Hakan Bilgin, responsable de médicos del mundo para Turquía y Siria, reveló en Blu Radio la difícil situación que viven estos dos países por los más recientes terremotos, los más grandes de 7.8 y 7.7, que han dejado más de 1.500 muertos.

“Lo más difícil por gestionar son las repeticiones de los terremotos y el acceso a las zonas porque hace muy mal tiempo, pero también tenemos problemas con las carreteras y aeropuertos”, explicó en Mañanas Blu.

El médico agregó que los servicios de emergencia trabajan duramente para rescatar a las personas atrapadas en los edificios, una situación que se agrava por el mal clima.

“Hemos tenido dos terremotos hace dos años, pero no tan fuerte. Es difícil porque para atender una situación de este tipo necesitamos muchos recursos”, puntualizó.

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió esta madrugada Turquía ha dejado más de 1.500 muertos, al menos 912 fallecidos y más de 5.300 heridos sólo en ese país, a los que se suman otras 592 víctimas mortales en territorio sirio, informaron diversas fuentes.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue el encargado de anunciar el último balance de muertos y heridos en Turquía, si bien debido a que los trabajos de rescate están en marcha no quiso dar una cifra total de posibles víctimas.

“Es el segundo más fuerte desde el terremoto de Erzincan de 1939. Según las últimas evaluaciones es de 7,7. Hay graves daños también en las zonas vecinas de Siria», dijo el mandatario turco, al confirmar que se han registrado derrumbes o daños graves en más de 2.800 viviendas y que se ha rescatado con vida a 2.470 personas de los escombros.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate. En Siria, inmersa en más de una década de guerra civil, la zona afectada se divide entre el territorio controlado por el Gobierno de Bachar al Asad y el último enclave del país controlado por la oposición, que está rodeado por fuerzas gubernamentales respaldadas por Rusia.

Así, el seísmo ha dejado al menos 592 muertos y 1.508 heridos en territorio sirio, entre ellos 371 fallecidos y 1.089 heridos registrados en zonas en manos de Damasco en las provincias noroccidentales de Tartus, Latakia, Hama y Alepo, según la agencia oficial de noticias SANA.

Por otro lado, en la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión opositor del país, y en otras partes de la vecina Alepo que también se escapan al control de Damasco se han contabilizado otras 221 víctimas mortales y 419 heridos adicionales, de acuerdo con el grupo de rescatistas Cascos Blancos.

Estas zonas opositoras son fronterizas con Turquía y se encuentran más cerca del epicentro, por lo que la diferencia en el balance podría deberse a su menor capacidad de coordinar el recuento al no haber única autoridad gubernamental a cargo de las operaciones de rescate.

Tomado: Blu Radio.com

Las autoridades brasileñas empezaron rápidamente a lanzar investigaciones y medidas judiciales desde la noche del domingo, luego del asalto de unos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, en un ataque condenado por la comunidad internacional.

En unos incidentes que recuerdan los ataques al Capitolio en Washington hace dos años por unos simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, miles de bolsonaristas traspasaron las barreras policiales y penetraron las sedes del poder en Brasilia, destrozando ventanas y vandalizando oficinas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había ido a Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por las recientes inundaciones, volvió en la noche del domingo a Brasilia para constatar los daños en el palacio presidencial y el máximo tribunal.

“Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados”, escribió en Twitter. “Democracia siempre”, añadió el mandatario, que despachará el lunes desde el palacio presidencial, pese a los destrozos. Los disturbios, que dejaron al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal, provocaron una primera respuesta de las instituciones brasileñas.

Comienzan las investigaciones en Brasil:

La Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente las investigaciones que lleven a “responsabilizar a los involucrados” en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.

El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, le pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de “verdaderos terroristas”. “En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones”, afirmó.

Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro. A su vez, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo.

La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar el arresto de Torres y “otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones”, según varios medios locales.

Moraes también ordenó que se desocuparan totalmente, “en 24 horas”, los campamentos levantados frente a los cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro, descontentos por su derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.

A lo largo del día, una marea humana vestida de amarillo y verde, colores de la bandera nacional, pero cooptados por los bolsonaristas, ocupó las sedes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña (centro). Los bolsonaristas pedían una “intervención militar” para desandar el gobierno de Lula, inaugurado hace una semana como presidente de Brasil por tercera vez, luego de gobernar la primera economía latinoamericana entre 2003 y 2010.

Lula denunció un “gesto antidemocrático” como “nunca se había hecho en la historia” de Brasil y anunció castigos legales contra los responsables de los destrozos y “quienes los financian”. En un tuit, Bolsonaro, que partió a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula, condenó los “saqueos e invasiones de edificios públicos”.

En otro mensaje, el ultraderechista rechazó las acusaciones “infundadas” de su sucesor. Por su parte, Lula declaró que los “discursos” del expresidente de extrema derecha “estimularon” a los “vándalos fascistas” a llegar a invadir las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, edificios vecinos ubicados en la denominada Explanada de los Ministerios.

En el mundo, numerosos dirigentes condenaron la toma de las sedes del poder en Brasilia. El presidente estadounidense, Joe Biden, lo resumió en una palabra: “escandaloso”. Los mandatarios de Francia, España, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba y Chile, entre otros, también rechazaron el ataque.

Durante varias horas, los bolsonaristas se adueñaron del centro del poder en Brasilia. Aunque las autoridades habían acordonado la zona, los manifestantes lograron abrirse paso a la fuerza, saltar vallas y congregarse en el techo del Congreso, de arquitectura modernista, constató un reportero de la AFP.

Un policía fue tirado de su caballo y golpeado por la multitud. Al menos cinco reporteros también fueron agredidos, según un sindicato de periodistas, entre los que se cuenta un fotógrafo de la AFP. La marea humana irrumpió en el Congreso nacional, con muchos manifestantes ondeando banderas brasileñas en un tinte patriótico.

Los daños en los edificios, tesoros de la arquitectura, son considerables. Cuadros de un valor inestimable fueron dañados, como “Mulatas”, de Di Cavalcanti, según fotografías que circulan en redes sociales. De acuerdo con la cadena de televisión CNN, los manifestantes incendiaron la alfombra del Congreso, que tuvo que ser inundado para apagar el incendio.

Además, los miembros del gobierno de Lula denunciaron el robo de armas y municiones del Palacio de Planalto. Inicialmente sobrepasadas por los manifestantes, las autoridades retomaron el control del centro del poder en Brasilia, luego de que el jefe de Estado colocara las fuerzas del orden local bajo control federal.

Tomado: El Espectador.com

Tiene 32 años, le dicen ‘el Ratón’, es uno de los herederos del Cártel de Sinaloa y EE.UU. había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

Se trata de Ovidio Guzmán López, el jefe narco que este jueves fue detenido por segunda ocasión por el Gobierno mexicano. Y, contrario a lo que ocurrió en la primera ocasión, ya no fue liberado a pesar de la explosión de violencia que su arresto provocó en Sinaloa.

Su nombre era conocido como parte del variado mapa del narcotráfico en México, un país en el que operan decenas de organizaciones criminales con el Cártel de Sinaloa a la cabeza, pero saltó a la fama internacional el 17 de octubre de 2019, cuando fue capturado en una de sus casas en Culiacán.

Al igual que lo que ocurre hoy, ese día la reacción del Cártel fue a pura violencia y terror en el Estado. Esa jornada aciaga, que la prensa bautizó como ‘el Culiacanazo’, dejó un saldo de ocho muertos, decenas de heridos, bloqueos de calles y carreteras, enfrentamientos, ataques a sedes militares, fuga de presos, balaceras e incendios de autos, negocios y propiedades.

Luego de horas de incertidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador –que estaba por cumplir apenas un año en el Gobierno– decidió liberar Guzmán López. Dijo que era para evitar una masacre.

La decisión desató uno de los escándalos y crisis políticas más graves que ha enfrentado su Gobierno.

Desde entonces, el presidente se ha tenido que referir de manera recurrente al ‘Culiacanazo’ en conferencias de prensa, en las que ha insistido que la población civil estaba en riesgo y que su prioridad era protegerla.

«Si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión«, aseguró a finales de 2021.

Una vez liberado, Guzmán López se empoderó en el Cártel de Sinaloa junto con tres de sus hermanos. Eran conocidos como ‘los Chapitos’, los herederos del imperio criminal de Guzmán Loera.

Pero este jueves su suerte se terminó. La segunda captura, parece, fue la vencida.

Tomado de RT.com

Tras acoger los argumentos de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Helio Uriel Endes Rincón, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión.

El hombre fue capturado en flagrancia el pasado 8 de noviembre en zona urbana del municipio de Tame (Arauca), por el Gaula de la Policía Nacional en articulación con uniformados del Ejército Nacional, cuando presuntamente cobraban la suma de seis millones de pesos, producto de una extorsión a un ciudadano de ese municipio.

Dentro del proceso investigativo, la Fiscalía evidenció que el procesado días antes, a través de visitas y entrega de panfletos, exigía dinero a la víctima para no atentar contra su vida, ni contra su núcleo familiar. Se presume que esta acción ilícita es consecuencia de un constreñimiento a la víctima por la venta de un predio.

Al término de la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y fue enviado a la cárcel de la capital araucana para cumplir la medida impuesta por el ente juzgador.

María Teresa Garzón de Mendes, habitante del municipio de Arauca, quien se encontraba enfrentando no solo la adversidad de su condición física, sino también la falta de recursos para adquirir una silla de ruedas adecuada a sus necesidades recibió de manos de los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón y la Décima Octava Brigada este elemento que resulta fundamental para su movilidad.

Durante el emotivo acto de entrega, realizado en la invasión La Gloria, del municipio de Arauca, Patricia Mendes Garzón, hija de doña Teresa, expresó su agradecimiento hacia el Ejército Nacional por el valioso apoyo.

Estas muestras de solidaridad no solo generan un impacto en la vida de las personas beneficiadas, sino que también fortalecen los lazos entre el Ejército Nacional y la población civil.

Con esta iniciativa se demuestra una vez más el compromiso del Ejército Nacional con el bienestar y desarrollo integral de las comunidades. A través de estas acciones, reforzamos el compromiso de dejar en alto el buen nombre e imagen institucional, demostrando que los buenos somos más y que juntos podemos construir un país más inclusivo y solidario.

En diligencias de registro y allanamientos efectuadas en zona rural de Arauca (Arauca), el pasado 8 de noviembre, bajo la coordinación de una fiscalía seccional de Arauca, personal de la Policía Nacional capturó a tres hombres, señalados de comercializar sustancias estupefacientes.

De acuerdo con información suministrada por la comunidad y obtenida en actividades de policía judicial como entrevistas, seguimientos e interceptaciones, la Fiscalía evidenció que los procesados, al parecer se dedicaban al almacenamiento, expendio y transporte de sustancias estupefacientes tipo cocaína y marihuana.

Se presume que la sustancia ingresaría al departamento de Arauca desde Yopal (Casanare), acción que se desarrolló desde octubre de 2022 hasta el pasado mes de septiembre.
Se trata de Jesús Iglesias Rangel, José Manuel Rodríguez Fuentes y a Abner Bravo Pérez, a quienes la Fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Por determinación de un juez de control de garantías, luego de la aceptación de cargos por parte de los procesados, se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Cabe anotar, que a finales de octubre fueron judicializadas y aseguradas tres mujeres y un hombre por los mismos hechos.