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Condenan al Estado por asesinato de niños a manos del Ejército

El Consejo de Estado condenó al Ejército por la masacre ocurrida en el municipio de Pueblorrico, Antioquia, hace 19 años en la que estuvieron involucrados miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, quienes asesinaron a seis menores de edad en zona rural.

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El Consejo de Estado condenó al Ejército por la masacre ocurrida en el municipio de Pueblorrico, Antioquia, hace 19 años en la que estuvieron involucrados miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, quienes asesinaron a seis menores de edad en zona rural.

Los militares dispararon contra la sede de la Escuela Rural de la vereda La Pica. El Consejo de Estado ordenó reparar económicamente a los familiares de los menores que fueron asesinados por miembros de la Fuerza Pública en agosto de 2000.

Señala la sentencia:

“De los informes alrededor del lamentable suceso, esto es, de los rendidos por la Defensoría del Pueblo y la Alcaldesa del municipio de Pueblorrico, que narran ampliamente y al detalle los anteriores hechos-, además de su aceptación en la forma anteriormente descrita por parte de los miembros de las Fuerzas Militares implicados -tal como se extrae de las declaraciones rendidas por los mismos en el proceso penal militar-, se encuentra probado que la excursión fue atacada por disparos del Ejército Nacional que se prolongaron por 40 minutos y ocasionaron la muerte por arma de fuego de dotación de 6 personas”.

Dos personas que pusieron en conocimiento de las autoridades lo ocurrido, fueron amenazados de muerte en su momento; se trata de los ciudadanos, Hernando Higuita y Lucy del Carmen Vélez.

Agrega el Consejo de Estado que: “los demandantes se vieron obligados a abandonar su domicilio y sus actividades laborales, políticas, sociales y afectivas en Pueblorrico lo que repercutió a nivel económico, emocional y familiar. También han sufrido las marcas dejadas por los hechos vividos en la vereda la Pica, la impresión, el temor que les fue ocasionado, situación que persiste producto de posteriores amenazas”.

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Peligroso criminal que asesinó a mujer embarazada en Tame fue recapturado en Bogotá

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LaPrensaAraucana. En la ciudad de Bogotá fue recapturado el peligroso delincuente venezolano Jesús Enrique Arias Ayala quien se había escapado de la estación de Policía del municipio de Tame el pasado mes de marzo.

Este homicida había sido capturado por la propia comunidad luego de haber asesinado en una finca de la vereda El Jobal del municipio de Tame a la señora Lina Pinto quien se encontraba en estado de embarazo de un niño, ya contaba con seis meses de gestación al momento de su asesinato.

El criminal también secuestró a una niña de ocho años e intentó asesinar al señor Oswaldo Parada esposo de la víctima a quien le propinó un disparo en la columna y lo arrastró con un tractor para desaparecer los cuerpos de la mujer y de su marido creyéndolos muertos.

La menor se le escapó y aviso a los vecinos quienes iniciaron la búsqueda hasta lograr atraparlo, aunque algunos pidieron que lo ajusticiaran las personas decidieron entregarlo a las autoridades quienes lo mantuvieron recluido en la estación de Policía, pero el delincuente se les escapó.

Está acusado de Homicidio Agravado en concurso homogéneo con grado de tentativa y concurso heterogéneo con aborto sin consentimiento, porte y tenencias de armas de fuego accesorios y municiones.

Fue en la ciudad e Bogotá donde la Policía Metropolitana logró recapturarlo el pasado cuatro de agosto según se conoció en algunas imágenes emitidas en redes sociales, hasta el momento las autoridades en el departamento de Arauca no se han pronunciado sobre este hecho.

La familia de las víctimas han insistido en que no permitan que este terrible hecho quede en la impunidad.

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Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño

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Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño que obliga a las entidades a contar con servicio de Intérprete para personas sordas.

Desde hace un poco más de dos años, el Senador, José Vicente Carreño Castro viene trabajando en la modificación del artículo 8 de la ley 982 del 2005 que señala que: «Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas.»

En la modificación el autor del proyecto, busca darle obligatoriedad a las entidades públicas, para garantizar que sus funcionarios sordos o sordociegos estén acompañados de un guía intérprete. El proyecto está dirigido a todas aquellas instituciones públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, además que el servicio se ejecute, tanto de forma presencial, como virtual.

Proyecto que fue aprobado en el Senado de la República pasando a sanción presidencial, Proyecto de ley para que “DE MANERA PAULATINA Y A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025”, las entidades públicas implementen el servicio de intérprete y guía intérprete para personas sordas y sordo-ciegas.

La iniciativa legislativa establece también un trabajo conjunto “con el Instituto Nacional para Sordos INSOR del Ministerio de Igualdad y Equidad y con el acompañamiento de las federaciones y las asociaciones legalmente constituidas de personas sordas y/o de intérpretes del LSC del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local”, y cuando se requiera, dentro de su competencia, el acompañamiento técnico del Ministerio de las TIC, concluye la conciliación.

Hoy las personas con limitaciones auditivas y visuales, contarán con una verdadera Inclusión social.

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Cae banda dadicada a robar camionetas de alta gama

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En una operación que duró cerca de 3 meses en seguimientos en las localidades de Engativa, Suba, Kennedy y Puente Aranda, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 6 integrantes del grupo delincuencial Los Toyoteros dedicados al hurto de vehículos de gama alta. Se les atribuye haber participado en el robo de por lo menos 22 camionetas. En las operaciones se incautaron 3 celulares, un arma de fuego y un taxi con el que hacían los perfilamientos de los vehículos en la ciudad.

Las labores de investigación determinaron que el taxi era clave, ya que pasaba desapercibido en las zonas residenciales. Aprovechaban en muchos casos cuando los vehículos parqueaban sus vehículos en garajes para realizar la acción delictiva.

Los integrantes de esta red fueron enviados a la cárcel luego de que un juez de control de garantías decidiera imponer la medida intramural. En las próximas horas serán enviados a un centro penitenciario.

Asimismo, se conoció que de las 22 camionetas marca Toyota, se recuperaron 12 que ya fueron entregadas a sus respectivos dueños.

El director de la Mebog, general José Daniel Gualdrón Moreno aseguró que entre los delitos que se imputó a los implicados estuvo el de secuestro, pues se logró confirmar que en un caso que robaron un vehículo, se llevaron un menor de edad que se encontraba al interior al momento de la acción; posteriormente fue abandonado en una calle de la ciudad.

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