La Procuraduría General de la Nación ha confirmado en firme el fallo emitido el pasado 30 de agosto de 2024 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4, en el que se declara no probado y desvirtuado el cargo formulado contra Juan Alfredo Qüenza Ramos, diputado de la Asamblea Departamental de Arauca durante el periodo 2020–2023.

La decisión, que ratifica el fallo de primera instancia, pone fin al proceso disciplinario que pendía sobre el actual alcalde de Arauca —entonces diputado— y lo libra de cualquier sanción o responsabilidad disciplinaria.

Fue el mismo Juan Qüenza quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial en Facebook, donde escribió:

“De esta manera seguiremos trabajando por Los Araucanos y defendiéndonos de todos esos ataques que hemos tenido desde el inicio de Nuestro Gobierno”.

Si bien el fallo lo exonera, deja sobre la mesa una realidad: la polarización política en Arauca ha convertido las investigaciones, sanciones y fallos en armas arrojadizas de un debate cada vez más contaminado.

Este viernes, en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Arauca, se instaló el segundo periodo de Sesiones Ordinarias con la presencia del alcalde Juan Qüenza . La ceremonia también contó con la participación de la gestora social Stephany Ortiz, el gabinete municipal, la fuerza pública, la personería municipal y representantes de la comunidad .

Durante su intervención, el mandatario local destacó el buen clima de trabajo con los corporados y agradeció su disposición para construir de manera conjunta soluciones a los desafíos del municipio.

Uno de los anuncios más destacados fue la radicación próxima de dos proyectos de acuerdo, que llegarán al recinto en los próximos días para su estudio y debate. Aunque no se revelaron aún los detalles, se espera que estén enfocados en fortalecer la gestión pública local y responder a las necesidades más sentidas de la ciudadanía.

La instalación de este nuevo ciclo legislativo representa una oportunidad para reforzar el diálogo institucional, priorizar el bienestar colectivo y consolidar iniciativas que contribuyan al desarrollo de Arauca. La presencia de distintos sectores de la sociedad en el acto es un reflejo del interés por una gestión participativa y transparente.

Este 1 de mayo, mientras el país conmemoraba el Día Internacional del Trabajo, el gobierno del presidente Gustavo Petro convocó a las calles en una jornada que pretendía medir el músculo popular de su proyecto político.

En Arauca, una región históricamente golpeada por la violencia y el abandono estatal, la respuesta fue tibia. Según cifras oficiales entregadas por el comandante del Departamento de Policía Arauca, coronel Carlos Angarita, se movilizaron 1.050 personas .

Todo transcurrió en completa calma. El coronel Angarita agradeció el comportamiento ejemplar de los manifestantes. Sin embargo, detrás del parte de tranquilidad se esconde un dato revelador: Arauca supera los 300.000 habitantes, lo que significa que apenas el 0.33% salió a respaldar al mandatario .

¿Es este el reflejo de un respaldo real al gobierno en las regiones más olvidadas del país?

La cifra desnuda una realidad incómoda: la desconexión entre el discurso central del gobierno nacional y las necesidades históricas de una región como Arauca, donde los anuncios rimbombantes en Bogotá pocas veces se traducen en inversión, seguridad o presencia institucional efectiva.

No es un asunto menor. Arauca ha sido un laboratorio de conflicto armado, disputa territorial y economías ilegales. Aun así, en la agenda de gobierno parece ocupar un lugar marginal.

Este 1 de mayo dejó más que una marcha: dejó una radiografía del olvido. La Arauca profunda, la que espera carreteras, hospitales, empleo y paz, no marchó por Petro. Tal vez, porque Petro no ha llegado a Arauca.