El desplazamiento forzado de más de 10 familias en el caserío La Cabuya, en Tame, Arauca, ocurrido durante 1998, dejó una condena al Estado por más de $7.000 millones. El responsable, según el alto tribunal, es el Ministerio de Defensa en cabeza del Ejército. El desplazamiento de la población se registró por cuenta de una masacre que dejó siete personas muertas, y en la que se probó, hubo participación de uniformados.

Son alrededor de 154 personas las que deben ser reparadas, por lo que el Consejo de Estado ordenó que el dinero sea entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos con el fin de mitigar económicamente el daño ocasionado. La reparación en este caso no solo es económica. El Ejército debe construir un monumento en un sitio de amplia visibilidad del caserío, que contenga la inscripción: “en memoria, 19 y 20 de noviembre de 1998, para que las generaciones posteriores no sufran las estrategias de otra edad”.

La decisión que se conoció este viernes estuvo en el despacho del consejero de la Sección Tercera, Alberto Montaña, quien conoció en minucia lo que ocurrió durante esos días en el caserío La Cabuya. Por lo general, el municipio de Tame ha sido golpeado por la violencia. Las extintas Farc hacía presencia permanente en la zona. Lo que dice el expediente es que, para 1998, alrededor de 40 familias tenían compañía de tropas del Ejército que desarrollarían las operaciones Epsilon y Oro Negro III que buscaba erradicar el grupo guerrillero.

La demanda relata que lo ocurrido tuvo su origen en la detención que sufrió un miembro de la comunidad a manos de miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 25 “Héroes de Paya”, que lo consideraban sospechoso de recaudar extorsiones para la guerrilla. El hombre, con aquiescencia de las autoridades y la comunidad, recaudaba contribuciones voluntarias a los conductores de los vehículos que pasaban por el sector. Sin embrago, los militares interpretaron esa actuación como una acción extorsiva a favor de la insurgencia, y de ahí su detención.

Pese a que días más tarde, el hombre fue dejado en libertad, fue asesinado, convirtiéndose en una de las siete víctimas que dejó la masacre. Aunque en una de esas noches de noviembre las tropas simularon abandonar el caserío e implementar retenes, el reporte da cuenta que, entre las 11:00 de la noche del 19 y la 1:00 de la mañana del 20 de noviembre de 1998, más de dos docenas de hombres vestidos de camuflado, con la cara oculta, fusiles y armas cortopunzantes ingresaron al caserío, registraron las casas, degollaron y asesinaron a Alicia Ramírez Méndez, quien se encontraba en estado de embarazo, a Leonor Mercedes Carrillo y a Efraín Carvajal Valbuena, así como también a Rito Antonio Díaz Duarte y otras dos personas que se encontraban en la zona.

Tras el crimen, sobre las 2:00 de la mañana los victimarios amenazaron a los habitantes para que no desalojaran el poblado. Con ese panorama, los habitantes se vieron obligados, pese a las amenazas, a abandonar el caserío dejando sus pertenencias. Inicialmente, las víctimas fueron alojados por el gobierno local y nacional en Tame, no obstante, ante la imposibilidad de regresar al lugar, se reubicaron en diferentes lugares del país.

Lo que reposa en el expediente que hoy les da la razón a los demandantes es que los crímenes fueron planeados y perpetrados conjuntamente por militares y paramilitares. Esa hipótesis la dejó al descubierto el consejero Montaña con base en las investigaciones penales y disciplinarias que reposan sobre ese crimen.

Tomado: El Espectador.com