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Defensoría del Pueblo alerta confinamiento y desplazamiento de 1371 personas en Puerto Rondón, Arauca, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales

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La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante el recrudecimiento del conflicto armado en el departamento de Arauca, que afecta a las comunidades campesinas e indígenas del municipio de Puerto Rondón.

“Ante nuevos enfrentamientos entre el Estado Mayor Central, grupo disidente de las Farc, y el Frente de Guerra Oriental, del ELN, registrados desde la noche del 29 de agosto, la Defensoria ha recibido información preliminar sobre el confinamiento de siete veredas del sector conocido como Marreros, del municipio de Puerto Rondón, con un potencial de afectación a 274 familias, unas 818 personas confinadas. A su vez, el desplazamiento masivo interveredal con un potencial de afectación de 183 familias, es decir, 553 personas, entre las veredas El Progreso, Normandía, El Paisaje y La Esmeralda”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo se encuentra haciendo verificación de la situación, pues no se ha tenido acceso pleno a la información sobre el estado real de la población. Varias familias están confinadas en centros educativos y casas comunales, con el riesgo de quedar en medio de los combates, de campos minados, y de ser blanco de amenazas colectivas.

“Reitero el llamado enfático a las autoridades para que tomen todas las acciones que se requieran para evitar que los grupos armados ilegales en particular aquellos que están adelantando conversaciones con el Gobierno Nacional, continuen con sus ataques contra la población civil.
Los grupos armados ilegales están realizando enfrentamientos entre ellos MBU que generan zozobra en la comunidad, y además redundan en graves vulneraciones a sus derechos humanos ante el desplazamiento masivo y el confinamiento, situaciones que impiden a los habitantes realizar las actividades diarias en la zona”, dijo Carlos Camargo Assis.

Las Alertas emitidas por la Defensoría

La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la difícil situación del departamento a través de las Alertas Tempranas 023 de 2021, emitida para los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte, y 011 de 2023, para los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Los documentos de advertencia dan cuenta de los graves riesgos para la población civil a causa de la confrontación que sostienen los actores armados en el departamento.

La entidad de derechos humanos también ha advertido los graves riesgos para lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, mediante la Alerta Temprana 019 de 2023, y sobre el incremento de los riesgos en el proceso electoral de octubre próximo, mediante la Alerta 030 de este año, considerando a Arauca como mayor zona de riesgo.

“La situación en Arauca sigue siendo grave. Solicitamos a toda la institucionalidad del Estado acatar las recomendaciones contenidas en nuestras Alertas Tempranas, pero además, poner los ojos de manera especial sobre esta zona del país, en la que los homicidios, las amenazas y los hostigamientos en contra de la población civil y de los líderes son constantes”, expresó el Defensor del Pueblo.

Preocupa que en la última semana han sido reportados siete homicidios de la población civil (tres en Arauquita, dos en Tame y dos en Arauca), sigue creciendo el número de desaparecidos y el desplazamiento forzado, siendo este último la única manera de salvaguardar la vida.

El llamado a la Ciprat

El pasado 24 de agosto, la Defensoría del Pueblo envió una solicitud a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de que convoque de manera urgente una sesión para trazar estrategias de prevención y de protección en las zonas más afectadas por el conflicto en el departamento.

“No podemos ser indiferentes ante lo que pasa en Arauca, debemos convocar a todas las instancias para que el alivio humanitario del que se habla en las mesas de diálogo con los grupos al margen de la ley sea una realidad para la población civil”, afirmó Carlos Camargo Assis.

Arauca

“Empresas como Luker y Nestlé pretender robarse la denominación de origen del cacao araucano” Senador de la República

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#LaPrensaAraucana. En la plenaria del Senador, el congresista Jairo Alberto Castellanos realizo una férrea defensa del departamento de Arauca, al denunciar que las empresas Luker y Nestle pretenden robarse la denominación de origen del Cacao araucano, uno de los mejores del mundo.

Recordemos que en su momento el primer defensor de la denominación de origen del Cacao araucano fue el propio Gobernador, Renson Martínez Prada quien le indicó a la Federación de Cacaoteros que no permitirá que imponga una denominación regional, Orinoquia, solo para favorecer a las multinacionales y afectar a miles de familias araucanas que producen cacao de alta calidad y que encuentran el sustento de sus hogares con el cultivo y transformación de este alimento.

Los conocedores del tema han señalado que a través de la Federación las multinacionales buscan tener una denominación de origen regional para producir grandes cantidades de hectáreas de Cacao en el departamento del Meta, favoreciéndose de la alta calidad del de Arauca para meterlos en el mismo paquete, imponer sus precios y hasta bajar la calidad del grano, situación que será supremamente dañina para los campesinos araucanos.

El congresista señaló “desde el Senado, hago un llamado urgente para defender a Arauca. No sólo enfrentamos violencia y abandono estatal, sino también una amenaza contra nuestra economía: la lucha por la denominación de origen del cacao araucano. Empresas como Luker y Nestlé pretenden apropiarse de lo que es nuestro. ¡No podemos permitirlo!”.

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Arauca

«La prensa en Arauca está en alto riesgo» Flip

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En los últimos dos años, grupos armados ilegales han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Según nuestra documentación, en 2022 los ataques del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN contra periodistas correspondieron al 57.45% del total de agresiones en el departamento. Si bien en 2023 el porcentaje bajó a 45%, en lo corrido del 2024 alcanza el 50%. Esta violencia ha causado que los y las periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre conflicto armado, orden público y violación de derechos humanos, producto de la acción de estos grupos que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran.

Este año, tanto el ELN como el EMC-FARC han emitido pronunciamientos en los que acusan a periodistas y medios de comunicación de estar vinculados o participar con el grupo armado contrario. En el caso más reciente, ocurrido el pasado 5 de abril, el ELN publicó un comunicado acusando a medios y periodistas de que “estigmatizan, criminalizan y asesinan las organizaciones populares, proyectos alternativos y dirigentes sociales”. Además, los relacionó como “verdugos del pueblo” y “cómplices de los planes de las bandas mercenarias de la muerte” y advirtió que agudizará su actuar en contra de esta población.

Involucrar a la prensa en la comisión de un delito tan grave, como es el asesinato por el ejercicio legítimo de informar y opinar sobre hechos de interés público, resulta altamente riesgoso para los y las periodistas del departamento, pues quedan relacionados con las dinámicas de guerra de grupos al margen de la ley.

Hasta el 10 de abril de este año hemos registrado nueve agresiones, entre las que se encuentran intimidaciones, acosos y amenazas en contra de al menos nueve periodistas. En cinco de estos casos, los agresores fueron integrantes del EMC-FARC y el ELN. Solo esta semana recibimos el reporte de un periodista, quien aseguró que recibió información sobre un plan para atentar contra su vida, y de otro, que decidió abandonar el departamento para salvaguardar su integridad después de recibir varias amenazas.

Desde el año 2022, cuando empezamos a evidenciar un recrudecimiento de la violencia contra la prensa en el departamento, en la FLIP hemos acompañado a periodistas de Arauca en la activación de rutas de protección con autoridades como la Policía y la Fiscalía General de la Nación, e instituciones como la Unidad Nacional de Protección (UNP). También hemos brindado apoyo en la reubicación de cinco periodistas que tuvieron que salir desplazados forzadamente. Aunque estas medidas se deben seguir promoviendo, resultan insuficientes ante el riesgo que enfrentan las y los comunicadores actualmente.

Por esto, insistimos en la necesidad de que en la mesa de diálogo del Gobierno Nacional con el ELN y con el EMC-FARC, se aborde la violencia contra los y las periodistas, y se exija no involucrarles en las dinámicas del conflicto.

También es indispensable que desde las autoridades y entidades locales, departamentales y nacionales se genere un discurso público que rodee a la prensa. Por ello, hacemos un llamado urgente a que el Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca y las alcaldías municipales del departamento se articulen y creen una campaña de respaldo a la labor de la prensa. Esta estrategia debe ser sostenida en el tiempo y estar encaminada a defender el ejercicio periodístico y contrarrestar la estigmatización de la que han sido blanco periodistas y medios de comunicación locales.

Adicionalmente, las gobernaciones y alcaldías deben incluir en sus consejos de seguridad la situación de la prensa y encaminar acciones a la protección particular de los y las periodistas, teniendo en cuenta que son sujetos de especial protección constitucional según lo ha recordado la Corte Constitucional en su Sentencia C-116/21.

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Arauca

Disidencias buscarían atentar contra el Gobernador de Arauca

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La jefe de la sección de análisis criminal del CTI de la Fiscalía a través de una alerta temprana informó que las disidencias de las Farc comandadas por alias “Pescado” o “Héctor Aguilar” estarían preparando atentados en el departamento de Arauca.

Según la entidad los irregulares buscarían perpetrar actos terroristas en contra de guarniciones militares y contra la integridad del Gobernador Renson Martínez Prada al igual que el ciudadano José Joaquín Marchena ex representante a la Cámara.

La administración departamental emitió un comunicado en el que rechazan estos actos.

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