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A presos les estarían cobrando a cambios de ser gestores de paz, hasta en Arauca se ha hablado de esto

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Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición. Estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de paz total, y tener supuestas relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con funcionarios del Gobierno Nacional.

Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado un alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total.

Ante la gravedad de estas versiones, la OACP ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho.

Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación.

Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta.

Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz.

La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida.

A medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad, así lo señaló la oficina del alto comisionado para la paz.

Esto pasaría desapercibido en Arauca sino es porque precisamente con esta figura se ha hablado de beneficiar a políticos y reconocidos cabecillas de estructuras armadas que hoy están en las cárceles para que sean gestores de paz en el territorio, hasta el momento sobre el particular no se han pronunciado oficialmente desde la Presidencia de la República, eso sí, si han pagado puede que la plática se les embolate.

A presos les estarían cobrando a cambios de ser gestores de paz, hasta en Arauca se ha hablado de esto

Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición. Estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de paz total, y tener supuestas relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con funcionarios del Gobierno Nacional.

Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado un alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total.

Ante la gravedad de estas versiones, la OACP ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho.

Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación.

Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta.

Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz.

La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida.

A medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad, así lo señaló la oficina del alto comisionado para la paz.

Esto pasaría desapercibido en Arauca sino es porque precisamente con esta figura se ha hablado de beneficiar a políticos y reconocidos cabecillas de estructuras armadas que hoy están en las cárceles para que sean gestores de paz en el territorio, hasta el momento sobre el particular no se han pronunciado oficialmente desde la Presidencia de la República, eso sí, si han pagado puede que la plática se les embolate.

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Este jueves inicia el pago del Adulto Mayor

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 Prosperidad Social comenzará este jueves (16 de marzo) el pago, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2023, a los beneficiarios de Colombia Mayor en las ciudades principales del país. A partir del viernes (17 de marzo), lo hará en el resto de los municipios.

El Gobierno Nacional dispuso de más de 284.000 millones de pesos para garantizar el pago a más de 1,6 millones de personas mayores en todo el país. Todas recibirán 160.000 pesos en este pago: 80.000 de enero y 80.000 de febrero, que estarán disponibles para cobro hasta el 31 de marzo.

SuperGiros es el operador encargado del pago del subsidio este año, en todos los municipios del país. Cuenta con una red aliada, que tiene más de 27.000 puntos. El listado de los puntos de pago por municipio está disponible en el siguiente enlace: listado de puntos de pago.

Este año, las personas mayores de 90 años pueden recibir los pagos a domicilio, siempre y cuando lo acepten. SuperGIROS se contactará con el beneficiario y coordinará la entrega del incentivo.

Prosperidad Social anunciará el inicio de pago del ciclo a través de mensajes de texto a los beneficiarios. Cuando el participante esté en el punto de pago, debe identificarse como beneficiario de Colombia Mayor, y, al recibir el dinero, debe contarlo delante del cajero. Debe solicitar la tirilla de pago y verificar que el valor corresponda al recibido.

Para recibir estos recursos no hace falta comprar ningún producto en el punto de pago. Para resolver las dudas, los participantes pueden acudir a las alcaldías municipales y contactar al enlace del programa.

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Inicia la entrega de incentivos de Jóvenes en Acción

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Prosperidad Social realizará la primera jornada de entrega de incentivos de 2023 del programa Jóvenes en Acción, desde este jueves 16 de marzo hasta el próximo martes 4 de abril.

La entidad entregará transferencias monetarias a 120.276 participantes del programa, para lo que el Gobierno Nacional invirtió 48.009 millones de pesos. De los participantes que recibirán el incentivo, 44.572 pertenecen a las instituciones de educación superior (IES) y 70.300 son estudiantes de programas técnicos y tecnológicos del SENA.

Durante este ciclo se cerraron las inscripciones de la convocatoria 2022. La entidad vinculó a 125.653 nuevos participantes, que realizaron su prerregistro en 2022, y les otorgó cupo entre los ciclos 6 de 2022 y 1 de 2023.

Los incentivos monetarios se entregan de manera escalonada y progresiva, a través del Banco Davivienda, que cuenta con el producto financiero DaviPlata, o a través de modalidad giro, con el apoyo de los aliados de la entidad bancaria. Los participantes deben esperar a que les llegue el mensaje de texto en el que se notifica el lugar y la fecha para retirar o reclamar los incentivos del programa. Si encuentran alguna falla o error en el aplicativo DaviPlata, deben comunicarse con el #688 o en el botón “¿Necesita ayuda?”, en la aplicación.

Jóvenes en Acción en un programa de Prosperidad Social, que busca incentivar y fortalecer la formación de capital humano y social de la población joven, para contribuir a la superación de la situación de pobreza y vulnerabilidad y promover su movilidad social. Este programa realiza un proceso de acompañamiento, que fomenta el acceso, la permanencia y la graduación de la educación superior, mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas. Desarrolla acciones complementarias para fortalecer las capacidades de la población y la generación de oportunidades de desarrollo integral.

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«No son manifestantes, son asesinos de policías» Senador Vicente Carreño

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El Senador de la República, José Vicente Carreño Castro, rechazó de manera contundente los hechos que ocurren en San Vicente del Caguan donde supuestos manifestantes han asesinado al menos a un policía y secuestrado a más de 70 uniformados, 13 contratistas y hasta el Personero de la localidad.

El líder político le hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro y al Ministro de la Defensa, Iván Velasquez, para que actúen en contra de los criminales que no son manifestantes sino asesinos y secuestradores.

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