao araucano fue el propio Gobernador, Renson Martínez Prada quien le indicó a la Federación de Cacaoteros que no permitirá que imponga una denominación regional, Orinoquia, solo para favorecer a las multinacionales y afectar a miles de familias araucanas que producen cacao de alta calidad y que encuentran el sustento de sus hogares con el cultivo y transformación de este alimento.

Los conocedores del tema han señalado que a través de la Federación las multinacionales buscan tener una denominación de origen regional para producir grandes cantidades de hectáreas de Cacao en el departamento del Meta, favoreciéndose de la alta calidad del de Arauca para meterlos en el mismo paquete, imponer sus precios y hasta bajar la calidad del grano, situación que será supremamente dañina para los campesinos araucanos.

El congresista señaló “desde el Senado, hago un llamado urgente para defender a Arauca. No sólo enfrentamos violencia y abandono estatal, sino también una amenaza contra nuestra economía: la lucha por la denominación de origen del cacao araucano. Empresas como Luker y Nestlé pretenden apropiarse de lo que es nuestro. ¡No podemos permitirlo!”.

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«La prensa en Arauca está en alto riesgo» Flip

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En los últimos dos años, grupos armados ilegales han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Según nuestra documentación, en 2022 los ataques del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN contra periodistas correspondieron al 57.45% del total de agresiones en el departamento. Si bien en 2023 el porcentaje bajó a 45%, en lo corrido del 2024 alcanza el 50%. Esta violencia ha causado que los y las periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre conflicto armado, orden público y violación de derechos humanos, producto de la acción de estos grupos que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran.

Este año, tanto el ELN como el EMC-FARC han emitido pronunciamientos en los que acusan a periodistas y medios de comunicación de estar vinculados o participar con el grupo armado contrario. En el caso más reciente, ocurrido el pasado 5 de abril, el ELN publicó un comunicado acusando a medios y periodistas de que “estigmatizan, criminalizan y asesinan las organizaciones populares, proyectos alternativos y dirigentes sociales”. Además, los relacionó como “verdugos del pueblo” y “cómplices de los planes de las bandas mercenarias de la muerte” y advirtió que agudizará su actuar en contra de esta población.

Involucrar a la prensa en la comisión de un delito tan grave, como es el asesinato por el ejercicio legítimo de informar y opinar sobre hechos de interés público, resulta altamente riesgoso para los y las periodistas del departamento, pues quedan relacionados con las dinámicas de guerra de grupos al margen de la ley.

Hasta el 10 de abril de este año hemos registrado nueve agresiones, entre las que se encuentran intimidaciones, acosos y amenazas en contra de al menos nueve periodistas. En cinco de estos casos, los agresores fueron integrantes del EMC-FARC y el ELN. Solo esta semana recibimos el reporte de un periodista, quien aseguró que recibió información sobre un plan para atentar contra su vida, y de otro, que decidió abandonar el departamento para salvaguardar su integridad después de recibir varias amenazas.

Desde el año 2022, cuando empezamos a evidenciar un recrudecimiento de la violencia contra la prensa en el departamento, en la FLIP hemos acompañado a periodistas de Arauca en la activación de rutas de protección con autoridades como la Policía y la Fiscalía General de la Nación, e instituciones como la Unidad Nacional de Protección (UNP). También hemos brindado apoyo en la reubicación de cinco periodistas que tuvieron que salir desplazados forzadamente. Aunque estas medidas se deben seguir promoviendo, resultan insuficientes ante el riesgo que enfrentan las y los comunicadores actualmente.

Por esto, insistimos en la necesidad de que en la mesa de diálogo del Gobierno Nacional con el ELN y con el EMC-FARC, se aborde la violencia contra los y las periodistas, y se exija no involucrarles en las dinámicas del conflicto.

También es indispensable que desde las autoridades y entidades locales, departamentales y nacionales se genere un discurso público que rodee a la prensa. Por ello, hacemos un llamado urgente a que el Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca y las alcaldías municipales del departamento se articulen y creen una campaña de respaldo a la labor de la prensa. Esta estrategia debe ser sostenida en el tiempo y estar encaminada a defender el ejercicio periodístico y contrarrestar la estigmatización de la que han sido blanco periodistas y medios de comunicación locales.

Adicionalmente, las gobernaciones y alcaldías deben incluir en sus consejos de seguridad la situación de la prensa y encaminar acciones a la protección particular de los y las periodistas, teniendo en cuenta que son sujetos de especial protección constitucional según lo ha recordado la Corte Constitucional en su Sentencia C-116/21.

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Disidencias buscarían atentar contra el Gobernador de Arauca

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La jefe de la sección de análisis criminal del CTI de la Fiscalía a través de una alerta temprana informó que las disidencias de las Farc comandadas por alias “Pescado” o “Héctor Aguilar” estarían preparando atentados en el departamento de Arauca.

Según la entidad los irregulares buscarían perpetrar actos terroristas en contra de guarniciones militares y contra la integridad del Gobernador Renson Martínez Prada al igual que el ciudadano José Joaquín Marchena ex representante a la Cámara.

La administración departamental emitió un comunicado en el que rechazan estos actos.

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