Mientras la Gobernación de Arauca despliega una intensa campaña publicitaria para resaltar las virtudes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) , en los fogones de la realidad las cosas están lejos de ser motivo de celebración.

Este lunes, 23 manipuladoras de alimentos del PAE decidieron dejar de callar y salieron a protestar en la vía Panamá de Arauca – Arauca, cansadas del silencio institucional y del incumplimiento sistemático del contratista encargado de operar el programa.

Las trabajadoras —encargadas de preparar los alimentos que nutren a miles de niños en 23 sedes del Centro Educativo Panamá de Arauca— denuncian que no han recibido insumos de aseo básicos para mantener los comedores en condiciones dignas.

Pero eso no es todo. La vocera del grupo, Anayibe Ríos, señala que los salarios han disminuido respecto al año anterior, a pesar de que las exigencias siguen aumentando. Tampoco hay mantenimiento en los equipos de cocina, lo que pone en riesgo tanto la seguridad como la calidad del servicio.

Las denuncias no son nuevas. En la Asamblea Departamental, un diputado había alertado sobre las condiciones laborales de las manipuladoras, pero hasta ahora las protestas empezaron a tomar forma en la calle, porque —como muchas otras veces— la institucionalidad no escucha si no es a gritos.

La mayoría guarda silencio por miedo. Miedo a perder un empleo que, aunque mal pagado, es lo único que tienen. Miedo a enfrentar a un sistema que las invisibiliza en nombre de una “buena gestión”.

Mientras tanto, el PAE sigue siendo presentado como una bandera de eficiencia y compromiso con la niñez. Pero detrás de las fotos oficiales hay mujeres que cocinan en condiciones indignas, equipos que no funcionan y una cadena de irregularidades que sigue creciendo.

Luego de más de un mes de permanecer en poder del ELN, fue liberado John Alexander Suárez, escolta de la empresa Sevicol Ltda., quien había sido retenido el pasado 6 de marzo en el área urbana del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.

La liberación se realizó este domingo 13 de abril, mediante la entrega del ciudadano a una comisión humanitaria, en una zona rural del departamento. Según confirmaron fuentes locales, Suárez se encuentra en condiciones estables y ha podido reencontrarse con su familia .

El grupo guerrillero, a través de un comunicado difundido en redes sociales, dio su versión sobre los motivos de la retención. En el documento, el ELN afirma que:

1. Suárez fue detenido mientras ejercía labores de escolta para la empresa Sevicol Ltda.
2. Alegan que dicha empresa contrata personas con antecedentes en fuerzas militares, grupos desmovilizados y exguerrilla.
3. Cuestionan presuntos vínculos de algunos escoltas con actores armados y políticos, acusándolos de compartir información sensible.
4. Sostienen que a Suárez se le aplicó un “debido proceso” interno, conforme a los lineamientos del grupo armado.
5. Solicitan a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisar los perfiles de quienes prestan servicios de seguridad y concertar estas asignaciones con las personas protegidas .
6.  

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial por parte de la UNP o de las autoridades nacionales frente al contenido del comunicado.

El caso de Suárez pone de nuevo en el centro del debate la seguridad de los escoltas y protegidos en zonas de alto riesgo, así como la necesidad de fortalecer los protocolos de contratación y vigilancia en contextos donde confluyen actores armados y civiles.

El proceso de liberación contó con la intermediación de organizaciones humanitarias, que reiteraron el llamado al respeto del Derecho Internacional Humanitario y la protección a la población civil en medio del conflicto armado.

La nueva víctima se llamaba Uber Arias Beltrán. Era campesino, oriundo de la vereda Cuiloto, zona rural ubicada entre Tame y Arauquita, y fue asesinado a bala la noche del lunes 7 de abril, en su propia finca.

No hubo comunicado oficial. No hubo rueda de prensa. Solo una familia más destruida, un cuerpo menos en el campo, y un temor más en la región.

Según reportes de medios locales, el crimen fue ejecutado por hombres armados, presuntamente pertenecientes a grupos ilegales que operan en el territorio: disidencias de las FARC y el ELN, aún no se establece los responsables.

El motivo del homicidio aún no ha sido aclarado por ninguna autoridad. Tampoco hay versiones oficiales que expliquen por qué este campesino fue asesinado. Ninguna hipótesis se ha confirmado. Lo único claro es que murió en medio de un conflicto que parece no tener fin.

A Uber lo conocían por su trabajo en el campo y por su afición a los desafíos gallísticos. Era un hombre de costumbres rurales, como muchos de los que hoy callan por miedo o por costumbre en una tierra donde las balas hablan más fuerte que las palabras.

En la escena del crimen no hubo presencia inmediata de fuerza pública, solo el personal funerario encargado del levantamiento del cadáver. Su cuerpo fue llevado a la morgue del cementerio en Arauquita, mientras en su finca quedó el eco de los disparos y el vacío irreparable de su ausencia.

Hoy, el nombre de Uber Arias Beltrán se suma a la dolorosa lista de víctimas que el Estado no logra proteger. En el Piedemonte Llanero, la vida sigue estando en manos de quien tiene el fusil.