Hakan Bilgin, responsable de médicos del mundo para Turquía y Siria, reveló en Blu Radio la difícil situación que viven estos dos países por los más recientes terremotos, los más grandes de 7.8 y 7.7, que han dejado más de 1.500 muertos.

“Lo más difícil por gestionar son las repeticiones de los terremotos y el acceso a las zonas porque hace muy mal tiempo, pero también tenemos problemas con las carreteras y aeropuertos”, explicó en Mañanas Blu.

El médico agregó que los servicios de emergencia trabajan duramente para rescatar a las personas atrapadas en los edificios, una situación que se agrava por el mal clima.

“Hemos tenido dos terremotos hace dos años, pero no tan fuerte. Es difícil porque para atender una situación de este tipo necesitamos muchos recursos”, puntualizó.

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió esta madrugada Turquía ha dejado más de 1.500 muertos, al menos 912 fallecidos y más de 5.300 heridos sólo en ese país, a los que se suman otras 592 víctimas mortales en territorio sirio, informaron diversas fuentes.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue el encargado de anunciar el último balance de muertos y heridos en Turquía, si bien debido a que los trabajos de rescate están en marcha no quiso dar una cifra total de posibles víctimas.

“Es el segundo más fuerte desde el terremoto de Erzincan de 1939. Según las últimas evaluaciones es de 7,7. Hay graves daños también en las zonas vecinas de Siria», dijo el mandatario turco, al confirmar que se han registrado derrumbes o daños graves en más de 2.800 viviendas y que se ha rescatado con vida a 2.470 personas de los escombros.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate. En Siria, inmersa en más de una década de guerra civil, la zona afectada se divide entre el territorio controlado por el Gobierno de Bachar al Asad y el último enclave del país controlado por la oposición, que está rodeado por fuerzas gubernamentales respaldadas por Rusia.

Así, el seísmo ha dejado al menos 592 muertos y 1.508 heridos en territorio sirio, entre ellos 371 fallecidos y 1.089 heridos registrados en zonas en manos de Damasco en las provincias noroccidentales de Tartus, Latakia, Hama y Alepo, según la agencia oficial de noticias SANA.

Por otro lado, en la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión opositor del país, y en otras partes de la vecina Alepo que también se escapan al control de Damasco se han contabilizado otras 221 víctimas mortales y 419 heridos adicionales, de acuerdo con el grupo de rescatistas Cascos Blancos.

Estas zonas opositoras son fronterizas con Turquía y se encuentran más cerca del epicentro, por lo que la diferencia en el balance podría deberse a su menor capacidad de coordinar el recuento al no haber única autoridad gubernamental a cargo de las operaciones de rescate.

Tomado: Blu Radio.com

Las autoridades brasileñas empezaron rápidamente a lanzar investigaciones y medidas judiciales desde la noche del domingo, luego del asalto de unos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, en un ataque condenado por la comunidad internacional.

En unos incidentes que recuerdan los ataques al Capitolio en Washington hace dos años por unos simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, miles de bolsonaristas traspasaron las barreras policiales y penetraron las sedes del poder en Brasilia, destrozando ventanas y vandalizando oficinas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había ido a Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por las recientes inundaciones, volvió en la noche del domingo a Brasilia para constatar los daños en el palacio presidencial y el máximo tribunal.

“Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados”, escribió en Twitter. “Democracia siempre”, añadió el mandatario, que despachará el lunes desde el palacio presidencial, pese a los destrozos. Los disturbios, que dejaron al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal, provocaron una primera respuesta de las instituciones brasileñas.

Comienzan las investigaciones en Brasil:

La Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente las investigaciones que lleven a “responsabilizar a los involucrados” en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.

El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, le pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de “verdaderos terroristas”. “En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones”, afirmó.

Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro. A su vez, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo.

La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar el arresto de Torres y “otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones”, según varios medios locales.

Moraes también ordenó que se desocuparan totalmente, “en 24 horas”, los campamentos levantados frente a los cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro, descontentos por su derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.

A lo largo del día, una marea humana vestida de amarillo y verde, colores de la bandera nacional, pero cooptados por los bolsonaristas, ocupó las sedes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña (centro). Los bolsonaristas pedían una “intervención militar” para desandar el gobierno de Lula, inaugurado hace una semana como presidente de Brasil por tercera vez, luego de gobernar la primera economía latinoamericana entre 2003 y 2010.

Lula denunció un “gesto antidemocrático” como “nunca se había hecho en la historia” de Brasil y anunció castigos legales contra los responsables de los destrozos y “quienes los financian”. En un tuit, Bolsonaro, que partió a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula, condenó los “saqueos e invasiones de edificios públicos”.

En otro mensaje, el ultraderechista rechazó las acusaciones “infundadas” de su sucesor. Por su parte, Lula declaró que los “discursos” del expresidente de extrema derecha “estimularon” a los “vándalos fascistas” a llegar a invadir las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, edificios vecinos ubicados en la denominada Explanada de los Ministerios.

En el mundo, numerosos dirigentes condenaron la toma de las sedes del poder en Brasilia. El presidente estadounidense, Joe Biden, lo resumió en una palabra: “escandaloso”. Los mandatarios de Francia, España, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba y Chile, entre otros, también rechazaron el ataque.

Durante varias horas, los bolsonaristas se adueñaron del centro del poder en Brasilia. Aunque las autoridades habían acordonado la zona, los manifestantes lograron abrirse paso a la fuerza, saltar vallas y congregarse en el techo del Congreso, de arquitectura modernista, constató un reportero de la AFP.

Un policía fue tirado de su caballo y golpeado por la multitud. Al menos cinco reporteros también fueron agredidos, según un sindicato de periodistas, entre los que se cuenta un fotógrafo de la AFP. La marea humana irrumpió en el Congreso nacional, con muchos manifestantes ondeando banderas brasileñas en un tinte patriótico.

Los daños en los edificios, tesoros de la arquitectura, son considerables. Cuadros de un valor inestimable fueron dañados, como “Mulatas”, de Di Cavalcanti, según fotografías que circulan en redes sociales. De acuerdo con la cadena de televisión CNN, los manifestantes incendiaron la alfombra del Congreso, que tuvo que ser inundado para apagar el incendio.

Además, los miembros del gobierno de Lula denunciaron el robo de armas y municiones del Palacio de Planalto. Inicialmente sobrepasadas por los manifestantes, las autoridades retomaron el control del centro del poder en Brasilia, luego de que el jefe de Estado colocara las fuerzas del orden local bajo control federal.

Tomado: El Espectador.com

Tiene 32 años, le dicen ‘el Ratón’, es uno de los herederos del Cártel de Sinaloa y EE.UU. había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

Se trata de Ovidio Guzmán López, el jefe narco que este jueves fue detenido por segunda ocasión por el Gobierno mexicano. Y, contrario a lo que ocurrió en la primera ocasión, ya no fue liberado a pesar de la explosión de violencia que su arresto provocó en Sinaloa.

Su nombre era conocido como parte del variado mapa del narcotráfico en México, un país en el que operan decenas de organizaciones criminales con el Cártel de Sinaloa a la cabeza, pero saltó a la fama internacional el 17 de octubre de 2019, cuando fue capturado en una de sus casas en Culiacán.

Al igual que lo que ocurre hoy, ese día la reacción del Cártel fue a pura violencia y terror en el Estado. Esa jornada aciaga, que la prensa bautizó como ‘el Culiacanazo’, dejó un saldo de ocho muertos, decenas de heridos, bloqueos de calles y carreteras, enfrentamientos, ataques a sedes militares, fuga de presos, balaceras e incendios de autos, negocios y propiedades.

Luego de horas de incertidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador –que estaba por cumplir apenas un año en el Gobierno– decidió liberar Guzmán López. Dijo que era para evitar una masacre.

La decisión desató uno de los escándalos y crisis políticas más graves que ha enfrentado su Gobierno.

Desde entonces, el presidente se ha tenido que referir de manera recurrente al ‘Culiacanazo’ en conferencias de prensa, en las que ha insistido que la población civil estaba en riesgo y que su prioridad era protegerla.

«Si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión«, aseguró a finales de 2021.

Una vez liberado, Guzmán López se empoderó en el Cártel de Sinaloa junto con tres de sus hermanos. Eran conocidos como ‘los Chapitos’, los herederos del imperio criminal de Guzmán Loera.

Pero este jueves su suerte se terminó. La segunda captura, parece, fue la vencida.

Tomado de RT.com

No paran las quejas de la ciudadanía en contra del servicio que presta la aerolínea CLIC air en el departamento de Arauca, el último caso se presentó esta semana en el aeropuerto del municipio de Saravena cuando una pasajera que debía recibir quimioterapia en Bucaramanga le negaron el servicio que estaba previamente autorizado.

La ciudadana llegó al aeropuerto a la 1y 45 de la tarde; su vuelo estaba programado para las 4  pm, le  habían indicado que debía estar dos horas antes, situación que cumplió como le indicaron desde la aerolínea, al llegar dos horas y 15 minutos antes al aeropuerto se encontró que la aerolínea había adelantado el vuelo y ya estaban abordando el avión.

Al no encontrar personal de la empresa para atenderla solo pudo ver como el avión tomó vuelo rumbo a Bucaramanga perdiendo la cita para su quimioterapia, tratamiento que recibe por tener cáncer.

Cuando pudo dialogar con los trabajadores de CLIC estos solo le informaron que llamaron pero que no contestaron situación que resulta completamente falsa pues la pasajera no registra ninguna llamada perdida o atendida durante todo el día que proceda de la empresa.

“Es humillante, no solo no prestan el servicio, sino que se valen de mentiras para justificarse, su servicio es muy malo, sus aviones son de baja calidad, y su personal no es suficiente para atender a la ciudadanía, perdí mi quimioterapia, una cita que no es fácil de conseguir y que debo además cumplir con rigurosidad porque la enfermedad que tengo es algo muy delicado, hoy juegan con mi vida, mañana puede ser la suya si llega a ser usuario de esa aerolínea”, indicó en medio del llanto la humilde mujer.

En medio de crecientes inquietudes sobre la asignación de subsidios de vivienda en Arauca, el secretario de Inclusión Social, William Paúl León Roa, ofreció aclaraciones detalladas sobre el proceso, destacando la transparencia y rigurosidad en la selección de los beneficiarios.  

«Queremos agradecer a todas aquellas personas que han presentado la documentación requerida para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, ya sea para el mejoramiento de vivienda o la construcción en sitio propio», inició León. Además, explicó que el proceso comienza con una verificación exhaustiva de la documentación entregada, conocida como «check list», para asegurar que los beneficiarios cumplan con los requisitos de vulnerabilidad y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Vivienda.  

El secretario dejó claro que no se trata de un proceso arbitrario, ni de «solucionar con un papel o cambiando fechas». Bajo la dirección del alcalde Juan Qüenza, el enfoque ha sido dar ejemplo de transparencia, asegurando que los subsidios se asignen conforme a las condiciones legales, sin ningún tipo de favoritismo.  

«Invitamos a aquellos que crean haber quedado por fuera del proceso a acercarse y solicitar información pertinente», añadió León, enfatizando que algunas personas fueron excluidas tras la revisión de su situación. Por ejemplo, se detectaron casos donde personas poseían más de una propiedad o presentaban documentos fuera de los plazos establecidos, lo que llevó a su descalificación.  

León también subrayó que los ciudadanos pueden actualizar su documentación para futuros proyectos de mejoramiento de vivienda. «Cerca de 530 personas se presentaron en la convocatoria anterior, y quienes necesiten actualizar su carpeta pueden hacerlo. Esperamos en uno o dos meses abrir una nueva convocatoria», informó.  

Finalmente, el secretario anunció que se publicarán los nombres de los 14 beneficiarios de construcción en sitio propio y los 30 de mejoramiento de vivienda en las próximas semanas. Además, exhortó a los ciudadanos a estar pendientes de las convocatorias a través de la página de la alcaldía y la Secretaría de Inclusión Social, ya que es difícil contactar a cada persona de forma individual. 

Estas declaraciones reafirman el compromiso de la Administración Municipal, liderada por el alcalde Juan Qüenza, con un proceso de asignación de subsidios justo para los araucanos y basado en las normas vigentes.

El gobernador Renson Martínez Prada clausuró este lunes el tercer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, destacando el respaldo constante de los once diputados.

“Gracias a la confianza que siempre hemos recibido de la Asamblea, nuestro compromiso es claro: debemos gestionar y ejecutar estos recursos con responsabilidad y eficiencia”, expresó el mandatario.

Durante su intervención, el gobernador también hizo un llamado a la solidaridad: “En estos tiempos difíciles, los araucanos debemos estar más unidos y contribuir al desarrollo de nuestro departamento”. Asimismo, reiteró su firme rechazo a los recientes actos terroristas perpetrados por grupos al margen de la ley.

La presidenta de la Asamblea, Maricel Ortiz, subrayó que se aprobaron cuatro importantes proyectos de ordenanza, los cuales, una vez sancionados, se convertirán en herramientas para el progreso de Arauca. Ortiz destacó que más de 41 mil millones de pesos fueron aprobados en total durante estas sesiones.

Entre los proyectos aprobados figuran la adición de recursos no aforados de la actual vigencia fiscal, la asignación de más de 30 mil millones de pesos en vigencias futuras para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la adquisición de equipos de emergencia para el Comité Departamental de Gestión del Riesgo (CDGR), y la modificación del presupuesto de gastos para mejorar la malla vial terciaria y reforzar los recursos de inversión para la vigencia de 2024.

En su mensaje final, el gobernador Martínez enfatizó que, con el apoyo interinstitucional, se obtendrán los resultados que los araucanos están esperando.