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La oposición venezolana en graves problemas por corrupción

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Las cosas se han enredado para el líder político venezolano Juan Guaidó. Dos escándalos al interior de su equipo político han rematado un largo proceso en el que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha perdido el poder simbólico con el que contaba hace unos meses. Uno de ellos le costó la cabeza a quien fungía como su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti. Sin dar mayores explicaciones, Guaidó decidió remover de su cargo al funcionario de 78 años. Lo hizo alegando “modificaciones en su política exterior”, pero el funcionario venezolano tiene otra versión de los hechos. Por otro lado, una investigación periodística publicada este domingo por el sitio web Armando.Info señaló a nueve diputados opositores -cinco de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del Parlamento- por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.

Y es que Lizcano es identificado por el portal como «subalterno» de otros dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por Estados Unidos tras acusaciones de sobreprecios en importaciones de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los legisladores, según el reporte, enviaron comunicaciones a autoridades de Colombia y Estados Unidos librando de responsabilidad a Lizcano en ilícitos de Saab y Pulido. Guaidó, contra las cuerdas, anunció que los nueve congresistas se «desprenden de toda función» mientras son investigados. 

El primer escándalo estalló el pasado viernes, después de que Guaidó destituyera a su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti. El exfuncionario acusó a representantes del opositor de manejo indebido de recursos destinados a atender a 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y huyeron al Colombia. «Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, de licor, de cosas indebidas», relató Calderón Berti a la prensa, indicando que su relación con Guaidó se cortó hace meses.

El excanciller venezolano (1992), que se abstuvo de culpar al jefe parlamentario, no precisó los nombres de los implicados pero sí señaló a Leopoldo López, a quienes muchos consideran que es el verdadero “presidente interino” tras bambalinas, como uno de los elementos negativos al interior de la oposición y le recomendó a Guaidó que “no se deje tutelar”.

“(Le digo a Guaidó) que se sacuda, que no se deje tutelar, que ejerza su responsabilidad, porque yo creo que es vox populi que hay una persona tutelándolo y él tiene que ejercer a plenitud su responsabilidad como presidente encargado”, dijo en una entrevista al medio PanamPost.

El exembajador en Colombia le achacó a López no solo la forma en que se manejó lo ocurrido en Cúcuta, sino también otros grandes errores que ha cometido la oposición este año, como la entrega fallida de la ayuda humanitaria el pasado mes de febrero, el levantamiento militar del 30 de abril y los diálogos con el chavismo celebrados en Oslo y luego en Barbados.

Este caso, sin embargo, había sido ventilado por la prensa meses atrás. La noche del sábado, en una carta dirigida a Guaidó, el legislador Freddy Superlano renunció a la presidencia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para «facilitar las investigaciones».

Y este domingo los principales partidos opositores -Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, y Primero Justicia- excluyeron de sus comisiones legislativas a cinco diputados mencionados por Armando.Info. El resto integran otras organizaciones. También anunciaron investigaciones internas.

El pasado 6 de noviembre, el diputado opositor José Guerra había denunciado «sobornos» a colegas, sin dar detalles. «No hay hueso sano, acusaciones irán y vendrán», escribió en Twitter Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que en la práctica asumió las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora.

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Fracasó intento de golpe de estado en Brasil

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(EFE/André Borges)

Las autoridades brasileñas empezaron rápidamente a lanzar investigaciones y medidas judiciales desde la noche del domingo, luego del asalto de unos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, en un ataque condenado por la comunidad internacional.

En unos incidentes que recuerdan los ataques al Capitolio en Washington hace dos años por unos simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, miles de bolsonaristas traspasaron las barreras policiales y penetraron las sedes del poder en Brasilia, destrozando ventanas y vandalizando oficinas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había ido a Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por las recientes inundaciones, volvió en la noche del domingo a Brasilia para constatar los daños en el palacio presidencial y el máximo tribunal.

“Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados”, escribió en Twitter. “Democracia siempre”, añadió el mandatario, que despachará el lunes desde el palacio presidencial, pese a los destrozos. Los disturbios, que dejaron al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal, provocaron una primera respuesta de las instituciones brasileñas.

Comienzan las investigaciones en Brasil:

La Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente las investigaciones que lleven a “responsabilizar a los involucrados” en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.

El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, le pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de “verdaderos terroristas”. “En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones”, afirmó.

Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro. A su vez, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo.

La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar el arresto de Torres y “otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones”, según varios medios locales.

Moraes también ordenó que se desocuparan totalmente, “en 24 horas”, los campamentos levantados frente a los cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro, descontentos por su derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.

A lo largo del día, una marea humana vestida de amarillo y verde, colores de la bandera nacional, pero cooptados por los bolsonaristas, ocupó las sedes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña (centro). Los bolsonaristas pedían una “intervención militar” para desandar el gobierno de Lula, inaugurado hace una semana como presidente de Brasil por tercera vez, luego de gobernar la primera economía latinoamericana entre 2003 y 2010.

Lula denunció un “gesto antidemocrático” como “nunca se había hecho en la historia” de Brasil y anunció castigos legales contra los responsables de los destrozos y “quienes los financian”. En un tuit, Bolsonaro, que partió a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula, condenó los “saqueos e invasiones de edificios públicos”.

En otro mensaje, el ultraderechista rechazó las acusaciones “infundadas” de su sucesor. Por su parte, Lula declaró que los “discursos” del expresidente de extrema derecha “estimularon” a los “vándalos fascistas” a llegar a invadir las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, edificios vecinos ubicados en la denominada Explanada de los Ministerios.

En el mundo, numerosos dirigentes condenaron la toma de las sedes del poder en Brasilia. El presidente estadounidense, Joe Biden, lo resumió en una palabra: “escandaloso”. Los mandatarios de Francia, España, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba y Chile, entre otros, también rechazaron el ataque.

Durante varias horas, los bolsonaristas se adueñaron del centro del poder en Brasilia. Aunque las autoridades habían acordonado la zona, los manifestantes lograron abrirse paso a la fuerza, saltar vallas y congregarse en el techo del Congreso, de arquitectura modernista, constató un reportero de la AFP.

Un policía fue tirado de su caballo y golpeado por la multitud. Al menos cinco reporteros también fueron agredidos, según un sindicato de periodistas, entre los que se cuenta un fotógrafo de la AFP. La marea humana irrumpió en el Congreso nacional, con muchos manifestantes ondeando banderas brasileñas en un tinte patriótico.

Los daños en los edificios, tesoros de la arquitectura, son considerables. Cuadros de un valor inestimable fueron dañados, como “Mulatas”, de Di Cavalcanti, según fotografías que circulan en redes sociales. De acuerdo con la cadena de televisión CNN, los manifestantes incendiaron la alfombra del Congreso, que tuvo que ser inundado para apagar el incendio.

Además, los miembros del gobierno de Lula denunciaron el robo de armas y municiones del Palacio de Planalto. Inicialmente sobrepasadas por los manifestantes, las autoridades retomaron el control del centro del poder en Brasilia, luego de que el jefe de Estado colocara las fuerzas del orden local bajo control federal.

Tomado: El Espectador.com

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Recapturan al hijo del «Chapo Guzmán» y se armó la de troya

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Tiene 32 años, le dicen ‘el Ratón’, es uno de los herederos del Cártel de Sinaloa y EE.UU. había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

Se trata de Ovidio Guzmán López, el jefe narco que este jueves fue detenido por segunda ocasión por el Gobierno mexicano. Y, contrario a lo que ocurrió en la primera ocasión, ya no fue liberado a pesar de la explosión de violencia que su arresto provocó en Sinaloa.

Su nombre era conocido como parte del variado mapa del narcotráfico en México, un país en el que operan decenas de organizaciones criminales con el Cártel de Sinaloa a la cabeza, pero saltó a la fama internacional el 17 de octubre de 2019, cuando fue capturado en una de sus casas en Culiacán.

Al igual que lo que ocurre hoy, ese día la reacción del Cártel fue a pura violencia y terror en el Estado. Esa jornada aciaga, que la prensa bautizó como ‘el Culiacanazo’, dejó un saldo de ocho muertos, decenas de heridos, bloqueos de calles y carreteras, enfrentamientos, ataques a sedes militares, fuga de presos, balaceras e incendios de autos, negocios y propiedades.

Luego de horas de incertidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador –que estaba por cumplir apenas un año en el Gobierno– decidió liberar Guzmán López. Dijo que era para evitar una masacre.

La decisión desató uno de los escándalos y crisis políticas más graves que ha enfrentado su Gobierno.

Desde entonces, el presidente se ha tenido que referir de manera recurrente al ‘Culiacanazo’ en conferencias de prensa, en las que ha insistido que la población civil estaba en riesgo y que su prioridad era protegerla.

«Si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión«, aseguró a finales de 2021.

Una vez liberado, Guzmán López se empoderó en el Cártel de Sinaloa junto con tres de sus hermanos. Eran conocidos como ‘los Chapitos’, los herederos del imperio criminal de Guzmán Loera.

Pero este jueves su suerte se terminó. La segunda captura, parece, fue la vencida.

Tomado de RT.com

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Avión comercial se estrelló en el mar

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Las autoridades de Indonesia confirmaron que un avión comercial de la aerolínea Sriwajaya, con 56 pasajeros y 6 tripulantes, sufrió un accidente en la tarde de este sábado al caer sobre el mar frente a la costa de Yakarta.

En una rueda de prensa de emergencia un portavoz de la agencia indonesia de búsqueda y rescate, informó que el Boeing 737-524, se estrelló en el Mar de Java pocos minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Sukarno-Hatta, en la capital indonesia, con destino a Pontianak, capital de Borneo Occidental.

Por su parte, la Policía informó de que ha instalado un puesto de identificación de cadáveres en un hospital de Yakarta oriental dónde se atenderá a las familias y allegados de las víctimas.

Imagen: ilustración.

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