¡Impactante!

Mientras cientos de hombres y mujeres se juegan la vida cada día para proteger a los colombianos, ¡unos pocos aprovechan su posición para traicionar a la misma institución que juraron defender!

En un giro que deja a todos boquiabiertos, cuatro policías adscritos al Departamento de Policía Arauca fueron capturados en las últimas horas en la capital del departamento. El motivo: presuntos vínculos con una banda criminal dedicada al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Según las investigaciones, estos uniformados habrían exigido dinero el pasado 19 de abril de 2024, para omitir sus funciones en un operativo por narcotráfico que tuvo lugar en un establecimiento comercial del barrio Cabañas del Río, en Arauca. ¡Un acto de corrupción que pone en riesgo la seguridad de todos!

La Fiscalía, junto con unidades de la Policía Judicial Sijín y Inteligencia Sipol, recolectaron pruebas suficientes que llevaron a la detención de los implicados. Además, uno de los capturados también está siendo investigado por un presunto caso de violencia intrafamiliar.

La situación es grave, y ahora, tras completar los procedimientos judiciales, se espera que el Coronel Carlos Angarita, comandante de la Policía en Arauca, brinde una rueda de prensa con más detalles sobre este escandaloso hecho.

¡Es hora de que la justicia se haga sentir! ¡No todo está perdido, pero esto es un golpe a la confianza!

El pasado jueves, cinco ciudadanos provenientes del departamento de Casanare desaparecieron mientras se desplazaban en una camioneta por la Ruta de los Libertadores, entre los municipios de Tame y Arauca. Desde entonces, sus familias no han tenido noticias de su paradero.

Entre los secuestrados están los hermanos Betuel, Leonin y Adoran Barrera Sandoval, así como Emilio Cristancho, excandidato a la Asamblea Departamental y hermano del exrepresentante a la Cámara por Casanare, Jairo Cristancho. También se encuentra en cautiverio otro ciudadano cuya identidad no ha sido revelada.

Reacciones de las autoridades

Este lunes, el gobernador de Casanare, César Zorro, manifestó en sus redes sociales su rechazo a la situación y anunció acciones inmediatas:

“Ante la información sobre la retención de cinco ciudadanos casanareños en Tame, Arauca, activamos de inmediato a los organismos de seguridad e inteligencia para hacer seguimiento. También solicitamos la intervención de la Defensoría del Pueblo, la MAPP-OEA, la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica y las autoridades de Arauca para activar un mecanismo humanitario que garantice su protección, bienestar y liberación”, señaló el mandatario.

El gobernador también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y pidió que se respete su vida y dignidad. “Hacemos un llamado para que sean liberados lo más pronto posible y regresen sanos y salvos a sus hogares”, agregó.

Por su parte, la Gobernación de Arauca también rechazó el hecho mediante un comunicado oficial:

“Desde el Gobierno Departamental de Arauca rechazamos categóricamente cualquier acto de retención ilegal en nuestro territorio. Trabajamos de manera coordinada con las autoridades para salvaguardar la vida y la integridad de todos los ciudadanos y lograr su pronta liberación”, declaró Nasser Cruz, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca.

Preocupación por la seguridad en la región

Las autoridades de ambos departamentos reiteraron la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional para garantizar la seguridad en la zona y proteger a sus habitantes. “La lucha contra cualquier acto que vulnere los derechos humanos sigue siendo una prioridad”, han destacado.

Entretanto, las familias de los secuestrados viven horas de angustia, esperando respuestas y clamando por el pronto regreso de sus seres queridos.

La pregunta sigue en el aire: ¿qué grupo está detrás de este secuestro? Mientras el gobierno insiste en su compromiso con la seguridad, los ciudadanos se preguntan cuánto tiempo más tendrán que vivir con miedo en las carreteras del país.

En Arauca, uno de los tantos problemas que afectan la calidad de vida de sus ciudadanos es la ocupación indebida del espacio público. Vendedores informales, motociclistas y vehículos han tomado las calles, dificultando la movilidad y generando caos, especialmente en zonas claves como la entrada al Hospital San Vicente y la Avenida Rondón.

Para hacer frente a esta situación, la Secretaría de Gobierno Municipal junto con la Policía Nacional ejecutaron un plan de control y prevención, con el fin de liberar estos espacios y restablecer el orden. Este operativo se realizó bajo el marco de los artículos 92 y 140 de la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece medidas correctivas para evitar la ocupación ilegal del espacio público.

El secretario de gobierno municipal, César Valderrama, destacó la importancia de estas acciones, especialmente en áreas cercanas a hospitales: “Estamos ante instalaciones hospitalarias que deben contar con todo el espacio posible en caso de emergencias. De lo contrario, la movilidad podría verse gravemente afectada,” indicó Valderrama.

Este operativo también tuvo como objetivo concientizar a los comerciantes informales, quienes fueron informados sobre las leyes que regulan su actividad en las vías públicas.

Como parte de este esfuerzo, la Administración Municipal ha prometido continuar con visitas de seguimiento, garantizando que las quejas ciudadanas sean atendidas y que el espacio público sea respetado.