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A cuchillo asesinan a profesional araucana

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La licenciada en lenguas Modernas, Ingrid Daniela Marín López de 24 años, natural de Arauca, fue encontrada sin vida en un apartamento del barrio La Macarena en el centro de Bogotá, con dos heridas mortales por arma blanca.

Según sus allegados la profesional araucana radicada en Bogotá hace varios años, fue asesinada en la madrugada del lunes por su compañero sentimental. “El agresor le propinó las dos puñaladas y dejó que muriera desangrada, mientras él se encontraba en avanzado estado de embriaguez”, se informó.

La joven que trabajaba en una entidad bancaria, fue atacada lejos de su familia y en total estado de indefensión en medio de un conflicto intrafamiliar, añadieron.

El responsable del hecho fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía.

Daniela Marín, tiene familia en Puerto Rondón y Arauca.

La Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante un comunicado lamentó el fallecimiento de Ingrid Daniela Marín Lopez. “Daniela, será recordada por su carisma, perseverancia, alegría y compañerismo”, señaló la entidad educativa.

Cabe destacar que Daniela era sobrina de la señora Sandra López, quien también fue asesinada por su pareja sentimental en el año 2017.

 

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A presos les estarían cobrando a cambios de ser gestores de paz, hasta en Arauca se ha hablado de esto

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Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición. Estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de paz total, y tener supuestas relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con funcionarios del Gobierno Nacional.

Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado un alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total.

Ante la gravedad de estas versiones, la OACP ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho.

Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación.

Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta.

Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz.

La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida.

A medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad, así lo señaló la oficina del alto comisionado para la paz.

Esto pasaría desapercibido en Arauca sino es porque precisamente con esta figura se ha hablado de beneficiar a políticos y reconocidos cabecillas de estructuras armadas que hoy están en las cárceles para que sean gestores de paz en el territorio, hasta el momento sobre el particular no se han pronunciado oficialmente desde la Presidencia de la República, eso sí, si han pagado puede que la plática se les embolate.

A presos les estarían cobrando a cambios de ser gestores de paz, hasta en Arauca se ha hablado de esto

Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición. Estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de paz total, y tener supuestas relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con funcionarios del Gobierno Nacional.

Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado un alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total.

Ante la gravedad de estas versiones, la OACP ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho.

Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación.

Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta.

Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz.

La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida.

A medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad, así lo señaló la oficina del alto comisionado para la paz.

Esto pasaría desapercibido en Arauca sino es porque precisamente con esta figura se ha hablado de beneficiar a políticos y reconocidos cabecillas de estructuras armadas que hoy están en las cárceles para que sean gestores de paz en el territorio, hasta el momento sobre el particular no se han pronunciado oficialmente desde la Presidencia de la República, eso sí, si han pagado puede que la plática se les embolate.

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Con carteles amenazan a directivos de Atlético Nacional

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La situación en Atlético Nacional cada vez se hace más difícil. La hinchada sigue exigiendo la salida del presidente Mauricio Navarro, y del vicepresidente, Benjamín Romero, y este jueves volvieron a ser víctimas de indignantes amenazas en su contra.

Según se divulgó en redes sociales, las calles de Medellín amanecieron con algunos carteles en los que «invitan a las exequias» de Navarro y Romero. Amenazas que se suman a la de hace unos días en la sede administrativa en Itagüí, cuando aparecieron gallinas muertas junto a la foto de Romero.

Este jueves, el periodista Juan Felipe Cadavid llamó la atención de las autoridades en Medellín y mencionó que esto rompió con cualquier protesta pacífica.

«Esto ya no es un reclamo pacífico, esto ya es delincuencia. Las autoridades en Medellín no pueden permitir que la inconformidad de algunos hinchas pase a amenazas de este tipo. Con estos panfletos amanecieron algunas calles de la capital antioqueña», dijo en Twitter.

Y es que los carteles que invitan al funeral de los directivos aparecieron pegados en diferentes puntos de Medellín.

«Él decidirá la fecha y la hora», avisa el panfleto amenazante.

Además de los carteles fúnebres y las gallinas muertas, Navarro y Romero ya habían denunciado amenazas antes de terminar el 2022.

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Disidencias de las Farc regalan kits escolares en escuelas

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El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que grupos armados ilegales están haciendo patrullajes en varias escuelas rurales del norte del departamento.

Reveladores videos muestran como los integrantes de un grupo armado alistan lo que serían kits escolares para entregárselos a los niños.

Tomado twitter cm& la noticia
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