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Supersalud ordena la liquidación de la EPS Comparta

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La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa administrativa para liquidar a la EPS Comparta, debido a la crítica situación financiera y al incumplimiento de indicadores que ponen en riesgo la vida y la salud de sus más de 1.5 millones de afiliados.
 
Comparta llevaba 5 años bajo medida de vigilancia especial por parte del Ente de Control, tiempo en el que tuvo 9 prórrogas sucesivas sin que lograra subsanar los hallazgos que originaron la medida inicial.
 
Cabe recordar que el 13 de marzo de 2019, la Supersalud había revocado la operación de esta EPS en los departamentos de Huila, Cundinamarca y Bolívar y dos meses después ordenó la cesación provisional de acciones que ponen en riesgo el giro de los recursos.
 
“En la visita que realizó la Superintendencia, durante la segunda semana de enero del 2021, evidenciamos 43 hallazgos que demostraron el reiterado incumplimiento de esta EPS, a las órdenes que veníamos dando”, afirmó Germán Guerrero, Superintendente delegado de Medidas.
 
De acuerdo con la resolución 202151000124996 del 26 de julio de 2021, “la deficiente prestación del servicio de salud por parte de la EPS Comparta, hace que la decisión de intervenirla sea necesaria, inminente e inmediata”.
 
Comparta presta sus servicios a 1’519.449 afiliados, la mayoría de ellos en el Régimen Subsidiado, en 276 municipios y 12 departamentos: Arauca, Atlántico, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima.
 
Todos ellos serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS y mientras eso ocurre, Comparta deberá asegurarles la totalidad de los servicios.En la resolución se ordena a las EPS receptoras mantener la distribución de la población en las IPS asignadas por Comparta para el Plan Nacional de Vacunación y se designa a Faruk Urrutia Jalilie como liquidador.

Los hallazgos

 

La Superintendencia encontró que el patrimonio de Comparta es negativo en $480 mil millones, lo que equivale a dos veces el total de activos.Adicionalmente, sus cuentas por cobrar a abril eran de 205 mil millones de pesos y a la misma fecha generaba una pérdida del ejercicio por 38.000 millones de pesos.

 
En lo que tiene que ver con la atención de sus afiliados, no presta con oportunidad los servicios PBS (antes POS) y no PBS (antes no POS), los de salud integral, los de alto costo y enfermedades catastróficas y ni siquiera aquellos ordenados por tutela.
 
Presenta, además, incumplimientos en las tasas de muerte maternas y perinatales, al igual que en indicadores de citología y mamografía; no responde oportunamente las peticiones de sus usuarios, no entrega con oportunidad los medicamentos PBS ni los no PBS en el caso de los adultos mayores, no entrega autorizaciones a tiempo, no presta los servicios de medicina especializada, no asigna con oportunidad las citas de medicina general, ni autoriza ni presta oportunamente los procedimientos quirúrgicos.
 
De la misma manera, se demora en la autorización y prestación de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, no garantiza la entrega de los insumos a usuarios, entre estos adultos mayores y personas con discapacidad, no hace seguimiento y gestión del riesgo a personas en aislamiento preventivo obligatorio, mayores de 70 años, grupos de las etapas 1 al 3 y atenciones domiciliarias.
 
En el 2020 tuvo 5.386 PQRD que ponen en riesgo la salud de los usuarios. Este año, a mayo, ya llevaban 1.922. El principal motivo: restricción en el acceso a los servicios de salud. 

Otras faltas

 La Supersalud ha tenido que imponerle multas por 6.700 millones de pesos y hay dos sanciones contra el representante legal por 650 millones de pesos.Además, Comparta incumple los indicadores de mortalidad materna, proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal, porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes, tasa de incidencia de sífilis congénita, pérdida de función renal, porcentaje de diabéticos controlados, porcentaje de pacientes hipertensos controlados, entre otros. “Se concluye que Comparta EPS vulneró normas constitucionales legales y reglamentarias referentes a la obligatoriedad del cumplimiento de sus funciones, competencias y responsabilidades que tiene como Entidad Administradora de Planes de

 

Beneficios, frente a la garantía de la prestación de servicios de salud a la población afiliada en términos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad; así como la gestión eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señala la resolución.

 

Con Comparta, son ya 11 EPS, las que han sido revocadas totalmente o liquidadas por la Supersalud durante este gobierno.

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“Empresas como Luker y Nestlé pretender robarse la denominación de origen del cacao araucano” Senador de la República

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#LaPrensaAraucana. En la plenaria del Senador, el congresista Jairo Alberto Castellanos realizo una férrea defensa del departamento de Arauca, al denunciar que las empresas Luker y Nestle pretenden robarse la denominación de origen del Cacao araucano, uno de los mejores del mundo.

Recordemos que en su momento el primer defensor de la denominación de origen del Cacao araucano fue el propio Gobernador, Renson Martínez Prada quien le indicó a la Federación de Cacaoteros que no permitirá que imponga una denominación regional, Orinoquia, solo para favorecer a las multinacionales y afectar a miles de familias araucanas que producen cacao de alta calidad y que encuentran el sustento de sus hogares con el cultivo y transformación de este alimento.

Los conocedores del tema han señalado que a través de la Federación las multinacionales buscan tener una denominación de origen regional para producir grandes cantidades de hectáreas de Cacao en el departamento del Meta, favoreciéndose de la alta calidad del de Arauca para meterlos en el mismo paquete, imponer sus precios y hasta bajar la calidad del grano, situación que será supremamente dañina para los campesinos araucanos.

El congresista señaló “desde el Senado, hago un llamado urgente para defender a Arauca. No sólo enfrentamos violencia y abandono estatal, sino también una amenaza contra nuestra economía: la lucha por la denominación de origen del cacao araucano. Empresas como Luker y Nestlé pretenden apropiarse de lo que es nuestro. ¡No podemos permitirlo!”.

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«La prensa en Arauca está en alto riesgo» Flip

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En los últimos dos años, grupos armados ilegales han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Según nuestra documentación, en 2022 los ataques del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN contra periodistas correspondieron al 57.45% del total de agresiones en el departamento. Si bien en 2023 el porcentaje bajó a 45%, en lo corrido del 2024 alcanza el 50%. Esta violencia ha causado que los y las periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre conflicto armado, orden público y violación de derechos humanos, producto de la acción de estos grupos que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran.

Este año, tanto el ELN como el EMC-FARC han emitido pronunciamientos en los que acusan a periodistas y medios de comunicación de estar vinculados o participar con el grupo armado contrario. En el caso más reciente, ocurrido el pasado 5 de abril, el ELN publicó un comunicado acusando a medios y periodistas de que “estigmatizan, criminalizan y asesinan las organizaciones populares, proyectos alternativos y dirigentes sociales”. Además, los relacionó como “verdugos del pueblo” y “cómplices de los planes de las bandas mercenarias de la muerte” y advirtió que agudizará su actuar en contra de esta población.

Involucrar a la prensa en la comisión de un delito tan grave, como es el asesinato por el ejercicio legítimo de informar y opinar sobre hechos de interés público, resulta altamente riesgoso para los y las periodistas del departamento, pues quedan relacionados con las dinámicas de guerra de grupos al margen de la ley.

Hasta el 10 de abril de este año hemos registrado nueve agresiones, entre las que se encuentran intimidaciones, acosos y amenazas en contra de al menos nueve periodistas. En cinco de estos casos, los agresores fueron integrantes del EMC-FARC y el ELN. Solo esta semana recibimos el reporte de un periodista, quien aseguró que recibió información sobre un plan para atentar contra su vida, y de otro, que decidió abandonar el departamento para salvaguardar su integridad después de recibir varias amenazas.

Desde el año 2022, cuando empezamos a evidenciar un recrudecimiento de la violencia contra la prensa en el departamento, en la FLIP hemos acompañado a periodistas de Arauca en la activación de rutas de protección con autoridades como la Policía y la Fiscalía General de la Nación, e instituciones como la Unidad Nacional de Protección (UNP). También hemos brindado apoyo en la reubicación de cinco periodistas que tuvieron que salir desplazados forzadamente. Aunque estas medidas se deben seguir promoviendo, resultan insuficientes ante el riesgo que enfrentan las y los comunicadores actualmente.

Por esto, insistimos en la necesidad de que en la mesa de diálogo del Gobierno Nacional con el ELN y con el EMC-FARC, se aborde la violencia contra los y las periodistas, y se exija no involucrarles en las dinámicas del conflicto.

También es indispensable que desde las autoridades y entidades locales, departamentales y nacionales se genere un discurso público que rodee a la prensa. Por ello, hacemos un llamado urgente a que el Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca y las alcaldías municipales del departamento se articulen y creen una campaña de respaldo a la labor de la prensa. Esta estrategia debe ser sostenida en el tiempo y estar encaminada a defender el ejercicio periodístico y contrarrestar la estigmatización de la que han sido blanco periodistas y medios de comunicación locales.

Adicionalmente, las gobernaciones y alcaldías deben incluir en sus consejos de seguridad la situación de la prensa y encaminar acciones a la protección particular de los y las periodistas, teniendo en cuenta que son sujetos de especial protección constitucional según lo ha recordado la Corte Constitucional en su Sentencia C-116/21.

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Disidencias buscarían atentar contra el Gobernador de Arauca

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La jefe de la sección de análisis criminal del CTI de la Fiscalía a través de una alerta temprana informó que las disidencias de las Farc comandadas por alias “Pescado” o “Héctor Aguilar” estarían preparando atentados en el departamento de Arauca.

Según la entidad los irregulares buscarían perpetrar actos terroristas en contra de guarniciones militares y contra la integridad del Gobernador Renson Martínez Prada al igual que el ciudadano José Joaquín Marchena ex representante a la Cámara.

La administración departamental emitió un comunicado en el que rechazan estos actos.

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