Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición. Estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de paz total, y tener supuestas relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con funcionarios del Gobierno Nacional.

Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado un alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total.

Ante la gravedad de estas versiones, la OACP ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho.

Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación.

Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta.

Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz.

La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida.

A medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad, así lo señaló la oficina del alto comisionado para la paz.

Esto pasaría desapercibido en Arauca sino es porque precisamente con esta figura se ha hablado de beneficiar a políticos y reconocidos cabecillas de estructuras armadas que hoy están en las cárceles para que sean gestores de paz en el territorio, hasta el momento sobre el particular no se han pronunciado oficialmente desde la Presidencia de la República, eso sí, si han pagado puede que la plática se les embolate.

A presos les estarían cobrando a cambios de ser gestores de paz, hasta en Arauca se ha hablado de esto

Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición. Estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de paz total, y tener supuestas relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con funcionarios del Gobierno Nacional.

Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado un alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total.

Ante la gravedad de estas versiones, la OACP ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho.

Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación.

Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta.

Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz.

La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida.

A medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad, así lo señaló la oficina del alto comisionado para la paz.

Esto pasaría desapercibido en Arauca sino es porque precisamente con esta figura se ha hablado de beneficiar a políticos y reconocidos cabecillas de estructuras armadas que hoy están en las cárceles para que sean gestores de paz en el territorio, hasta el momento sobre el particular no se han pronunciado oficialmente desde la Presidencia de la República, eso sí, si han pagado puede que la plática se les embolate.