El procurador Fernando Carrillo denunció la cartelización de los contratos para afrontar la crisis por la COVID-19, es decir, descubrieron entrega de contratos a financiadores de campañas como retribución por sus apoyos económicos a los candidatos.

El procurador Carrillo dijo que se analizaron 117 contratos en medio de la pandemia por más de 12.500 millones de pesos que fueron entregados a 117 financiadores de campaña.

En este análisis, en el que también participó activamente la Contraloría, descubrieron que esos financiadores de campaña, que en su momento llegaron a aportar 47.000 millones de pesos, “recibieron por lo menos 10 veces lo que aportaron”.

Según lo que dijo el Procurador, los contratos se suscribieron por entidades territoriales de los departamentos de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá entre marzo y junio de 2020 y representan el 2% de la contratación para atender la emergencia por la pandemia. 

El Procurador dijo que van a “meterle la lupa al financiamiento de las campañas”, ya que también descubrieron “147 contratos, por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones”.

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Para el Procurador, es claro el pago con contratos de COVID-19 por el apoyo a las campañas políticas: «El pozo séptico del ejercicio político en Colombia es el financiamiento de las campañas políticas”.

Las alarmas en este punto se prendieron por las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa y otras seis ONG ciudadanas, que entregaron información sobre presuntas irregularidades en seis departamentos y Bogotá.

Nuevas investigaciones 

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y suspendió por tres meses al alcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, y al personero Mefi Boset Gómez por irregularidades en el traslado de migrantes venezolanos.

También se abrió investigación contra el alcalde de Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo, y otros funcionarios por sobrecostos en la adquisición de mercados para población vulnerable.

La Procuraduria también investiga a la alcaldesa de Luruaco, Atlántico, Marly Gutiérrez Pérez, al secretario de Gobierno del municipio de Galapa, Atlántico, Marco Tulio Rojas Ayala, y al concejal de Sabanalarga, Atlántico, Alexi Rafael Díaz Sarmiento.

Decisiones 

La Procuraduría suspendió por cuatro meses al subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero Osorio, por presuntas irregularidades en contratos de entrega de alimentos en medio de la pandemia.

Se inició juicio disciplinario contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios en medio de la emergencia. 

A juicio disciplinario por irregularidades en la contratación en medio de la crisis fueron llamados el alcalde del municipio de El Molino, en La Guajira, Juan Pablo Vega Escobar, y el alcalde de Anapoima, Cundinamarca, Hugo Alexander Bermúdez.