Hakan Bilgin, responsable de médicos del mundo para Turquía y Siria, reveló en Blu Radio la difícil situación que viven estos dos países por los más recientes terremotos, los más grandes de 7.8 y 7.7, que han dejado más de 1.500 muertos.

“Lo más difícil por gestionar son las repeticiones de los terremotos y el acceso a las zonas porque hace muy mal tiempo, pero también tenemos problemas con las carreteras y aeropuertos”, explicó en Mañanas Blu.

El médico agregó que los servicios de emergencia trabajan duramente para rescatar a las personas atrapadas en los edificios, una situación que se agrava por el mal clima.

“Hemos tenido dos terremotos hace dos años, pero no tan fuerte. Es difícil porque para atender una situación de este tipo necesitamos muchos recursos”, puntualizó.

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió esta madrugada Turquía ha dejado más de 1.500 muertos, al menos 912 fallecidos y más de 5.300 heridos sólo en ese país, a los que se suman otras 592 víctimas mortales en territorio sirio, informaron diversas fuentes.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue el encargado de anunciar el último balance de muertos y heridos en Turquía, si bien debido a que los trabajos de rescate están en marcha no quiso dar una cifra total de posibles víctimas.

“Es el segundo más fuerte desde el terremoto de Erzincan de 1939. Según las últimas evaluaciones es de 7,7. Hay graves daños también en las zonas vecinas de Siria», dijo el mandatario turco, al confirmar que se han registrado derrumbes o daños graves en más de 2.800 viviendas y que se ha rescatado con vida a 2.470 personas de los escombros.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate. En Siria, inmersa en más de una década de guerra civil, la zona afectada se divide entre el territorio controlado por el Gobierno de Bachar al Asad y el último enclave del país controlado por la oposición, que está rodeado por fuerzas gubernamentales respaldadas por Rusia.

Así, el seísmo ha dejado al menos 592 muertos y 1.508 heridos en territorio sirio, entre ellos 371 fallecidos y 1.089 heridos registrados en zonas en manos de Damasco en las provincias noroccidentales de Tartus, Latakia, Hama y Alepo, según la agencia oficial de noticias SANA.

Por otro lado, en la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión opositor del país, y en otras partes de la vecina Alepo que también se escapan al control de Damasco se han contabilizado otras 221 víctimas mortales y 419 heridos adicionales, de acuerdo con el grupo de rescatistas Cascos Blancos.

Estas zonas opositoras son fronterizas con Turquía y se encuentran más cerca del epicentro, por lo que la diferencia en el balance podría deberse a su menor capacidad de coordinar el recuento al no haber única autoridad gubernamental a cargo de las operaciones de rescate.

Tomado: Blu Radio.com

Las autoridades brasileñas empezaron rápidamente a lanzar investigaciones y medidas judiciales desde la noche del domingo, luego del asalto de unos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, en un ataque condenado por la comunidad internacional.

En unos incidentes que recuerdan los ataques al Capitolio en Washington hace dos años por unos simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, miles de bolsonaristas traspasaron las barreras policiales y penetraron las sedes del poder en Brasilia, destrozando ventanas y vandalizando oficinas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había ido a Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por las recientes inundaciones, volvió en la noche del domingo a Brasilia para constatar los daños en el palacio presidencial y el máximo tribunal.

“Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados”, escribió en Twitter. “Democracia siempre”, añadió el mandatario, que despachará el lunes desde el palacio presidencial, pese a los destrozos. Los disturbios, que dejaron al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal, provocaron una primera respuesta de las instituciones brasileñas.

Comienzan las investigaciones en Brasil:

La Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente las investigaciones que lleven a “responsabilizar a los involucrados” en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.

El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, le pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de “verdaderos terroristas”. “En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones”, afirmó.

Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro. A su vez, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo.

La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar el arresto de Torres y “otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones”, según varios medios locales.

Moraes también ordenó que se desocuparan totalmente, “en 24 horas”, los campamentos levantados frente a los cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro, descontentos por su derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.

A lo largo del día, una marea humana vestida de amarillo y verde, colores de la bandera nacional, pero cooptados por los bolsonaristas, ocupó las sedes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña (centro). Los bolsonaristas pedían una “intervención militar” para desandar el gobierno de Lula, inaugurado hace una semana como presidente de Brasil por tercera vez, luego de gobernar la primera economía latinoamericana entre 2003 y 2010.

Lula denunció un “gesto antidemocrático” como “nunca se había hecho en la historia” de Brasil y anunció castigos legales contra los responsables de los destrozos y “quienes los financian”. En un tuit, Bolsonaro, que partió a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula, condenó los “saqueos e invasiones de edificios públicos”.

En otro mensaje, el ultraderechista rechazó las acusaciones “infundadas” de su sucesor. Por su parte, Lula declaró que los “discursos” del expresidente de extrema derecha “estimularon” a los “vándalos fascistas” a llegar a invadir las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, edificios vecinos ubicados en la denominada Explanada de los Ministerios.

En el mundo, numerosos dirigentes condenaron la toma de las sedes del poder en Brasilia. El presidente estadounidense, Joe Biden, lo resumió en una palabra: “escandaloso”. Los mandatarios de Francia, España, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba y Chile, entre otros, también rechazaron el ataque.

Durante varias horas, los bolsonaristas se adueñaron del centro del poder en Brasilia. Aunque las autoridades habían acordonado la zona, los manifestantes lograron abrirse paso a la fuerza, saltar vallas y congregarse en el techo del Congreso, de arquitectura modernista, constató un reportero de la AFP.

Un policía fue tirado de su caballo y golpeado por la multitud. Al menos cinco reporteros también fueron agredidos, según un sindicato de periodistas, entre los que se cuenta un fotógrafo de la AFP. La marea humana irrumpió en el Congreso nacional, con muchos manifestantes ondeando banderas brasileñas en un tinte patriótico.

Los daños en los edificios, tesoros de la arquitectura, son considerables. Cuadros de un valor inestimable fueron dañados, como “Mulatas”, de Di Cavalcanti, según fotografías que circulan en redes sociales. De acuerdo con la cadena de televisión CNN, los manifestantes incendiaron la alfombra del Congreso, que tuvo que ser inundado para apagar el incendio.

Además, los miembros del gobierno de Lula denunciaron el robo de armas y municiones del Palacio de Planalto. Inicialmente sobrepasadas por los manifestantes, las autoridades retomaron el control del centro del poder en Brasilia, luego de que el jefe de Estado colocara las fuerzas del orden local bajo control federal.

Tomado: El Espectador.com

Tiene 32 años, le dicen ‘el Ratón’, es uno de los herederos del Cártel de Sinaloa y EE.UU. había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

Se trata de Ovidio Guzmán López, el jefe narco que este jueves fue detenido por segunda ocasión por el Gobierno mexicano. Y, contrario a lo que ocurrió en la primera ocasión, ya no fue liberado a pesar de la explosión de violencia que su arresto provocó en Sinaloa.

Su nombre era conocido como parte del variado mapa del narcotráfico en México, un país en el que operan decenas de organizaciones criminales con el Cártel de Sinaloa a la cabeza, pero saltó a la fama internacional el 17 de octubre de 2019, cuando fue capturado en una de sus casas en Culiacán.

Al igual que lo que ocurre hoy, ese día la reacción del Cártel fue a pura violencia y terror en el Estado. Esa jornada aciaga, que la prensa bautizó como ‘el Culiacanazo’, dejó un saldo de ocho muertos, decenas de heridos, bloqueos de calles y carreteras, enfrentamientos, ataques a sedes militares, fuga de presos, balaceras e incendios de autos, negocios y propiedades.

Luego de horas de incertidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador –que estaba por cumplir apenas un año en el Gobierno– decidió liberar Guzmán López. Dijo que era para evitar una masacre.

La decisión desató uno de los escándalos y crisis políticas más graves que ha enfrentado su Gobierno.

Desde entonces, el presidente se ha tenido que referir de manera recurrente al ‘Culiacanazo’ en conferencias de prensa, en las que ha insistido que la población civil estaba en riesgo y que su prioridad era protegerla.

«Si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión«, aseguró a finales de 2021.

Una vez liberado, Guzmán López se empoderó en el Cártel de Sinaloa junto con tres de sus hermanos. Eran conocidos como ‘los Chapitos’, los herederos del imperio criminal de Guzmán Loera.

Pero este jueves su suerte se terminó. La segunda captura, parece, fue la vencida.

Tomado de RT.com

#LaPrensaAraucana. En la plenaria del Senador, el congresista Jairo Alberto Castellanos realizo una férrea defensa del departamento de Arauca, al denunciar que las empresas Luker y Nestle pretenden robarse la denominación de origen del Cacao araucano, uno de los mejores del mundo.

Recordemos que en su momento el primer defensor de la denominación de origen del Cacao araucano fue el propio Gobernador, Renson Martínez Prada quien le indicó a la Federación de Cacaoteros que no permitirá que imponga una denominación regional, Orinoquia, solo para favorecer a las multinacionales y afectar a miles de familias araucanas que producen cacao de alta calidad y que encuentran el sustento de sus hogares con el cultivo y transformación de este alimento.

Los conocedores del tema han señalado que a través de la Federación las multinacionales buscan tener una denominación de origen regional para producir grandes cantidades de hectáreas de Cacao en el departamento del Meta, favoreciéndose de la alta calidad del de Arauca para meterlos en el mismo paquete, imponer sus precios y hasta bajar la calidad del grano, situación que será supremamente dañina para los campesinos araucanos.

El congresista señaló “desde el Senado, hago un llamado urgente para defender a Arauca. No sólo enfrentamos violencia y abandono estatal, sino también una amenaza contra nuestra economía: la lucha por la denominación de origen del cacao araucano. Empresas como Luker y Nestlé pretenden apropiarse de lo que es nuestro. ¡No podemos permitirlo!”.

En los últimos dos años, grupos armados ilegales han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Según nuestra documentación, en 2022 los ataques del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN contra periodistas correspondieron al 57.45% del total de agresiones en el departamento. Si bien en 2023 el porcentaje bajó a 45%, en lo corrido del 2024 alcanza el 50%. Esta violencia ha causado que los y las periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre conflicto armado, orden público y violación de derechos humanos, producto de la acción de estos grupos que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran.

Este año, tanto el ELN como el EMC-FARC han emitido pronunciamientos en los que acusan a periodistas y medios de comunicación de estar vinculados o participar con el grupo armado contrario. En el caso más reciente, ocurrido el pasado 5 de abril, el ELN publicó un comunicado acusando a medios y periodistas de que “estigmatizan, criminalizan y asesinan las organizaciones populares, proyectos alternativos y dirigentes sociales”. Además, los relacionó como “verdugos del pueblo” y “cómplices de los planes de las bandas mercenarias de la muerte” y advirtió que agudizará su actuar en contra de esta población.

Involucrar a la prensa en la comisión de un delito tan grave, como es el asesinato por el ejercicio legítimo de informar y opinar sobre hechos de interés público, resulta altamente riesgoso para los y las periodistas del departamento, pues quedan relacionados con las dinámicas de guerra de grupos al margen de la ley.

Hasta el 10 de abril de este año hemos registrado nueve agresiones, entre las que se encuentran intimidaciones, acosos y amenazas en contra de al menos nueve periodistas. En cinco de estos casos, los agresores fueron integrantes del EMC-FARC y el ELN. Solo esta semana recibimos el reporte de un periodista, quien aseguró que recibió información sobre un plan para atentar contra su vida, y de otro, que decidió abandonar el departamento para salvaguardar su integridad después de recibir varias amenazas.

Desde el año 2022, cuando empezamos a evidenciar un recrudecimiento de la violencia contra la prensa en el departamento, en la FLIP hemos acompañado a periodistas de Arauca en la activación de rutas de protección con autoridades como la Policía y la Fiscalía General de la Nación, e instituciones como la Unidad Nacional de Protección (UNP). También hemos brindado apoyo en la reubicación de cinco periodistas que tuvieron que salir desplazados forzadamente. Aunque estas medidas se deben seguir promoviendo, resultan insuficientes ante el riesgo que enfrentan las y los comunicadores actualmente.

Por esto, insistimos en la necesidad de que en la mesa de diálogo del Gobierno Nacional con el ELN y con el EMC-FARC, se aborde la violencia contra los y las periodistas, y se exija no involucrarles en las dinámicas del conflicto.

También es indispensable que desde las autoridades y entidades locales, departamentales y nacionales se genere un discurso público que rodee a la prensa. Por ello, hacemos un llamado urgente a que el Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca y las alcaldías municipales del departamento se articulen y creen una campaña de respaldo a la labor de la prensa. Esta estrategia debe ser sostenida en el tiempo y estar encaminada a defender el ejercicio periodístico y contrarrestar la estigmatización de la que han sido blanco periodistas y medios de comunicación locales.

Adicionalmente, las gobernaciones y alcaldías deben incluir en sus consejos de seguridad la situación de la prensa y encaminar acciones a la protección particular de los y las periodistas, teniendo en cuenta que son sujetos de especial protección constitucional según lo ha recordado la Corte Constitucional en su Sentencia C-116/21.

La jefe de la sección de análisis criminal del CTI de la Fiscalía a través de una alerta temprana informó que las disidencias de las Farc comandadas por alias “Pescado” o “Héctor Aguilar” estarían preparando atentados en el departamento de Arauca.

Según la entidad los irregulares buscarían perpetrar actos terroristas en contra de guarniciones militares y contra la integridad del Gobernador Renson Martínez Prada al igual que el ciudadano José Joaquín Marchena ex representante a la Cámara.

La administración departamental emitió un comunicado en el que rechazan estos actos.