Nacionales
Por qué se dicta medida de aseguramiento en contra del ex presidente Uribe
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. Es la primera vez en la historia que se le impone una medida de este tipo a un exjefe de Estado.
Por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Es la primera vez en la historia de Colombia que se ordena una medida de este tipo en contra de un expresidente de la República. El propio senador Uribe trinó lamentando la decisión de la Corte. Se conoció que la Sala de Instrucción, luego de debatir la ponencia del magistrado César Augusto Reyes, llamó al expresidente y, en esa llamada, le notificó que en su contra hay una medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
El caso tiene que ver con el intento de manipulación del procesado Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que vinculó al expresidente Uribe con la creación del bloque Metro de las Autodefensas que operó en Antioquia. El expresidente y senador del Centro Democrático aportó su versión el 8 de octubre del 2019, ante el magistrado César Augusto Reyes, en una diligencia que en su momento paralizó las actividades en el Palacio de Justicia y puso en estado de alerta al país político. La decisión de hoy, seguramente también tendrá efectos similares.
Para la Sala de Instrucción en pleno (no participó la magistrada Cristina Lombana, quien fue apartada del caso), fue necesario dictar una orden de captura para garantizar la comparecencia de Uribe al proceso. Luego de legalizar su captura y definir el lugar de reclusión, vendrá un proceso probatorio hasta el cierre de la investigación en el que la Sala de Instrucción decidirá si precluye el caso o llama a juicio al exmandatario.
El origen del caso
En febrero de 2012, en desarrollo de un debate de control político sobre la génesis y desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, el senador Iván Cepeda detalló graves hechos relacionados con la hacienda Guacharacas, de propiedad de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó en el nordeste antioqueño.
El congresista reveló en su debate que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, ex trabajador de la finca condenado por paramilitarismo, y de otro paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las AUC, la finca había sido sede del Bloque Metro de las autodefensas.
“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias.
Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar al congresista del Polo Democrático, por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares, cuyo testimonio divulgó en el Congreso.
En de septiembre de 2014, ya Uribe Vélez en condición de senador, Iván Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo elnAntioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe.
La Corte Suprema de Justicia se tomó seis años para adoptar una decisión, y el 16 de febrero de 2018, archivó la denuncia contra Cepeda y, en contraste, ordenó que el que debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno debía ser el expresidente.
Seis días después, en medio del revuelo nacional por la decisión, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema abrió otra investigación a Uribe Vélez y lo llamó a indagatoria, junto con el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada.
¿Qué investiga la Corte Suprema?
El alto tribunal revisa si hubo intento de manipular las versiones de Juan Guillermo Monsalve a través de terceros. Por un lado, por intermedio del abogado Diego Cadena, quien lo visitó el 22 de febrero de 2018 en prisión para pedirle que firmara un documento para ser usado por la defensa del expresidente. A cambio, el jurista se ofreció a ayudarle con una acción de revisión en su proceso por paramilitarismo.
El abogado Diego Cadena asegura que nada de esto se realizó y que todo fue iniciativa de él mismo, pero la Fiscalía creyó lo contrario, y por esta razón le imputó cargos el pasado 27 de julio. Además aseguró que Monsalve, con sus actuaciones, quiso hacer incurrir en error a la Corte Suprema de Justicia.
“Por iniciativa mía, mía, mía, le digo: ‘Yo lo que veo viable es un recurso de revisión o revisarle su proceso. No veo más’. Nunca se hizo ningún recurso, nunca estudié su proceso, nunca leí nada. Simplemente se quedó en un comentario. No pasó nada”, aseguró Cadena a la W Radio el pasado 9 de octubre de 2018. A esa reunión en La Picota, que quedó grabada a través de un reloj oculto que tenía Monsalve, también asistió Enrique Pardo Hasche, compañero de prisión de Monsalve, que le pidió que se pasara al “lado de Uribe”.
Cadena tiene un rol clave en la investigación pues según el alto tribunal, ha “contactado en diferentes cárceles -y por fuera de ellas- a exmiembros de grupos paramilitares para que -a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero-, elabore escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe y de su hermano Santiago”, este último en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares. Según la Corte Suprema, el abogado Diego Cadena, con conocimiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, visitó al menos dos veces más a Monsalve para conseguir que firmara una carta en la que se disculpara con el expresidente.
Además, en el proceso, los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; y Eurídice Cortés, alias Diana, han afirmado que el abogado Diego Cadena les ofreció dinero para testificar en favor de los hermanos Uribe Vélez. Las conductas del abogado Cadena le valieron un proceso judicial y la Fiscalía le imputó, junto a su socio Juan José Salazar, los cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
En el caso de alias Víctor, el ente investigador presentó pruebas de que Cadena ofreció $200 millones, de los cuáles se pagaron efectivamente $48 millones, para afirmar que no se trató de ayudas humanitarias como inicialmente dijo el abogado.
“No existen soportes en la oficina de Cadena que demuestren que esos pagos a Vélez eran ayudas humanitarias o viáticos como parte de una estrategia de este abogado para adquirir pruebas de manera legal (…) en el mundo de los abogados ellos tienen que tratar con personas de dudosa reputación y no pueden darse este tipo de licencias (…) la Fiscalía también hace aportes económicos a testigos, pero como gastos reservados y deja constancia de ello”, señaló el fiscal Daniel Hernández durante la audiencia de imputación.
Según el ente investigador, los documentos que alias Víctor y el propio Monsalve presentaron a la justicia luego de sus visitas fueron realizados por él mismo con antelación y ellos solo los firmaron. Tras conocerse estos hechos que se le cuestionan a Cadena, incluso el mismo día que rindió indagatoria, el expresidente Uribe se separó del abogado.
“Me vine a enterar en las últimas semanas, diez meses después de una declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, que le había dado $2 millones por razones humanitarias. Fue a decírmelo a mi oficina y le dije: ‘hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera. Terminantemente no’”.
No obstante, tras rendir indagatoria, el expresidente Uribe hizo una extensa rueda de prensa en la que aseguró que no sabía de las actuaciones de su apoderado judicial (quien tiene tres investigaciones abiertas en la Fiscalía) y marcó distancia con él: “Me vine a enterar en las últimas semanas, diez meses después de una declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, que le había dado $2 millones por razones humanitarias. Fue a decírmelo a mi oficina y le dije: ‘hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera. Terminantemente no’”. Cadena renunció al poder que le dio Uribe hace unos meses.
La Corte Suprema también investiga supuestos intentos del expresidente Uribe para buscar, por medio de terceros, que el exnarcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, hiciera un video en el que desacreditara el testimonio del exoficial de la Policía, Juan Carlos Meneses, uno de los principales testigos en el juicio contra Santiago Uribe por la presunta conformación de grupos paramilitares.
Además, se investiga que Diego Cadena supuestamente buscó, “siguiendo instrucciones” del expresidente Uribe, a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, para que se comprometiera a declarar en el juicio a Santiago Uribe a su favor, diciendo que en la Fiscalía hubo un complot para acusar al ganadero.
En el caso del representante Álvaro Hernán Prada, el alto tribunal lo investiga por supuestamente haber tratado de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, a través de terceras personas, para pedirle que hiciera un video retractándose de sus dichos a la justicia y señalara a Cepeda en cambio.
Las gestiones las habría hecho Carlos López, alias Caliche, a petición de Prada, hecho que el congresista del Centro Democrático ha negado rotundamente en múltiples ocasiones. En este caso, cabe recordar, desde la realización de la indagatoria, el alto tribunal ha enfrentado algunas situaciones preocupantes. Por ejemplo, el sobrevuelo de drones sobre su sede. A esto se suma, el hallazgo de un micrófono en el despacho del magistrado Reyes, quien, además ha denunciado varios episodios que han afectado su seguridad.
Nacionales
Peligroso criminal que asesinó a mujer embarazada en Tame fue recapturado en Bogotá
LaPrensaAraucana. En la ciudad de Bogotá fue recapturado el peligroso delincuente venezolano Jesús Enrique Arias Ayala quien se había escapado de la estación de Policía del municipio de Tame el pasado mes de marzo.
Este homicida había sido capturado por la propia comunidad luego de haber asesinado en una finca de la vereda El Jobal del municipio de Tame a la señora Lina Pinto quien se encontraba en estado de embarazo de un niño, ya contaba con seis meses de gestación al momento de su asesinato.
El criminal también secuestró a una niña de ocho años e intentó asesinar al señor Oswaldo Parada esposo de la víctima a quien le propinó un disparo en la columna y lo arrastró con un tractor para desaparecer los cuerpos de la mujer y de su marido creyéndolos muertos.
La menor se le escapó y aviso a los vecinos quienes iniciaron la búsqueda hasta lograr atraparlo, aunque algunos pidieron que lo ajusticiaran las personas decidieron entregarlo a las autoridades quienes lo mantuvieron recluido en la estación de Policía, pero el delincuente se les escapó.
Está acusado de Homicidio Agravado en concurso homogéneo con grado de tentativa y concurso heterogéneo con aborto sin consentimiento, porte y tenencias de armas de fuego accesorios y municiones.
Fue en la ciudad e Bogotá donde la Policía Metropolitana logró recapturarlo el pasado cuatro de agosto según se conoció en algunas imágenes emitidas en redes sociales, hasta el momento las autoridades en el departamento de Arauca no se han pronunciado sobre este hecho.
La familia de las víctimas han insistido en que no permitan que este terrible hecho quede en la impunidad.
Nacionales
Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño
Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño que obliga a las entidades a contar con servicio de Intérprete para personas sordas.
Desde hace un poco más de dos años, el Senador, José Vicente Carreño Castro viene trabajando en la modificación del artículo 8 de la ley 982 del 2005 que señala que: «Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas.»
En la modificación el autor del proyecto, busca darle obligatoriedad a las entidades públicas, para garantizar que sus funcionarios sordos o sordociegos estén acompañados de un guía intérprete. El proyecto está dirigido a todas aquellas instituciones públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, además que el servicio se ejecute, tanto de forma presencial, como virtual.
Proyecto que fue aprobado en el Senado de la República pasando a sanción presidencial, Proyecto de ley para que “DE MANERA PAULATINA Y A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025”, las entidades públicas implementen el servicio de intérprete y guía intérprete para personas sordas y sordo-ciegas.
La iniciativa legislativa establece también un trabajo conjunto “con el Instituto Nacional para Sordos INSOR del Ministerio de Igualdad y Equidad y con el acompañamiento de las federaciones y las asociaciones legalmente constituidas de personas sordas y/o de intérpretes del LSC del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local”, y cuando se requiera, dentro de su competencia, el acompañamiento técnico del Ministerio de las TIC, concluye la conciliación.
Hoy las personas con limitaciones auditivas y visuales, contarán con una verdadera Inclusión social.
Nacionales
Cae banda dadicada a robar camionetas de alta gama
En una operación que duró cerca de 3 meses en seguimientos en las localidades de Engativa, Suba, Kennedy y Puente Aranda, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 6 integrantes del grupo delincuencial Los Toyoteros dedicados al hurto de vehículos de gama alta. Se les atribuye haber participado en el robo de por lo menos 22 camionetas. En las operaciones se incautaron 3 celulares, un arma de fuego y un taxi con el que hacían los perfilamientos de los vehículos en la ciudad.
Las labores de investigación determinaron que el taxi era clave, ya que pasaba desapercibido en las zonas residenciales. Aprovechaban en muchos casos cuando los vehículos parqueaban sus vehículos en garajes para realizar la acción delictiva.
Los integrantes de esta red fueron enviados a la cárcel luego de que un juez de control de garantías decidiera imponer la medida intramural. En las próximas horas serán enviados a un centro penitenciario.
Asimismo, se conoció que de las 22 camionetas marca Toyota, se recuperaron 12 que ya fueron entregadas a sus respectivos dueños.
El director de la Mebog, general José Daniel Gualdrón Moreno aseguró que entre los delitos que se imputó a los implicados estuvo el de secuestro, pues se logró confirmar que en un caso que robaron un vehículo, se llevaron un menor de edad que se encontraba al interior al momento de la acción; posteriormente fue abandonado en una calle de la ciudad.
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