Hakan Bilgin, responsable de médicos del mundo para Turquía y Siria, reveló en Blu Radio la difícil situación que viven estos dos países por los más recientes terremotos, los más grandes de 7.8 y 7.7, que han dejado más de 1.500 muertos.

“Lo más difícil por gestionar son las repeticiones de los terremotos y el acceso a las zonas porque hace muy mal tiempo, pero también tenemos problemas con las carreteras y aeropuertos”, explicó en Mañanas Blu.

El médico agregó que los servicios de emergencia trabajan duramente para rescatar a las personas atrapadas en los edificios, una situación que se agrava por el mal clima.

“Hemos tenido dos terremotos hace dos años, pero no tan fuerte. Es difícil porque para atender una situación de este tipo necesitamos muchos recursos”, puntualizó.

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió esta madrugada Turquía ha dejado más de 1.500 muertos, al menos 912 fallecidos y más de 5.300 heridos sólo en ese país, a los que se suman otras 592 víctimas mortales en territorio sirio, informaron diversas fuentes.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue el encargado de anunciar el último balance de muertos y heridos en Turquía, si bien debido a que los trabajos de rescate están en marcha no quiso dar una cifra total de posibles víctimas.

“Es el segundo más fuerte desde el terremoto de Erzincan de 1939. Según las últimas evaluaciones es de 7,7. Hay graves daños también en las zonas vecinas de Siria», dijo el mandatario turco, al confirmar que se han registrado derrumbes o daños graves en más de 2.800 viviendas y que se ha rescatado con vida a 2.470 personas de los escombros.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate. En Siria, inmersa en más de una década de guerra civil, la zona afectada se divide entre el territorio controlado por el Gobierno de Bachar al Asad y el último enclave del país controlado por la oposición, que está rodeado por fuerzas gubernamentales respaldadas por Rusia.

Así, el seísmo ha dejado al menos 592 muertos y 1.508 heridos en territorio sirio, entre ellos 371 fallecidos y 1.089 heridos registrados en zonas en manos de Damasco en las provincias noroccidentales de Tartus, Latakia, Hama y Alepo, según la agencia oficial de noticias SANA.

Por otro lado, en la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión opositor del país, y en otras partes de la vecina Alepo que también se escapan al control de Damasco se han contabilizado otras 221 víctimas mortales y 419 heridos adicionales, de acuerdo con el grupo de rescatistas Cascos Blancos.

Estas zonas opositoras son fronterizas con Turquía y se encuentran más cerca del epicentro, por lo que la diferencia en el balance podría deberse a su menor capacidad de coordinar el recuento al no haber única autoridad gubernamental a cargo de las operaciones de rescate.

Tomado: Blu Radio.com

Las autoridades brasileñas empezaron rápidamente a lanzar investigaciones y medidas judiciales desde la noche del domingo, luego del asalto de unos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, en un ataque condenado por la comunidad internacional.

En unos incidentes que recuerdan los ataques al Capitolio en Washington hace dos años por unos simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, miles de bolsonaristas traspasaron las barreras policiales y penetraron las sedes del poder en Brasilia, destrozando ventanas y vandalizando oficinas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había ido a Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por las recientes inundaciones, volvió en la noche del domingo a Brasilia para constatar los daños en el palacio presidencial y el máximo tribunal.

“Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados”, escribió en Twitter. “Democracia siempre”, añadió el mandatario, que despachará el lunes desde el palacio presidencial, pese a los destrozos. Los disturbios, que dejaron al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal, provocaron una primera respuesta de las instituciones brasileñas.

Comienzan las investigaciones en Brasil:

La Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente las investigaciones que lleven a “responsabilizar a los involucrados” en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.

El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, le pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de “verdaderos terroristas”. “En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones”, afirmó.

Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro. A su vez, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo.

La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar el arresto de Torres y “otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones”, según varios medios locales.

Moraes también ordenó que se desocuparan totalmente, “en 24 horas”, los campamentos levantados frente a los cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro, descontentos por su derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.

A lo largo del día, una marea humana vestida de amarillo y verde, colores de la bandera nacional, pero cooptados por los bolsonaristas, ocupó las sedes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña (centro). Los bolsonaristas pedían una “intervención militar” para desandar el gobierno de Lula, inaugurado hace una semana como presidente de Brasil por tercera vez, luego de gobernar la primera economía latinoamericana entre 2003 y 2010.

Lula denunció un “gesto antidemocrático” como “nunca se había hecho en la historia” de Brasil y anunció castigos legales contra los responsables de los destrozos y “quienes los financian”. En un tuit, Bolsonaro, que partió a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula, condenó los “saqueos e invasiones de edificios públicos”.

En otro mensaje, el ultraderechista rechazó las acusaciones “infundadas” de su sucesor. Por su parte, Lula declaró que los “discursos” del expresidente de extrema derecha “estimularon” a los “vándalos fascistas” a llegar a invadir las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, edificios vecinos ubicados en la denominada Explanada de los Ministerios.

En el mundo, numerosos dirigentes condenaron la toma de las sedes del poder en Brasilia. El presidente estadounidense, Joe Biden, lo resumió en una palabra: “escandaloso”. Los mandatarios de Francia, España, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba y Chile, entre otros, también rechazaron el ataque.

Durante varias horas, los bolsonaristas se adueñaron del centro del poder en Brasilia. Aunque las autoridades habían acordonado la zona, los manifestantes lograron abrirse paso a la fuerza, saltar vallas y congregarse en el techo del Congreso, de arquitectura modernista, constató un reportero de la AFP.

Un policía fue tirado de su caballo y golpeado por la multitud. Al menos cinco reporteros también fueron agredidos, según un sindicato de periodistas, entre los que se cuenta un fotógrafo de la AFP. La marea humana irrumpió en el Congreso nacional, con muchos manifestantes ondeando banderas brasileñas en un tinte patriótico.

Los daños en los edificios, tesoros de la arquitectura, son considerables. Cuadros de un valor inestimable fueron dañados, como “Mulatas”, de Di Cavalcanti, según fotografías que circulan en redes sociales. De acuerdo con la cadena de televisión CNN, los manifestantes incendiaron la alfombra del Congreso, que tuvo que ser inundado para apagar el incendio.

Además, los miembros del gobierno de Lula denunciaron el robo de armas y municiones del Palacio de Planalto. Inicialmente sobrepasadas por los manifestantes, las autoridades retomaron el control del centro del poder en Brasilia, luego de que el jefe de Estado colocara las fuerzas del orden local bajo control federal.

Tomado: El Espectador.com

Tiene 32 años, le dicen ‘el Ratón’, es uno de los herederos del Cártel de Sinaloa y EE.UU. había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

Se trata de Ovidio Guzmán López, el jefe narco que este jueves fue detenido por segunda ocasión por el Gobierno mexicano. Y, contrario a lo que ocurrió en la primera ocasión, ya no fue liberado a pesar de la explosión de violencia que su arresto provocó en Sinaloa.

Su nombre era conocido como parte del variado mapa del narcotráfico en México, un país en el que operan decenas de organizaciones criminales con el Cártel de Sinaloa a la cabeza, pero saltó a la fama internacional el 17 de octubre de 2019, cuando fue capturado en una de sus casas en Culiacán.

Al igual que lo que ocurre hoy, ese día la reacción del Cártel fue a pura violencia y terror en el Estado. Esa jornada aciaga, que la prensa bautizó como ‘el Culiacanazo’, dejó un saldo de ocho muertos, decenas de heridos, bloqueos de calles y carreteras, enfrentamientos, ataques a sedes militares, fuga de presos, balaceras e incendios de autos, negocios y propiedades.

Luego de horas de incertidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador –que estaba por cumplir apenas un año en el Gobierno– decidió liberar Guzmán López. Dijo que era para evitar una masacre.

La decisión desató uno de los escándalos y crisis políticas más graves que ha enfrentado su Gobierno.

Desde entonces, el presidente se ha tenido que referir de manera recurrente al ‘Culiacanazo’ en conferencias de prensa, en las que ha insistido que la población civil estaba en riesgo y que su prioridad era protegerla.

«Si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión«, aseguró a finales de 2021.

Una vez liberado, Guzmán López se empoderó en el Cártel de Sinaloa junto con tres de sus hermanos. Eran conocidos como ‘los Chapitos’, los herederos del imperio criminal de Guzmán Loera.

Pero este jueves su suerte se terminó. La segunda captura, parece, fue la vencida.

Tomado de RT.com

Esta vez no fue el frente de guerra oriental sino el propio comandante de la guerrilla del ELN alias “Antonio García” quien en su cuenta de twitter o X acusó al Ejército Nacional de supuestamente coordinar y adelantar acciones en contra del ELN en conjunto con las disidencias de las Farc.

En su cuenta @antonioGaCDTE señala:

“En próximos días se publicará un video de un capturado de las Ex-farc en Arauca que confirma fue enviado por Richard, mando del Grupo de Ex-farc del Catatumbo, para realizar inteligencia y coordinar operaciones contra el ELN”

“El capturado confirma que las Ex-farc del Catatumbo realizaron reuniones de coordinación con Arturo Paz y Antonio Medina para actuar contra el ELN hace más de dos años.”

“También confirma que hay integrantes del Ejército colombiano en filas de las Ex-farc, y están operando conjuntamente en Arauca.”

No es la primera vez que este grupo al margen de la ley acusa a la fuerza pública de presuntas alianzas con las disidencias de las Farc, situación que ha sido negada tajantemente por el Ejército Nacional en algunos medios de comunicación.

Justo cuando iba a iniciar su día de escuela la pequeña Sofía Luna de apenas 11 añitos de edad recibió la mordedura de una serpiente que estaba alojada en el lugar donde habitualmente coloca sus cuadernos en su pupitre de la escuela de la vereda La Payara del municipio de Arauca.

El animal fue sacrificado ante las lesiones que le causó a la menor mientras que la niña fue trasladada rápidamente al hospital San Vicente de la ciudad de Arauca donde se le brindan los cuidados médicos.

Según han señalado los padres de familia, la falta de mantenimiento de la sede educativa genera el ambiente propicio, pues la vegetación es abundante, para que los reptiles lleguen hasta los puestos de los propios niños, se pide a la secretaría de educación del municipio y del Departamento atender esta situación lo antes posible, otra escuela que vive similares circunstancias es la de la vereda El Torno, indicaron.

Con medida de aseguramiento privativa de la libertad fue afectado José Obdulio Mosquera Mosquera, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por el delito delitos de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las Investigaciones adelantadas por un fiscal de la seccional Arauca, evidenciaron que el hombre, capturado en flagrancia por uniformados del Ejército y la Policía Nacional el pasado 16 de septiembre tenía en su poder un arma fuego tipo pistola calibre 9 mm, un proveedor y 18 cartuchos para la misma.

El procesado no aceptó los cargos y cumplirá la medida impuesta por un juez en la estación de Policia de Arauquita, mientras el INPEC define su centro de reclusión.