En Playitas, una urbanización donde las paredes agrietadas contaban historias de abandono, algo cambió. No fue una revolución. No fue un discurso. Fue un proyecto que sí se cumplió.

La Secretaría de Inclusión Social, en alianza con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), cerró con éxito el proyecto de mejoramiento de vivienda que transformó la vida de 350 familias.

Lo que se había planeado para siete meses, se ejecutó en apenas tres y medio. Y eso, pese a una suspensión contractual que amenazó con dejar el proyecto en el limbo de las buenas intenciones.

Las intervenciones no fueron cosméticas: se trató de mejoras reales en infraestructura básica y condiciones de habitabilidad. Techos seguros, pisos dignos, cocinas que no lloran humedad.

“Logramos avanzar de manera significativa y que en el menor tiempo posible se desarrollara la ejecución completa de estas intervenciones”, afirmó William Paúl León, secretario de Inclusión Social, con el tono de quien sabe lo raro que es decir eso en pasado… y en serio.

El proyecto sobrevivió a las demoras, a la burocracia y a los “veremos”. Gracias al acompañamiento técnico del DPS, al empuje del equipo de vivienda y —sobre todo— al compromiso de la comunidad, esas 350 casas dejaron de ser refugios improvisados para convertirse en hogares.

Lo que se logró en Playitas no debería ser una excepción. Debería ser el ejemplo.

Posdata: cuando las paredes se reparan, también se remienda algo más profundo: la confianza.

Mientras en muchas regiones del país las obras públicas avanzan a paso de tortuga, en el municipio de Arauca el pavimento ya comenzó a hablar. El pasado 1 de abril, con botas puestas y planos en mano, se dio inicio oficial al contrato 181 de 2025, que contempla la construcción de pavimento flexible y obras complementarias en el sector Barrancones, zona rural del municipio.

La obra, que cubrirá 1,05 kilómetros de vía, comenzó con labores de localización y replanteo, además de las excavaciones para los futuros muros de contención. Detrás de esta intervención hay algo más que concreto y maquinaria: hay una apuesta clara por conectar a las comunidades rurales que históricamente han estado marginadas del desarrollo.

«Desde la Secretaría de Infraestructura estamos haciendo toda la supervisión en cada una de las actividades contractuales de nuestro municipio para entregárselas a satisfacción a todas las comunidades araucanas», señaló Tatiana Páez, secretaria de Infraestructura Municipal.

Más de 10.000 familias se beneficiarán directamente de esta obra, que mejorará la movilidad, facilitará el acceso a servicios y dinamizará la economía local. Además, la ejecución genera más de 40 empleos directos e indirectos, una bocanada de oxígeno para las finanzas familiares en zona rural.

Uno de los sellos del gobierno de Juan Qüenza ha sido la ejecución sin dilaciones: entregar obras en el menor tiempo posible, con el compromiso de evitar elefantes blancos y mostrar que sí se puede gobernar con eficiencia y resultados visibles.

El camino que se abre en Barrancones no es solo de asfalto: es también un símbolo de compromiso con la gente. Porque cuando el Estado llega con obras, también llega con dignidad.

Una cita con la memoria en honor a quienes han soportado el peso del conflicto

En un país donde las víctimas suelen ser contadas pero rara vez escuchadas, la Alcaldía de Arauca ha convocado un acto conmemorativo que busca —más allá del protocolo— tocar el alma de una comunidad marcada por la guerra, pero decidida a no olvidar.

Este miércoles 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Inclusión Social, rendirá homenaje a quienes han vivido en carne propia el horror de la violencia. El lugar elegido no puede ser más simbólico: el Parque de la Paz, a partir de las 2:30 p. m.

Allí no se hablará solo de dolor, sino también de resiliencia, arte y dignidad. Habrá cantos, poemas, actos culturales y gritos de resistencia que no buscan conmiseración, sino justicia, reparación y verdad.

El evento estará presidido por el alcalde Juan Qüenza, acompañado de su gabinete, representantes de la Mesa Municipal de Víctimas, el Consejo de Paz, la Personería Municipal, instituciones del orden nacional y territorial, y múltiples actores sociales que no han renunciado a la esperanza.

“Es un día especial que nos lleva a reflexionar sobre la resiliencia que han tenido estas personas… Es una manera de brindar un apoyo y un reconocimiento”, expresó William Paúl León, secretario de Inclusión Social. Sus palabras no son ajenas a una realidad compleja: más de 3.500 víctimas han sido atendidas en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV), y entre 50 y 80 personas reciben orientación a diario en la instancia municipal.

El alcalde Qüenza, que ha sido crítico frente a los silencios institucionales en otros contextos, reconoce en las víctimas no solo el dolor, sino también la fuerza transformadora. “La construcción de paz comienza escuchando a quienes han vivido la guerra”, ha dicho en reiteradas ocasiones.

Este acto no es solo conmemorativo, es político, en el mejor sentido de la palabra: es un llamado a no repetir, a dignificar la memoria y a dejar de tratar el dolor ajeno como un número en las estadísticas.