Esta fue la conclusión a la que llegaron los invitados a la sesión “Desaparición y búsqueda de personas en la Orinoquia”, organizada por el curso “La desaparición y búsqueda de personas en el contexto y en razón del conflicto armado colombiano”. Además, coincidieron en señalar que es necesaria la presencia del Estado en todo el territorio para garantizar las solicitudes de desaparición y acciones de búsqueda eficientes.

Isaac Giraldo López, de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) dijo que “en la Orinoquia hay 4.080 solicitudes, y de estas al menos se ha contactado con el 20 % de las familias. Solo en Arauca hay 700 solicitudes y en el Meta 2.300”.

En su opinión, “la labor de búsqueda no es posible sin la articulación con las familias buscadoras y las diferentes organizaciones civiles que hacen presencia en el territorio”.

Sin embargo, entre los retos que afronta este trabajo se encuentra la extensión geográfica, que convierte a la Orinoquia en una de las regiones más grandes del país. La situación se complica aún más en las zonas rurales; por ejemplo, en el departamento de Arauca, donde hace presencia la guerrilla del ELN, disidencias de las FARC y otros grupos armados, lo que impide el trabajo humanitario y el reconocimiento de las víctimas desaparecidas.

Tanto es así, que, según Isaac Giraldo, en el trabajo de reconocimiento en el territorio encontraron municipios donde no había información o registro de personas dadas por desaparecidas.

“En la primera visita que hicimos en el municipio de Salina (Casanare) se nos dice que no había ni víctimas ni familias buscadoras. Pero, en la primera jornada tuvimos 15 solicitudes de búsqueda”.

Una idea con la que concordó el sacerdote católico Luis Albeiro Camacho, de la Diócesis de Yopal, Comisionado de Paz y Asesor de la Defensoría del Pueblo: “hacen falta mecanismos para recuperar los cuerpos que se creen están en ciertas zonas por la información que se ha recibido. Además, no hay organismos especializados que actúen de inmediato con la Fuerza Pública”.

El fenómeno de la desaparición forzada es un fantasma presente en Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1975 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. Para agosto de 2018 la cifra ascendió a 80.000 personas.

La UPBD busca más de 120 víctimas desaparecidas por el conflicto. Para la región Orinoquia, los departamentos de Meta y Arauca son los que registran más personas desaparecidas, con 5.459 y 1.723 casos respectivamente.

La desaparición, la gran huella del conflicto en la Orinoquia

La región Orinoquia ha visto en carne propia las heridas abiertas del conflicto armado. Según la Comisión de la Verdad, mientras en el resto del país el 17 % de la población ha sido víctima, en esta región el porcentaje es cercano al 35 %. Sin embargo, la entidad asegura que es gracias a la labor de diferentes entes civiles, sociales y de derechos humanos que ha sido posible la construcción de la verdad en la zona.

Yolanda Montes, lideresa social de la región del Sarare y Arauca, además de fundar la Asociación de Familias de Desaparecidos por la Defensa de la Vida (Asofovida), dijo que “para las víctimas la paz implica la verdad. Abrazamos la verdad para que haya futuro. La construcción de la verdad se ha dado gracias a la confianza que se establece entre las víctimas y la institucionalidad”.

En un trabajo conjunto con diferentes organizaciones, Asofovida entregó un informe a la Comisión de la Verdad en el cual registraron 157 desaparecidos en Arauca y el Sarare. En él denuncian que es necesaria la exhumación en los cementerios de Arauca.

“Por ejemplo en Tame hay cementerios donde tenemos información de cuerpos ubicados en el terreno que datan de los años 90, pero la construcción de bóvedas nuevas sobre las antiguas hace difícil la recuperación de los cuerpos. La situación es peor en Saravena, donde el COVID-19 sacó a la luz cuerpos que no tenían el mejor manejo”, expresó Isaac Giraldo de la UBPD.

El evento fue organizado por los departamentos de Trabajo Social, Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, en un trabajo conjunto con las Sedes Tumaco, Orinoquia y Manizales. Además contó con la moderación de la docente Vanessa Ortiz Piedrahíta, de la Sede Orinoquia.

Violencia, ausencia del Estado y condiciones geográficas dificultan búsqueda de personas en la Orinoquia

Esta fue la conclusión a la que llegaron los invitados a la sesión “Desaparición y búsqueda de personas en la Orinoquia”, organizada por el curso “La desaparición y búsqueda de personas en el contexto y en razón del conflicto armado colombiano”. Además, coincidieron en señalar que es necesaria la presencia del Estado en todo el territorio para garantizar las solicitudes de desaparición y acciones de búsqueda eficientes.

Isaac Giraldo López, de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) dijo que “en la Orinoquia hay 4.080 solicitudes, y de estas al menos se ha contactado con el 20 % de las familias. Solo en Arauca hay 700 solicitudes y en el Meta 2.300”.

En su opinión, “la labor de búsqueda no es posible sin la articulación con las familias buscadoras y las diferentes organizaciones civiles que hacen presencia en el territorio”.

Sin embargo, entre los retos que afronta este trabajo se encuentra la extensión geográfica, que convierte a la Orinoquia en una de las regiones más grandes del país. La situación se complica aún más en las zonas rurales; por ejemplo, en el departamento de Arauca, donde hace presencia la guerrilla del ELN, disidencias de las FARC y otros grupos armados, lo que impide el trabajo humanitario y el reconocimiento de las víctimas desaparecidas.

Tanto es así, que, según Isaac Giraldo, en el trabajo de reconocimiento en el territorio encontraron municipios donde no había información o registro de personas dadas por desaparecidas.

“En la primera visita que hicimos en el municipio de Salina (Casanare) se nos dice que no había ni víctimas ni familias buscadoras. Pero, en la primera jornada tuvimos 15 solicitudes de búsqueda”.

Una idea con la que concordó el sacerdote católico Luis Albeiro Camacho, de la Diócesis de Yopal, Comisionado de Paz y Asesor de la Defensoría del Pueblo: “hacen falta mecanismos para recuperar los cuerpos que se creen están en ciertas zonas por la información que se ha recibido. Además, no hay organismos especializados que actúen de inmediato con la Fuerza Pública”.

El fenómeno de la desaparición forzada es un fantasma presente en Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1975 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. Para agosto de 2018 la cifra ascendió a 80.000 personas.

La UPBD busca más de 120 víctimas desaparecidas por el conflicto. Para la región Orinoquia, los departamentos de Meta y Arauca son los que registran más personas desaparecidas, con 5.459 y 1.723 casos respectivamente.

La desaparición, la gran huella del conflicto en la Orinoquia

La región Orinoquia ha visto en carne propia las heridas abiertas del conflicto armado. Según la Comisión de la Verdad, mientras en el resto del país el 17 % de la población ha sido víctima, en esta región el porcentaje es cercano al 35 %. Sin embargo, la entidad asegura que es gracias a la labor de diferentes entes civiles, sociales y de derechos humanos que ha sido posible la construcción de la verdad en la zona.

Yolanda Montes, lideresa social de la región del Sarare y Arauca, además de fundar la Asociación de Familias de Desaparecidos por la Defensa de la Vida (Asofovida), dijo que “para las víctimas la paz implica la verdad. Abrazamos la verdad para que haya futuro. La construcción de la verdad se ha dado gracias a la confianza que se establece entre las víctimas y la institucionalidad”.

En un trabajo conjunto con diferentes organizaciones, Asofovida entregó un informe a la Comisión de la Verdad en el cual registraron 157 desaparecidos en Arauca y el Sarare. En él denuncian que es necesaria la exhumación en los cementerios de Arauca.

“Por ejemplo en Tame hay cementerios donde tenemos información de cuerpos ubicados en el terreno que datan de los años 90, pero la construcción de bóvedas nuevas sobre las antiguas hace difícil la recuperación de los cuerpos. La situación es peor en Saravena, donde el COVID-19 sacó a la luz cuerpos que no tenían el mejor manejo”, expresó Isaac Giraldo de la UBPD.

El evento fue organizado por los departamentos de Trabajo Social, Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, en un trabajo conjunto con las Sedes Tumaco, Orinoquia y Manizales. Además contó con la moderación de la docente Vanessa Ortiz Piedrahíta, de la Sede Orinoquia.