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Fiscalía imputará cargos y solicitará medidas de aseguramiento contra al menos 4 funcionarios de la Gobernación de Arauca

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La Fiscalía General de la Nación imputará cargos y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, esto por estar presuntamente implicados en hechos de corrupción en contratos relacionados con la atención de la emergencia derivada por la propagación del Coronavirus COVID – 19.

Estos mandatarios serán judicializados por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.

«No es un proceso de linchamiento a funcionarios. Es un proceso de moralización de la acción pública», enfatizó el Fiscal General, Francisco Barbosa. 

 Los diez alcaldes afectados con esta decisión son: 

 1. Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.

 2. Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.

 3. Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.

 4. Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.

 5. Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.

 6. San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.

 7. San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.

 8. Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.

 9. Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.

 10. Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

 El anuncio lo realizó el fiscal General Francisco Barbosa, quien reportó que los alcaldes de Guaduas y Palocabildo, fueron capturados ante la contundencia de las pruebas.

El Fiscal Barbosa indicó que en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema existen indagaciones contra 14 gobernadores, ellos son:
Arauca, Magdalena, Cesar, San Andrés, Guaviare, Vichada, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés.
 

El fiscal Barbosa indicó que en desarrollo de estas investigaciones los peritos verificaron más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social.

Asimismo, los investigadores realizaron 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de Policía Judicial en los 32 departamentos del país. 

En la actualidad hay 68 indagaciones abiertas y se formularon 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Otros interrogatorios

De manera simultánea, la Fiscalía citó a rendir interrogatorio a otros tres alcaldes en calidad de indiciados como son los mandatarios de Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo; Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa y Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez.

También serán llamados a rendir a interrogatorio el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Sincelejo, Kattiuska Margarita Fernández Castillo; el Supervisor de Contratos en Sincelejo, Leonardo Beltrán Pinto; el Director Técnico de Gestión Contractual de Sincelejo, Andrés Gutiérrez Ahumada; el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de Sincelejo, Gustavo Pérez Mier. 

Igualmente, deberán rendir explicaciones en diligencia de interrogatorio el representante legal de Biel People Publicidad, Hugo José Tabares Sierra; la representante legal de Abastos y Fruver El Paraíso, María Eugenia Mercado Pertuz; la ex secretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil; el Jefe de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga y el Contratista de Acacías (Meta), César Alonso Daza.

Otras imputaciones 

El Fiscal General advirtió que por todo este escándalo también se formularán  imputaciones y se solicitará medida de aseguramiento contra otros  23 funcionarios funcionarios públicos, contratistas e intermediarios.

Estas imputaciones y medidas de aseguramiento afectan a:

 1. Concejal de Tuluá (Valle del Cauca), Carlos Arturo Londoño, quien fue capturado.

 2. Directora Administrativa de la Alcaldía de Armenia (Quindío), Gabriela Valencia Vásquez.

 3. Secretaria Privada de la Alcaldía de Pereira (Risaralda), Mónica Patricia Botero Montoya.

 4. Director de Gestión del Riesgo de Pereira (Risaralda), Alexander López.

 5. Secretario de Educación departamental de Arauca, William Arévalo.

 6. Asesor de Cultura y Turismo de Arauca, Omar Alberto Cisneros.

 7. Gerente de Contratación de Arauca, Heivind Palomino Gutiérrez.

 8. Secretario General y de Gobierno de Palocabildo (Tolima), José Manuel Troncoso.

 9. Secretario Administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaria.

 10. Secretario General y de Gobierno de San Antonio (Tolima), Luis Enrique Polo Álvarez.

 11. Representante legal de la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva) de Malambo (Atlántico), Marla María Macías Beleño.

 12. Supervisora contrato Malambo (Atlántico), Doris Monsalve Parra.

 13. Representante legal empresa contratista Armenia, Hernando Pérez Bedoya.

 14. Contratista de Pereira (Risaralda), Julio César Bustos Villegas.

 15. Contratista de Pereira (Risaralda), Jhon Jairo Segura Varela.

 16. Gerente de supermercado en Pereira (Risaralda), Efraín Rodríguez Prieto.

 17. Contratista en Arauca, Jhon Elver Garrido.

 18. Contratista en Cereté (Córdoba), Luz Fanny Suárez Montoya.

 19. Contratista en Guaduas (Cundinamarca), Marco Héctor Arias Bobadilla.

 20. Intermediario de contratos en Guaduas (Cundinamarca), Yasmín Campos. 

 21. Intermediario de contratos en Guaduas (Cundinamarca), Luis Hernández.

 22. Contratista en San Antonio (Tolima), Carlos Fernando Tovar Perea.

 23. Contratista en San Antonio (Tolima), Edward Fernando Hernández Oliveros.

 Otros gobernadores en la mira

 De igual forma, los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citaron a interrogatorio en calidad de indiciados los gobernadores de San Andrés Islas, Everth Hawkins; Arauca, José Facundo Castillo y Guaviare, Heydeer Palacio.

Esta misma unidad adelanta indagaciones contra 14 gobernadores de los departamentos de  Arauca, Magdalena, Cesar, San Andrés, Guaviare,  Vichada, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés.

El fiscal Barbosa enfatizó que próximamente se tomarán decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento contra varios mandatarios departamentales y municipales, por conductas penales relacionadas con actos de corrupción.

 

 

 

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“Empresas como Luker y Nestlé pretender robarse la denominación de origen del cacao araucano” Senador de la República

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#LaPrensaAraucana. En la plenaria del Senador, el congresista Jairo Alberto Castellanos realizo una férrea defensa del departamento de Arauca, al denunciar que las empresas Luker y Nestle pretenden robarse la denominación de origen del Cacao araucano, uno de los mejores del mundo.

Recordemos que en su momento el primer defensor de la denominación de origen del Cacao araucano fue el propio Gobernador, Renson Martínez Prada quien le indicó a la Federación de Cacaoteros que no permitirá que imponga una denominación regional, Orinoquia, solo para favorecer a las multinacionales y afectar a miles de familias araucanas que producen cacao de alta calidad y que encuentran el sustento de sus hogares con el cultivo y transformación de este alimento.

Los conocedores del tema han señalado que a través de la Federación las multinacionales buscan tener una denominación de origen regional para producir grandes cantidades de hectáreas de Cacao en el departamento del Meta, favoreciéndose de la alta calidad del de Arauca para meterlos en el mismo paquete, imponer sus precios y hasta bajar la calidad del grano, situación que será supremamente dañina para los campesinos araucanos.

El congresista señaló “desde el Senado, hago un llamado urgente para defender a Arauca. No sólo enfrentamos violencia y abandono estatal, sino también una amenaza contra nuestra economía: la lucha por la denominación de origen del cacao araucano. Empresas como Luker y Nestlé pretenden apropiarse de lo que es nuestro. ¡No podemos permitirlo!”.

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«La prensa en Arauca está en alto riesgo» Flip

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En los últimos dos años, grupos armados ilegales han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Según nuestra documentación, en 2022 los ataques del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN contra periodistas correspondieron al 57.45% del total de agresiones en el departamento. Si bien en 2023 el porcentaje bajó a 45%, en lo corrido del 2024 alcanza el 50%. Esta violencia ha causado que los y las periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre conflicto armado, orden público y violación de derechos humanos, producto de la acción de estos grupos que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran.

Este año, tanto el ELN como el EMC-FARC han emitido pronunciamientos en los que acusan a periodistas y medios de comunicación de estar vinculados o participar con el grupo armado contrario. En el caso más reciente, ocurrido el pasado 5 de abril, el ELN publicó un comunicado acusando a medios y periodistas de que “estigmatizan, criminalizan y asesinan las organizaciones populares, proyectos alternativos y dirigentes sociales”. Además, los relacionó como “verdugos del pueblo” y “cómplices de los planes de las bandas mercenarias de la muerte” y advirtió que agudizará su actuar en contra de esta población.

Involucrar a la prensa en la comisión de un delito tan grave, como es el asesinato por el ejercicio legítimo de informar y opinar sobre hechos de interés público, resulta altamente riesgoso para los y las periodistas del departamento, pues quedan relacionados con las dinámicas de guerra de grupos al margen de la ley.

Hasta el 10 de abril de este año hemos registrado nueve agresiones, entre las que se encuentran intimidaciones, acosos y amenazas en contra de al menos nueve periodistas. En cinco de estos casos, los agresores fueron integrantes del EMC-FARC y el ELN. Solo esta semana recibimos el reporte de un periodista, quien aseguró que recibió información sobre un plan para atentar contra su vida, y de otro, que decidió abandonar el departamento para salvaguardar su integridad después de recibir varias amenazas.

Desde el año 2022, cuando empezamos a evidenciar un recrudecimiento de la violencia contra la prensa en el departamento, en la FLIP hemos acompañado a periodistas de Arauca en la activación de rutas de protección con autoridades como la Policía y la Fiscalía General de la Nación, e instituciones como la Unidad Nacional de Protección (UNP). También hemos brindado apoyo en la reubicación de cinco periodistas que tuvieron que salir desplazados forzadamente. Aunque estas medidas se deben seguir promoviendo, resultan insuficientes ante el riesgo que enfrentan las y los comunicadores actualmente.

Por esto, insistimos en la necesidad de que en la mesa de diálogo del Gobierno Nacional con el ELN y con el EMC-FARC, se aborde la violencia contra los y las periodistas, y se exija no involucrarles en las dinámicas del conflicto.

También es indispensable que desde las autoridades y entidades locales, departamentales y nacionales se genere un discurso público que rodee a la prensa. Por ello, hacemos un llamado urgente a que el Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca y las alcaldías municipales del departamento se articulen y creen una campaña de respaldo a la labor de la prensa. Esta estrategia debe ser sostenida en el tiempo y estar encaminada a defender el ejercicio periodístico y contrarrestar la estigmatización de la que han sido blanco periodistas y medios de comunicación locales.

Adicionalmente, las gobernaciones y alcaldías deben incluir en sus consejos de seguridad la situación de la prensa y encaminar acciones a la protección particular de los y las periodistas, teniendo en cuenta que son sujetos de especial protección constitucional según lo ha recordado la Corte Constitucional en su Sentencia C-116/21.

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Disidencias buscarían atentar contra el Gobernador de Arauca

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La jefe de la sección de análisis criminal del CTI de la Fiscalía a través de una alerta temprana informó que las disidencias de las Farc comandadas por alias “Pescado” o “Héctor Aguilar” estarían preparando atentados en el departamento de Arauca.

Según la entidad los irregulares buscarían perpetrar actos terroristas en contra de guarniciones militares y contra la integridad del Gobernador Renson Martínez Prada al igual que el ciudadano José Joaquín Marchena ex representante a la Cámara.

La administración departamental emitió un comunicado en el que rechazan estos actos.

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