Redacción La Prensa Araucana

Bogotá  — La Corte Suprema de Justicia ha hablado… y su fallo retumba hasta las llanuras araucanas. Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia emitió sentido de fallo condenatorio contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros.

¿El motivo? Su intervención directa en el direccionamiento irregular de dos contratos firmados en 2012 y 2013, durante su primer periodo como mandatario departamental. Contratos que, en el papel, estaban destinados a algo tan noble como la educación: dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico.

Pero la letra pequeña no educaba.

Castillo Cisneros fue hallado culpable, en calidad de coautor, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo. La pena será conocida en los próximos días, pero ya se sabe que deberá hacerse efectiva en centro carcelario, aunque no sin controversia.

La defensa del médico y político pidió prisión domiciliaria, alegando factores familiares, médicos y personales. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó de inmediato esa solicitud y será la Corte Suprema de Justicia la que decida si el exgobernador termina pagando su condena en casa o tras las rejas.

La investigación, liderada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema, revela un entramado cuidadosamente planeado: los contratos fueron tramados y adjudicados con el único propósito de favorecer a oferentes seleccionados de antemano. No hubo estudios técnicos serios, no hubo análisis de mercado. Solo hubo un plan. Y se ejecutó.

Los procesos de contratación se disfrazaron bajo la figura de subasta inversa presencial, pero con pliegos amañados que exigían requisitos desproporcionados, impidiendo la libre competencia y limitando la participación de otros proponentes.

José Facundo Castillo Cisneros no es un nombre menor en la política regional. Médico de profesión, se convirtió en el primer gobernador de Arauca en ser elegido para un segundo periodo, hito que consolidó su influencia en el departamento. Pero su segundo mandato fue interrumpido abruptamente: fue capturado antes de cumplir la mitad del mismo. Hoy, casi cuatro años después, es condenado.

En Colombia no solo florecen las orquídeas ni se cultiva café. El cacao, ese grano marrón que perfuma el campo y endulza la economía, vive su momento más glorioso.
En 2024, las exportaciones de cacao y sus derivados crecieron un impactante 106,1%, alcanzando los US$265,1 millones, frente a los US$128,6 millones registrados el año anterior.

El grano de oro café ahora también es de chocolate.
Más de 75 países, encabezados por Estados Unidos, México, Ecuador y Alemania, abrieron sus puertas a la cacaocultura nacional. Según cifras oficiales de la DIAN con análisis de Analdex, este fue un año histórico en términos de exportación, y todo parece indicar que la tendencia no hará sino crecer.

Pero no solo se exporta. También se produce como nunca antes. En 2024, Colombia alcanzó una producción nacional estimada de 67.678 toneladas de cacao, la más alta jamás registrada.

Y aquí entra Arauca, con un dato que sorprende hasta a los más escépticos.
El departamento, usualmente más asociado a conflictos que a cultivos, produjo 6.993 toneladas de cacao, el 10% del total nacional, superado solo por gigantes como Santander y Antioquia. Lo asombroso es que lo logró teniendo casi tres veces menos superficie que ellos, lo que convierte a Arauca en el territorio con la mayor densidad de producción de cacao del país.

Este logro no es fruto de la casualidad, sino del compromiso de cientos de pequeños productores, campesinos y familias rurales, que han hecho del cacao una forma de vida. A ellos se suma el acompañamiento técnico y organizativo de la Federación Nacional de Cacaoteros, que ha sido clave en el fortalecimiento del sector.

Pero no todo es dulce. En medio del reconocimiento nacional e internacional, la planta de transformación del cacao en Arauca sigue siendo una promesa incumplida.

Una promesa del gobierno regional que aún no se materializa, dejando al departamento atrapado en el rol de proveedor de materia prima, mientras el valor agregado viaja a otras regiones.

“El cacao colombiano se ha posicionado como un producto de gran calidad. Esperamos que este auge continúe y contribuya a diversificar la canasta exportadora del país… aunque habrá que ver cómo los aranceles podrían afectar este rendimiento”, advirtió Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

Mientras tanto, Antioquia lidera las exportaciones con US$98,9 millones, seguida por Santander y Huila. Las empresas que han impulsado este despegue incluyen nombres conocidos: Casa Luker, Nacional de Chocolates, Colombina, Súper de Alimentos, entre otras.

En otras palabras: Colombia no solo produce cacao, ahora lo vende como si supiera hacerlo desde siempre. Y por primera vez, el mundo parece dispuesto a comprarlo en serio.

Pero si hay algo que este boom ha dejado en evidencia es que, incluso en la periferia, el cacao se puede convertir en el nuevo corazón de la economía rural… siempre y cuando las promesas se transformen en inversión real.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 7 años y 9 meses de prisión contra el gobernador del Vichada, Alex Benito Castro, por peculado por apropiación. Además, deberá pagar una multa de casi 14 millones de pesos. La decisión confirma el fallo del Tribunal Superior de Villavicencio emitido en septiembre de 2023.

️‍ Benito Castro, quien todavía ejerce como gobernador, deberá dejar su cargo de inmediato y ser capturado para cumplir la pena en prisión. La Corte Suprema rechazó el recurso de impugnación especial presentado por el mandatario, dejando la condena en firme. La lectura oficial del fallo se realizará la próxima semana, según reveló Revista Cambio.

Desde el mediodía, el rumor de la confirmación de la condena corría por todo el Vichada, pero ningún medio lo había verificado. Al ser consultado por EL MORICHAL, Benito Castro reconoció que los indicios apuntaban a que era cierto, pero que aún no había recibido notificación oficial de la Corte Suprema.

EL ORIGEN DEL CASO

La historia de esta condena se remonta a 2012, cuando Benito Castro era alcalde de Santa Rosalía. En ese entonces, intervino en la construcción de un puente sobre el caño Güichire, cerca del resguardo de la comunidad Sáliba, a petición de Ramón Caribana. Pero lo hizo de forma irregular: sin contrato formal y con promesas de pago dudosas.

En seis días, miembros de la comunidad construyeron el puente, recibiendo 30.000 pesos diarios y 60.000 pesos el maestro de obra. Benito Castro entregó 3 millones de pesos para materiales, pero luego formalizó un contrato con Wilfredo Castillo (otro condenado), estableciendo un costo de 15.590.000 de pesos. De esa suma, se pagaron 13.719.000, dejando un detrimento patrimonial multimillonario.

Con esta decisión, la Corte Suprema pone punto final a uno de los casos de corrupción que han marcado la carrera de Benito Castro. Ahora, el gobernador caído enfrentará las consecuencias de sus actos tras las rejas.