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Balance del cese al fuego en el último año no evidencia verdaderos gestos de paz de los grupos armados

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Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023, la entidad nacional de derechos humanos le hizo un seguimiento permanente al cese al fuego bilateral decretado a comienzos del año anterior por el Gobierno Nacional con varios grupos alzados en armas. El resultado del estudio deja mucho que desear, toda vez que la población civil es la principal víctima, al vulnerársele derechos fundamentales como a la vida, integridad, libertad, seguridad, entre otros.

“A partir del monitoreo que adelantamos, se registraron 236 acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales en el desarrollo del cese al fuego, de las cuales 34 fueron acciones directas con la fuerza pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas, que constituyeron claras infracciones al derecho internacional humanitario”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Para darle confianza a la ciudadanía en el avance de los actuales diálogos de paz y ceñidos a los resultados del balance, enfatiza el Defensor, “es fundamental un compromiso expreso de todas las estructuras armadas al margen de la ley, como frenar definitivamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, devolver a los menores de edad que se encuentran en sus filas y terminar con el delito del secuestro, además de entregar a todas las personas que tienen en cautiverio”.

Una acción directa son hechos bélicos y hostilidades entre la fuerza pública y los grupos armados involucrados en los decretos del cese, y las acciones indirectas son aquellas situaciones ejercidas por las organizaciones armadas ilícitas que atentan contra los derechos humanos (DD. HH) y violentan lo establecido en el derecho internacional humanitario (DIH), cuyos afectados son los civiles.

Acciones directas (AD)

“En la mayoría de los casos, los departamentos y municipios en donde ocurrieron estas acciones habían sido previamente advertidos mediante nuestras Alertas Tempranas. Vale advertir que el departamento del Cauca fue, de lejos, el más afectado, con 21 de las 34 acciones directas”, indica el Defensor del Pueblo.

Le siguió Huila, con cuatro; después Valle del Cauca, con tres; Nariño, con dos; posteriormente, Antioquia, Arauca, Guainía y Guaviare, con una acción directa cada departamento.

El monitoreo da cuenta de que 27 de las 34 AD ocurrieron en el primer semestre del 2023, siendo enero el mes en el que más se presentaron, con siete. Luego estuvieron febrero y abril, con seis cada uno; marzo y noviembre, con cuatro cada uno; mayo, junio y octubre, con dos AD cada uno, y agosto, con una. En julio y diciembre no hubo acciones directas.

Del total, 32 fueron cometidas por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las Farc (94%), y hubo un hecho atribuible a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Corinto (Cauca) fue el municipio donde más hubo AD, con cinco; le siguieron Suárez, Patía y Buenos Aires (Cauca), con tres cada población; La Plata (Huila), con tres; Buenaventura (Valle del Cauca), con tres; Argelia (Cauca), con dos.

En el 62.5% de los 16 municipios donde se registraron acciones directas hubo homicidios contra personas defensoras de derechos humanos.

Acciones indirectas (AI)

De las 202 AI, marzo y mayo fueron los meses cuando más se registraron, con 28 cada uno; febrero y junio, con 25 cada uno; enero y octubre, con 19 cada uno; agosto, 16; noviembre, 15; abril, 13, y diciembre, tres. En julio no fueron registradas acciones indirectas, dado que fue un periodo de transición entre la primera y segunda fase del cese al fuego bilateral.

“El grupo con más acciones indirectas registradas fue el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc…

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Peligroso criminal que asesinó a mujer embarazada en Tame fue recapturado en Bogotá

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LaPrensaAraucana. En la ciudad de Bogotá fue recapturado el peligroso delincuente venezolano Jesús Enrique Arias Ayala quien se había escapado de la estación de Policía del municipio de Tame el pasado mes de marzo.

Este homicida había sido capturado por la propia comunidad luego de haber asesinado en una finca de la vereda El Jobal del municipio de Tame a la señora Lina Pinto quien se encontraba en estado de embarazo de un niño, ya contaba con seis meses de gestación al momento de su asesinato.

El criminal también secuestró a una niña de ocho años e intentó asesinar al señor Oswaldo Parada esposo de la víctima a quien le propinó un disparo en la columna y lo arrastró con un tractor para desaparecer los cuerpos de la mujer y de su marido creyéndolos muertos.

La menor se le escapó y aviso a los vecinos quienes iniciaron la búsqueda hasta lograr atraparlo, aunque algunos pidieron que lo ajusticiaran las personas decidieron entregarlo a las autoridades quienes lo mantuvieron recluido en la estación de Policía, pero el delincuente se les escapó.

Está acusado de Homicidio Agravado en concurso homogéneo con grado de tentativa y concurso heterogéneo con aborto sin consentimiento, porte y tenencias de armas de fuego accesorios y municiones.

Fue en la ciudad e Bogotá donde la Policía Metropolitana logró recapturarlo el pasado cuatro de agosto según se conoció en algunas imágenes emitidas en redes sociales, hasta el momento las autoridades en el departamento de Arauca no se han pronunciado sobre este hecho.

La familia de las víctimas han insistido en que no permitan que este terrible hecho quede en la impunidad.

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Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño

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Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño que obliga a las entidades a contar con servicio de Intérprete para personas sordas.

Desde hace un poco más de dos años, el Senador, José Vicente Carreño Castro viene trabajando en la modificación del artículo 8 de la ley 982 del 2005 que señala que: «Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas.»

En la modificación el autor del proyecto, busca darle obligatoriedad a las entidades públicas, para garantizar que sus funcionarios sordos o sordociegos estén acompañados de un guía intérprete. El proyecto está dirigido a todas aquellas instituciones públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, además que el servicio se ejecute, tanto de forma presencial, como virtual.

Proyecto que fue aprobado en el Senado de la República pasando a sanción presidencial, Proyecto de ley para que “DE MANERA PAULATINA Y A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025”, las entidades públicas implementen el servicio de intérprete y guía intérprete para personas sordas y sordo-ciegas.

La iniciativa legislativa establece también un trabajo conjunto “con el Instituto Nacional para Sordos INSOR del Ministerio de Igualdad y Equidad y con el acompañamiento de las federaciones y las asociaciones legalmente constituidas de personas sordas y/o de intérpretes del LSC del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local”, y cuando se requiera, dentro de su competencia, el acompañamiento técnico del Ministerio de las TIC, concluye la conciliación.

Hoy las personas con limitaciones auditivas y visuales, contarán con una verdadera Inclusión social.

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Cae banda dadicada a robar camionetas de alta gama

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En una operación que duró cerca de 3 meses en seguimientos en las localidades de Engativa, Suba, Kennedy y Puente Aranda, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 6 integrantes del grupo delincuencial Los Toyoteros dedicados al hurto de vehículos de gama alta. Se les atribuye haber participado en el robo de por lo menos 22 camionetas. En las operaciones se incautaron 3 celulares, un arma de fuego y un taxi con el que hacían los perfilamientos de los vehículos en la ciudad.

Las labores de investigación determinaron que el taxi era clave, ya que pasaba desapercibido en las zonas residenciales. Aprovechaban en muchos casos cuando los vehículos parqueaban sus vehículos en garajes para realizar la acción delictiva.

Los integrantes de esta red fueron enviados a la cárcel luego de que un juez de control de garantías decidiera imponer la medida intramural. En las próximas horas serán enviados a un centro penitenciario.

Asimismo, se conoció que de las 22 camionetas marca Toyota, se recuperaron 12 que ya fueron entregadas a sus respectivos dueños.

El director de la Mebog, general José Daniel Gualdrón Moreno aseguró que entre los delitos que se imputó a los implicados estuvo el de secuestro, pues se logró confirmar que en un caso que robaron un vehículo, se llevaron un menor de edad que se encontraba al interior al momento de la acción; posteriormente fue abandonado en una calle de la ciudad.

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