Nacionales
Prosperidad Social aclara información sobre contratación de operadores de pago
Frente a cuestionamientos de las últimas horas sobre los procesos de contratación de la operación de pagos a Supergiros y Banco Agrario, Prosperidad Social se permite aclarar la siguiente información, con detalles y aspectos operativos de la entidad:
1. Supergiros no es un actor nuevo en el pago de transferencias monetarias que administra Prosperidad Social. Ha sido parte de los operadores de los programas de la entidad en gobiernos anteriores, incluido el más reciente: el del expresidente Iván Duque.
2. Para 2023, Prosperidad Social adjudicó el contrato para los pagos del programa Colombia Mayor a la empresa Supergiros. Para eso usó el Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Postales de Pago, que dispone Colombia Compra Eficiente. Es un proceso legal y legítimo. Esta adjudicación se hizo mediante una orden de compra, que tomó la mejor oferta, después de un proceso de evaluación de las tres propuestas presentadas por distintos proveedores que participan en este instrumento. La entidad tuvo en cuenta los criterios de selección que el mismo instrumento ofrece. Supergiros presentó la mejor oferta en seguridad, eficiencia, calidad, cobertura y costo. Todos los documentos del proceso se encuentran publicados en la página de Colombia Compra Eficiente, y son de acceso libre para toda la ciudadanía.
3. El último pago de Colombia Mayor de 2022 inició en diciembre del mismo año, y finalizó el 10 de enero de 2023. Al inicio de cada vigencia siempre hay un tiempo de alistamiento para el inicio de un nuevo ciclo. Este año, Prosperidad Social adelantó un ejercicio riguroso de revisión de todos sus programas, en línea con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo recién aprobado por el Congreso. Tras este análisis se creó el evento de contratación del operador encargado de realizar los pagos de Colombia Mayor, con Colombia Compra Eficiente, el 10 de febrero. El contrato se adjudicó el 7 de marzo, y el primer pago inició el 17 del mismo mes. La entidad cumplió con el cronograma y los tiempos establecidos.
4. Como entidad pública, es obligación de Prosperidad Social entregar a los beneficiarios toda la información necesaria para ejercer sus derechos y, en este caso, acceder a la oferta de la entidad. Dar el nombre del operador, el lugar y forma de pago de los programas de la entidad no es publicidad, es información necesaria para el acceso de los beneficiarios.
5. Para la entrega de transferencias del programa Tránsito a Renta Ciudadana, Prosperidad Social adelantó un proceso riguroso de evaluación de oferentes. La contratación, por medio de contrato interadministrativo con el Banco Agrario se hizo después de realizar un análisis del histórico de contrataciones anteriores, en términos de tarifa, cobertura y servicios ofrecidos. La oferta del Banco Agrario era la más beneficiosa para el logro de los objetivos del programa, pues era la de mayor alcance en cobertura de la población objetivo, con una tarifa un 28%más baja en relación al promedio histórico y con servicios adicionales para los participantes del programa.
6. Toda la documentación y justificación del contrato entre las dos entidades públicas –Prosperidad Social y Banco Agrario– está publicada en SECOP, para el acceso de toda la ciudadanía.
7. La contratación con el Banco Agrario es transparente y legal. Se justifica en la resolución 671 de 2023, que da viabilidad al proceso dentro de las bases legales del estatuto de contratación colombiano, y le da piso jurídico y transparencia.
8. La tarifa de Banco Agrario incluye educación financiera, portafolio de servicios adicionales para los beneficiarios (acceso a microcréditos, acompañamiento a proyectos productivos, etc.). La tarifa de 2.576 pesos de Davivienda es una tarifa de 2020 y sólo aplica a la cobertura de una parte del país. Por ello, no son tarifas comparables. Uno de los criterios utilizados para la contratación de Banco Agrario fue precisamente la comparación de precios históricos sobre el 100 %de la operación y los actuales valores del Instrumento de Agregación de Demanda.
9. Todos los operadores que han sido contratados para el pago de transferencias monetarias, en toda la historia de los programas de Prosperidad Social, han subcontratado red de aliados para garantizar la cobertura. El Banco Agrario, para cumplir con el objeto del contrato y dentro de su propuesta, presentó la red de aliados con los cuales garantiza el acceso a los recursos de todos los beneficiarios en el país, bajo la misma tarifa. Son más de 13 mil puntos de pago en todo el país.
10. No es nuevo que se presenten filas en los primeros días de pago. Históricamente ha sido así con los diferentes operadores que ha contratado Prosperidad Social. Para ello, se tienen diseñadas estrategias que permitan atender a todos los beneficiarios y alternativas para los beneficiarios (pico y cédula y consulta previa de lugar de retiro en buscador virtual, entre otras.)
11. Actualmente se desarrolla el primer pago de Tránsito a Renta Ciudadana: inició el 29 de abril y finaliza el 30 de mayo. A la fecha se han entregado el 67 % de los pagos programados, un avance significativo para la segunda semana de pago.
12. El Fondo de Inversión para la Paz fue creado en 1998, para fortalecer la institucionalidad, el desarrollo social y la recuperación económica y la acción social. Prosperidad Social ha financiado los programas a través de dicho fondo, pues la superación de la pobreza es fundamental en la construcción de la paz.
13. Los recursos previstos para 2023 serán para cumplir con las metas de Renta Ciudadana (con el tránsito) y el sistema de transferencias. Como los demás recursos asignados a la entidad, velaremos por su debido cuidado y ejecución.
14. Las contrataciones adelantadas por Prosperidad Social cumplen con lo establecido en la Constitución y las leyes referentes a los procesos de contratación pública y a la función del Estado.
?15. Prosperidad Social es una entidad de puertas abiertas, que cumple con los lineamientos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Está dispuesta siempre a atender los requerimientos de las autoridades, los organismos de control, las otras entidades y la ciudadanía en general.
Nacionales
Peligroso criminal que asesinó a mujer embarazada en Tame fue recapturado en Bogotá
LaPrensaAraucana. En la ciudad de Bogotá fue recapturado el peligroso delincuente venezolano Jesús Enrique Arias Ayala quien se había escapado de la estación de Policía del municipio de Tame el pasado mes de marzo.
Este homicida había sido capturado por la propia comunidad luego de haber asesinado en una finca de la vereda El Jobal del municipio de Tame a la señora Lina Pinto quien se encontraba en estado de embarazo de un niño, ya contaba con seis meses de gestación al momento de su asesinato.
El criminal también secuestró a una niña de ocho años e intentó asesinar al señor Oswaldo Parada esposo de la víctima a quien le propinó un disparo en la columna y lo arrastró con un tractor para desaparecer los cuerpos de la mujer y de su marido creyéndolos muertos.
La menor se le escapó y aviso a los vecinos quienes iniciaron la búsqueda hasta lograr atraparlo, aunque algunos pidieron que lo ajusticiaran las personas decidieron entregarlo a las autoridades quienes lo mantuvieron recluido en la estación de Policía, pero el delincuente se les escapó.
Está acusado de Homicidio Agravado en concurso homogéneo con grado de tentativa y concurso heterogéneo con aborto sin consentimiento, porte y tenencias de armas de fuego accesorios y municiones.
Fue en la ciudad e Bogotá donde la Policía Metropolitana logró recapturarlo el pasado cuatro de agosto según se conoció en algunas imágenes emitidas en redes sociales, hasta el momento las autoridades en el departamento de Arauca no se han pronunciado sobre este hecho.
La familia de las víctimas han insistido en que no permitan que este terrible hecho quede en la impunidad.
Nacionales
Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño
Verdadera Inclusión Social en el país, luego de la aprobación del proyecto del Senador Carreño que obliga a las entidades a contar con servicio de Intérprete para personas sordas.
Desde hace un poco más de dos años, el Senador, José Vicente Carreño Castro viene trabajando en la modificación del artículo 8 de la ley 982 del 2005 que señala que: «Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas.»
En la modificación el autor del proyecto, busca darle obligatoriedad a las entidades públicas, para garantizar que sus funcionarios sordos o sordociegos estén acompañados de un guía intérprete. El proyecto está dirigido a todas aquellas instituciones públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, además que el servicio se ejecute, tanto de forma presencial, como virtual.
Proyecto que fue aprobado en el Senado de la República pasando a sanción presidencial, Proyecto de ley para que “DE MANERA PAULATINA Y A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025”, las entidades públicas implementen el servicio de intérprete y guía intérprete para personas sordas y sordo-ciegas.
La iniciativa legislativa establece también un trabajo conjunto “con el Instituto Nacional para Sordos INSOR del Ministerio de Igualdad y Equidad y con el acompañamiento de las federaciones y las asociaciones legalmente constituidas de personas sordas y/o de intérpretes del LSC del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local”, y cuando se requiera, dentro de su competencia, el acompañamiento técnico del Ministerio de las TIC, concluye la conciliación.
Hoy las personas con limitaciones auditivas y visuales, contarán con una verdadera Inclusión social.
Nacionales
Cae banda dadicada a robar camionetas de alta gama
En una operación que duró cerca de 3 meses en seguimientos en las localidades de Engativa, Suba, Kennedy y Puente Aranda, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 6 integrantes del grupo delincuencial Los Toyoteros dedicados al hurto de vehículos de gama alta. Se les atribuye haber participado en el robo de por lo menos 22 camionetas. En las operaciones se incautaron 3 celulares, un arma de fuego y un taxi con el que hacían los perfilamientos de los vehículos en la ciudad.
Las labores de investigación determinaron que el taxi era clave, ya que pasaba desapercibido en las zonas residenciales. Aprovechaban en muchos casos cuando los vehículos parqueaban sus vehículos en garajes para realizar la acción delictiva.
Los integrantes de esta red fueron enviados a la cárcel luego de que un juez de control de garantías decidiera imponer la medida intramural. En las próximas horas serán enviados a un centro penitenciario.
Asimismo, se conoció que de las 22 camionetas marca Toyota, se recuperaron 12 que ya fueron entregadas a sus respectivos dueños.
El director de la Mebog, general José Daniel Gualdrón Moreno aseguró que entre los delitos que se imputó a los implicados estuvo el de secuestro, pues se logró confirmar que en un caso que robaron un vehículo, se llevaron un menor de edad que se encontraba al interior al momento de la acción; posteriormente fue abandonado en una calle de la ciudad.
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