Eivin Joney Abril Guerrero demandó al Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros y a varios funcionarios de su gabinete por la celebración del convenio interadministrativo No 161 de 2020 con la Alcaldía de Tame.

 

El demandante pretendía endilgar responsabilidad al primer mandatario por considerar que había violado los principios de la contratación pública, sin embargo, luego de la investigación la Fiscalía determinó que el Gobernador no cometió delito alguno y por el contrario, quien terminó investigado fue el Alcalde de Tame, Aníbal Mendoza Bohórquez.

 

El Convenio comprometió 583 millones de pesos con los cuales se construyó obras de protección del puente sobre el caño el plato en la vía Tame-Rondón. Como resultado del convenio, la Alcaldía suscribió el contrato de obra No 070 de 2020 por 553.888.130 pesos, con el señor Carlos Alfredo Cuta Morales representante legal del consorcio Caño El Plato.

 

El acta final de las obras fue firmada por los intervinientes incluido el Alcalde de la localidad el 15 de mayo de 2020 por lo que se dio por terminada la obra.

 

La investigación de la Fiscalía delegada ante la corte, recordemos que la denuncia era contra el Gobernador, un funcionario con fuero, encontró una grave situación en el proceso que involucra al Alcalde de Tame por lo que pidió a la delegada para la seguridad ciudadana de la seccional de Fiscalías de Arauca, investigar al Alcalde, Aníbal Mendoza Bohórquez.

 

Pero  ¿por qué al Alcalde?

 

La Fiscalía encontró que dentro del proceso no se obtuvo la Licencia Ambiental que se requería para intervenir en el sector, en el punto 2.8.6 de los estudios previos la misma Alcaldía señaló que el municipio no requería la licencia ambiental por cuanto esa era una responsabilidad de Corporinoquia, pero la Fiscalía señaló que para las obras que se iban a ejecutar se debía solicitar por parte de la Alcaldía el permiso de ocupación de cause, situación que al parecer no se presentó.

 

Peor para el Alcalde resultó el hecho que dentro del presupuesto girado por la Gobernación estableció la suma de cinco millones de pesos según la disponibilidad presupuestal No. 2020- 00482, que buscaba costear la evaluación ambiental para la expedición y tramite de todos los permisos ambientales para su ejecución.

El informe final de la interventoría señala que si bien se solicitó el permiso el 18 de marzo de 2020, al cierre del proyecto no se tenía referencia del pronunciamiento por parte de Corporinoquia.

 

El rubro al parecer se ejecutó pero el permiso nunca llegó, por ello la Fiscalía pidió la investigación contra el Alcalde.