Por: Redacción La Prensa Araucana

En un acto cargado de simbolismo y compromiso institucional, la Fiscal General de la Nación, doctora Luz Adriana Camargo Garzón , inauguró el nuevo Centro de Atención de la Fiscalía (CAF) en el municipio de Tame, Arauca. Un paso que promete acercar la justicia a las comunidades que, históricamente, han tenido que recorrer largas distancias para reclamar sus derechos.

El evento, que congregó a autoridades locales, representantes de sectores sociales y ciudadanía en general , fue también escenario de un mensaje claro: la justicia no puede seguir siendo un privilegio de pocos.

Durante la ceremonia, el alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos y el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada , ofrecieron una cálida bienvenida a la Fiscal General, resaltando la importancia estratégica de esta apertura para fortalecer la presencia del Estado en una región históricamente golpeada por la violencia.

Ambos mandatarios coincidieron en un punto crucial:
El nuevo CAF es un avance significativo para garantizar una atención más rápida, humana y cercana a las necesidades de los tameños.

Ubicado en la carrera 13 N.º 15-62, barrio 20 de Julio , el nuevo centro ofrecerá servicios de:

Recepción de denuncias
Orientación jurídica
Acceso a programas de protección de derechos

Todo ello, bajo una filosofía de eficiencia, cercanía y respeto por las víctimas.

La doctora Luz Adriana Camargo no dejó lugar a dudas en su intervención:

«Nuestra prioridad es llevar la justicia hasta el último rincón del país, trabajar de la mano de las autoridades locales y la sociedad civil para construir entornos seguros, respetuosos de los derechos humanos» .

La apertura del CAF de Tame no solo es la entrega de una nueva sede: es una declaración política y social en un territorio que necesita señales claras de respaldo institucional.

Con iniciativas como esta, la Fiscalía General de la Nación apuesta por reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones , fortalecer el Estado de Derecho , y demostrar que la justicia —cuando se acerca a la gente— también puede ser sinónimo de esperanza.

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Durante un reciente consejo de seguridad en la 18ª Brigada del Ejército en Arauca, hubo un momento que rompió el libreto. Entre informes, cifras y palabras de protocolo, el alcalde de Tame, Miguel Bastos, levantó la voz con una propuesta que, aunque lógica, suena cuando menos “extraña” en el lenguaje oficial: que los recursos de seguridad sirvan para construir paz, no solo para sostener la guerra.

En presencia del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, Bastos pidió algo tan sencillo como revolucionario:

Que los recursos de la Ley 418 —ese 5% que las alcaldías y gobernaciones deben recaudar sobre contratos de obra pública para apoyar a la Fuerza Pública— se inviertan en deporte, cultura y desarrollo social, y no en gasolina, camionetas blindadas, ni piscinas para soldados.

Sí, piscinas. Porque, como ya se ha denunciado antes, parte de ese dinero ha terminado en escenarios deportivos construidos dentro de instalaciones militares, lejos del alcance de la comunidad, y aún más lejos de cualquier lógica de inversión social.

La Ley 418 permite ese recaudo para fortalecer la seguridad, pero ¿por qué un municipio pobre debe financiar las operaciones logísticas del Ministerio de Defensa? ¿No se supone que para eso existe un presupuesto nacional?

Bastos fue claro:
“Que el Ministerio de Defensa asuma sus responsabilidades presupuestales. Que los alcaldes y gobernadores inviertan en los jóvenes que podrían ser reclutados mañana por grupos armados. En cultura, en vida. No solo en armas y patrullas.”

En regiones como Arauca, donde la violencia es tan cotidiana como el café de la mañana, invertir en cultura no es un lujo: es una estrategia de supervivencia. Pero el sistema insiste en que la seguridad solo se compra con fusiles, no con flautas.

El Ministerio no respondió de inmediato. Quizás porque no esperaba que alguien hablara de paz con tanta claridad, en medio de un consejo de seguridad. O porque, como suele pasar, cuando la paz no rinde réditos políticos o contratos millonarios, simplemente no interesa.

La propuesta está hecha. El balón está en el campo del Gobierno Nacional. Ahora falta ver si prefieren seguir comprando balas o empezar a sembrar esperanza.

El pasado domingo 13 de abril, tres miembros de la comunidad indígena Angosturas, en zona rural de Tame, Arauca, fueron secuestrados por hombres armados no identificados.

Los secuestrados son Luis Jimeno Caballero, Reinaldo Peñaloza Anave y Félix Alberto Vásquez Anave, integrantes del cabildo y de la guardia indígena.

La denuncia la hizo la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (ASCATIDAR), que agrupa a los siete pueblos indígenas de la región. En un comunicado, exigieron que se garantice la vida, la libertad y el regreso sano y salvo de los tres comuneros.