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JEP citó a 91 militares por hechos de violencia en el Urabá

Entre los citados se encuentran los generales (r) Mario Montoya Uribe y Rito Alejo del Río.

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Entre los citados se encuentran los generales (r) Mario Montoya Uribe y Rito Alejo del Río.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a versión libre a 91 militares dentro del expediente No. 04 que hace referencia a los hechos de violencia que se registraron en la zona del Urabá en el marco del conflicto armado interno.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de esta justicia especial le solicitó a la Secretaria Judicial de la Sala de Reconocimiento el expediente de la “situación territorial de Urabá para cada una de las personas en servicio activo, retirados o separados de la Fuerza Pública” que se encuentran en la lista de los convocados.

Igualmente se ordenó la creación de un cuaderno anexo a los integrantes de la Fuerza Pública frente a este expediente que hace referencia a los hechos de violencia que se presentaron entre el primero de enero de 1986 y el primero de diciembre de 2016 en esta región del país.    

La JEP le solicitó a la Secretaria Judicial de Reconocimiento para que adelante el proceso de sometimiento de seis militares con el fin de complementar la lista del ya voluminoso expediente y realizar todos los trámites necesarios.

Entre los convocados se encuentran el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe, quien ya enfrenta un proceso en la JEP por su presunta participación en las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Igualmente tendrán que presentarse el general (r) Rito Alejo del Río quien fue condenado a 25 años de prisión por sus vínculos con grupo paramilitares y su participación en el asesinato de un líder comunal del Chocó tras acusarlo de tener vínculos con la guerrilla.

Igualmente, fue citado el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo quien enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero. El excomandante de inteligencia del B-2 del Ejército fue sentenciado a 40 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro y asesinato del empresario israelí Benjamín Khoudari.

Igualmente tiene pendiente un caso por su responsabilidad en la masacre de Mapiripán (Meta) ejecutada por grupos paramilitares.

Fuente

RCN Radio

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A presos les estarían cobrando a cambios de ser gestores de paz, hasta en Arauca se ha hablado de esto

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Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición. Estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de paz total, y tener supuestas relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con funcionarios del Gobierno Nacional.

Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado un alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total.

Ante la gravedad de estas versiones, la OACP ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho.

Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación.

Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta.

Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz.

La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida.

A medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad, así lo señaló la oficina del alto comisionado para la paz.

Esto pasaría desapercibido en Arauca sino es porque precisamente con esta figura se ha hablado de beneficiar a políticos y reconocidos cabecillas de estructuras armadas que hoy están en las cárceles para que sean gestores de paz en el territorio, hasta el momento sobre el particular no se han pronunciado oficialmente desde la Presidencia de la República, eso sí, si han pagado puede que la plática se les embolate.

A presos les estarían cobrando a cambios de ser gestores de paz, hasta en Arauca se ha hablado de esto

Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición. Estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de paz total, y tener supuestas relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con funcionarios del Gobierno Nacional.

Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado un alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total.

Ante la gravedad de estas versiones, la OACP ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho.

Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación.

Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta.

Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz.

La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida.

A medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad, así lo señaló la oficina del alto comisionado para la paz.

Esto pasaría desapercibido en Arauca sino es porque precisamente con esta figura se ha hablado de beneficiar a políticos y reconocidos cabecillas de estructuras armadas que hoy están en las cárceles para que sean gestores de paz en el territorio, hasta el momento sobre el particular no se han pronunciado oficialmente desde la Presidencia de la República, eso sí, si han pagado puede que la plática se les embolate.

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Con carteles amenazan a directivos de Atlético Nacional

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La situación en Atlético Nacional cada vez se hace más difícil. La hinchada sigue exigiendo la salida del presidente Mauricio Navarro, y del vicepresidente, Benjamín Romero, y este jueves volvieron a ser víctimas de indignantes amenazas en su contra.

Según se divulgó en redes sociales, las calles de Medellín amanecieron con algunos carteles en los que «invitan a las exequias» de Navarro y Romero. Amenazas que se suman a la de hace unos días en la sede administrativa en Itagüí, cuando aparecieron gallinas muertas junto a la foto de Romero.

Este jueves, el periodista Juan Felipe Cadavid llamó la atención de las autoridades en Medellín y mencionó que esto rompió con cualquier protesta pacífica.

«Esto ya no es un reclamo pacífico, esto ya es delincuencia. Las autoridades en Medellín no pueden permitir que la inconformidad de algunos hinchas pase a amenazas de este tipo. Con estos panfletos amanecieron algunas calles de la capital antioqueña», dijo en Twitter.

Y es que los carteles que invitan al funeral de los directivos aparecieron pegados en diferentes puntos de Medellín.

«Él decidirá la fecha y la hora», avisa el panfleto amenazante.

Además de los carteles fúnebres y las gallinas muertas, Navarro y Romero ya habían denunciado amenazas antes de terminar el 2022.

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Disidencias de las Farc regalan kits escolares en escuelas

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El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que grupos armados ilegales están haciendo patrullajes en varias escuelas rurales del norte del departamento.

Reveladores videos muestran como los integrantes de un grupo armado alistan lo que serían kits escolares para entregárselos a los niños.

Tomado twitter cm& la noticia
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